El CIE de Barcelona recluyó a doce menores de edad en 2017, según la Fiscalía

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona recluyó el año pasado a doce menores, en su mayoría procedentes de pateras interceptadas en las costas mediterráneas y que quedaron libres, bajo protección de la Generalitat, una vez que las pruebas forenses determinaron su edad.

Los datos de la Memoria del área de Extranjería de la Fiscalía de Barcelona, dirigida por Fernando Rodríguez Rey, trazan una radiografía del funcionamiento del CIE en 2017: ingresaron un total de 1.822 inmigrantes “sin papeles”, un 83% sin antecedentes policiales, y en un 70% de los casos quedaron libres tras superar los 60 días de límite de estancia sin que la administración lograra repatriarlos.

Pese a que la ley lo impide, el centro mantuvo encerrados en 2017 a doce menores que principalmente procedían de pateras y embarcaciones interceptadas en la costa mediterránea y que, una vez acreditada su edad, quedaron en libertad y se les abrió expediente de protección para pasar a ser tutelados por la Generalitat.

Ese hecho se explica, según Rodríguez Rey, porque numerosos adolescentes que llegan a las costas españolas ilegalmente ocultan su minoría de edad hasta ingresar en el CIE de la Zona Franca dado que su objetivo es llegar a Barcelona, no quedar bajo la tutela de otras administraciones autonómicas españolas.

De las 1.822 personas que ingresaron el año pasado en el CIE de Barcelona, alegaron ser menores de edad un total de 137, aunque finalmente sólo se constató en los doce casos citados.

En anteriores memorias, la Fiscalía de Extranjería ya expresó su preocupación por las demoras en la resolución de las alegaciones sobre minoría de edad de internos del CIE, teniendo en cuenta que estaba en juego la protección de los mismos, pero en 2017 esos procesos se han agilizado al asumir los jueces de control de los centros de internamiento la tramitación de esos expedientes.

Paralelamente, el área de Extranjería de la Fiscalía aprobó un protocolo a seguir en casos de alegaciones de minorías de edad, que establece que antes de encargarse pruebas forenses -principalmente radiológicas y odontológicas-, se deberán consultar los registros de menores no acompañados, revisar antecedentes documentales y examinar de forma directa al interno.