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El Gobierno usa el centro de ucranianos de Pozuelo para agilizar peticiones de asilo de migrantes llegados a Canarias

Migrantes que llegaron en patera a Canarias durante esta crisis migratoria en la CREADE de Pozuelo de Alarcón.

Gabriela Sánchez

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Habían pasado escasas semanas del estallido de la invasión rusa cuando el Gobierno español abrió el primer punto de referencia para atender la llegada de refugiados ucranianos. Lo novedoso era que, además de dar acogida de urgencia, el espacio poseía también un espacio policial convertido en centro de operaciones para tramitar la documentación de quienes huían de la invasión rusa. El sistema, aplaudido por los especialistas en migraciones por su agilidad y coordinación, contrastaba con los constantes retrasos en la tramitación de las solicitudes de protección internacional procedentes de otros países. 

Pasado el pico del éxodo de la guerra en Ucrania, las peticiones de protección temporal cayeron y la actividad de los centros exclusivos para ucranianos -se abrieron también otros en Alicante, Málaga y Barcelona- descendió notablemente, lo que empujó a reducir los horarios de atención del personal policial. Desde entonces, varias ONG pedían al Gobierno el uso de estos espacio para tramitar también otras peticiones de asilo ante el colapso del sistema.

Dos años después del inicio del conflicto, los ministerios de Interior e Inclusión han acordado utilizar uno de ellos, el punto de tramitación de ucranianos ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para realizar las primeras entrevistas de solicitantes de protección internacional “de perfil vulnerable” trasladados a la península tras la declaración de la emergencia humanitaria en Canarias, según ha confirmado a elDiario.es fuentes de ambos ministerios. Este trámite supone la formalización de la demanda de protección, lo que permite el acceso al sistema de de asilo, con todos los derechos que conlleva.

Desde el pasado 26 de febrero, Interior ha habilitado el centro de Pozuelo con cinco puestos que atienden cada día a un listado de personas pactado entre Interior e Inclusión, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. Según fuentes de ambos ministerios, el objetivo es agilizar la primera entrevista de solicitantes de asilo “de perfiles muy vulnerables” alojados en la red de atención humanitaria dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No se trata, por tanto, de un centro que vaya a dar citas a todo el que lo necesite, sino que se trata de una medida ligada a la emergencia humanitaria de Canarias para evitar la saturación de las plazas de acogida de la red de atención humanitaria -aquella que atiende temporalmente a los migrantes llegados a España de forma irregular. 

Tras el acuerdo alcanzado entre ambos ministerios, Interior proporciona una serie de citas a Inclusión, departamento que se encarga de “priorizar a los perfiles más vulnerables” acogidos en centros de acogida estatales, a través de los informes realizados por los trabajadores sociales de las ONG que gestionan estos espacios. De momento, la mayoría de solicitantes que han accedido por esta vía a la primera cita de asilo estaban alojados en los campamentos de emergencia de Carabanchel y Alcalá de Henares. También han optado a estas citas personas alojadas en la residencia ubicada en el mismo edificio de Pozuelo de Alarcón, según fuentes ligadas al sistema de acogida. 

“No se trata de un centro que vaya a dar citas. Estas se siguen gestionando por los procedimientos habituales en función de cada provincia”, insisten desde Interior, en un momento en el que el acceso a citas para solicitar asilo se encuentra colapsado. “La emergencia en Canarias ha agilizado este acuerdo entre Inclusión e Interior para dar salida a perfiles más vulnerables del sistema de acogida”, añaden las mismas fuentes. 

La apertura de estos cinco puestos en Pozuelo de Alarcón pretenden descongestionar las plazas de acogida de emergencia abiertas tras la crisis de Canarias. Inclusión intenta evitar que personas de “extrema vulnerabilidad” que esperan a formalizar una petición de asilo se queden en situación de calle (como ha ocurrido en decenas de casos tras superar los tres meses de acogida) tras superar el tiempo máximo de estancia o que su permanencia en estos espacios, pensados para ser temporales se prolonguen más allá de los tres meses establecidos. 

Tanto Cruz Roja como Accem, ONG que gestionan los campamentos abiertos en Madrid para acoger los migrantes trasladados desde Canarias, confirman la activación de este sistema. “Entendemos que es una medida para descongestionar las potenciales solicitudes que pueden salir de los migrantes que han sido trasladados desde Canarias desde el marco de la emergencia humanitaria”, sostiene un portavoz de Accem. Los equipos jurídicos de la organización, que gestiona el campamento de Alcalá de Henares y el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón, remiten informes con los perfiles de quienes manifiestan su necesidad de pedir asilo y es Inclusión en coordinación con Interior quienes establecen los “listados diarios” de las personas que pueden acudir al punto de Pozuelo de Alarcón a formalizar su petición, detalla la misma fuente. 

Según las organizaciones, los criterios suelen basarse en el tiempo de estancia y las situaciones de vulnerabilidad extra. Según Accem, el punto de Pozuelo suele atender unas 20 citas por la mañana y unas 30 citas por la tarde. “Toda medida destinada a descongestionar el sistema de asilo para nosotros es positivo”, añade el portavoz de la ONG. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), otra de las organizaciones que forman parte del sistema estatal de atención humanitaria, celebra la utilización del centro de Pozuelo a la tramitación de solicitudes de protección internacional de nacionales de otros países, como venía reclamando desde el inicio de la guerra de Ucrania. “Llevamos dos años pidiendo esa infraestructura que creada para la protección temporal de ucranianos, que fue una buena práctica y funcionó dando citas agiles, que se abra para el resto de peticiones asilo, ya que permite una coordinación muy útil de todos los organismos implicados”, sostiene Elena Muñoz, responsable jurídica de CEAR.

No obstante, la organización solicita que no se limite a las personas alojadas en la red estatal de acogida. “Estamos contentos de que se dé este paso, pero esperamos que se consolide y se abra para todas las personas que necesitan protección internacional”, concluye la letrada.

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