Retrasos y sobrecostes: el alto precio de las autovías para unir Pamplona, Huesca y Lleida

Un retraso de varios años y de millones de euros atenaza las esperadas conexiones entre las ciudades de Pamplona, Huesca y Lleida. Las obras inacabadas de las autovías A-21, A-22 y A-23 ralentizan el paso de los vehículos, con afecciones notables en los periodos vacacionales y a las economías locales. Son 300 kilómetros sumados entre todas las vías que no estarán terminados, al menos, hasta el año 2030 si se atiende a las más recientes previsiones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que encabeza Óscar Puente.

Los seis tramos, que continúan en construcción y suponen 56 kilómetros totales, suman un coste previsto de alrededor de 315 millones de euros. La primera piedra de la autovía A-23, denominada Mudéjar porque comienza en Sagunto, en la Comunitat Valenciana, y alcanza hasta la frontera con Francia que marca el túnel del Somport en Huesca, se colocó en 1997. 27 años más tarde todavía se han de poner en funcionamiento 24 kilómetros del tramo entre la capital oscense y Jaca. Sí se puede circular sobre otros ocho que suman casi 50 kilómetros.

El tramo de la variante de la localidad de Sabiñánigo, de 8,6 kilómetros de extensión, se terminará en el doble de tiempo del previsto. Debería haberse inaugurado en febrero del año pasado y las previsiones apuntan ya a 2026. Esto se debe a la aprobación de un modificado en el contrato que amplió el plazo a 52 meses. Sin embargo, el ministerio tan solo ha ejecutado 57 millones, poco más de la mitad de un presupuesto total que será de 98 millones.

La licitación por valor de 102 millones más de las obras entre Lanave y Sabiñánigo, que suponen 8,7 kilómetros, representa un punto sensible del proyecto puesto que los trabajos siguen provocando un sinfín de problemas de tráfico; sobre todo, retenciones masivas en los accesos al puerto de Monrepós como los que se registraron durante la pasada Semana Santa. La paciencia deberá seguir cultivándose, en principio, hasta 2029. El ganador del contrato, Sacyr, dispondrá de cinco años más para llevar a cabo el proyecto.

El Gobierno de Aragón se ha dirigido por carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para tratar de acortar los plazos entre Lanave y Sabiñánigo. A ser posible, a la mitad, de 30 meses a 15; algo “inviable”, respondió el Ministerio, al tratarse de “una carretera de montaña, con las dificultades añadidas que esto supone”.

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del gobierno aragonés, Octavio López, se mostraba preocupado con los plazos de ejecución y, sobre todo, los riesgos de accidente que provocan los atascos “al multiplicar el riesgo de colisión por alcance”. También, por la “mala imagen” que provoca, “lo que puede ejercer de elemento disuasorio a la hora volver a elegir el Pirineo aragonés como destino turístico”.

Para cerrar el tramo hasta Jaca aparece la polémica variante de esta localidad, que se ha judicializado y presenta resistencias por parte de colectivos como la asociación ciudadana Jaca Sin Perder El Norte. Tiene un coste previsto de 115 millones de euros, y no se espera una solución tangible al menos hasta el inicio de la próxima década.

La autovía A-21, que une Jaca y Pamplona, cuenta con 73 kilómetros en funcionamiento. Dos de sus 14 tramos todavía están pendientes de terminarse. El previsto entre Fago y Puente La Reina, de 11,6 kilómetros y con un presupuesto estimado de 85 millones de coste estimado, tampoco tiene fecha prevista para una finalización que ya se debería haber llevado a cabo. El proyecto se debe actualizar para cumplir la normativa e incluir una glorieta, una reivindicación de los comerciantes locales para tratar de minimizar las afecciones para sus negocios.

Mientras, el tramo Sigüés-Tiermas, de 6,6 kilómetros, debería estar concluido desde hace casi tres años. Se adjudicó en 2018 a la firma Vías y Construcciones por 51 millones y 36 meses de ejecución. No obstante, en este tiempo se han sacado adelante dos modificados por un valor de 10 millones que han estirado el plazo hasta los 76 meses.

La conexión entre Huesca y Lleida a través de la autovía A-22 sigue a la espera de que concluyan los trabajos en los 13,2 kilómetros que separan la capital oscense de la pequeña población de Siétamo. También debería haberse concluido en 2021. El contrato firmado con la UTE (Unión Temporal de Empresas) Copcisa y Vidal en junio de 2018 fue por 46,7 millones y 36 meses. Dos sobrecostes por valor de 9,2 millones ampliaron el plazo hasta septiembre de 2023 pero este tampoco se ha hecho efectivo. Se han ejecutado 35 millones y las nuevas previsiones apuntan a finales del año 2025.

El recorte en obras públicas que se empezó a aplicar en 2010 cayó a peso encima de los avances en estos proyectos. La financiación insuficiente ha sido un obstáculo para la adquisición de terrenos, el diseño y la construcción de la A-21. La falta de recursos también ha ralentizado el progreso y afectado la planificación y ejecución, así como la orografía montañosa de algunos de los tramos y la circunstancia de que se atraviesen áreas ecológicamente sensibles como los Pirineos.

Equilibrar el desarrollo de infraestructuras con la conservación ambiental ha sido “complicado”, indican fuentes del ministerio. El terreno montañoso presenta desafíos de ingeniería. Construir túneles, puentes y viaductos requiere “experiencia especializada y tiempo”. También, la adquisición de terrenos para la A-22 ha sido un capítulo prolongado y complicado, con disputas legales y obstáculos burocráticos que han retrasado los progresos.

La carretera N-330, ya existente, ha servido como ruta temporal durante la construcción de la A-23, y gestionar el flujo de tráfico mientras se realizan las obras ha remarcado el retraso, con cambios asimismo en el proyecto como la reposición de líneas eléctricas y actualizaciones de servicios. La introducción de cambios en los encauzamientos y sistemas de contención también ha influido.