La exhumación pone fin a 44 años de exaltación a Franco y continúa un proceso que comenzó Zapatero en 2011
24 de octubre de 2019. Casi 44 años después de que el dictador Francisco Franco fuera enterrado con honores en el Valle de los Caídos sus restos saldrán de la basílica con dirección al cementerio público de Mingorrubio-El Pardo poniendo fin a décadas de permitida exaltación en un lugar propiedad de Patrimonio Nacional. La fecha del 24 de octubre quedará señalada en los libros de historia. Medios de comunicación de todo el mundo se han acreditado para dar cobertura al acontecimiento.
El proceso cumple, además, con una de las recomendaciones del comité de expertos al que José Luis Rodríguez Zapatero encargó un informe sobre el futuro de Cuelgamuros.
La resignificación del Valle de los Caídos, un lugar donde yacen los restos de más de 33.000 muertos de ambos bandos de la Guerra Civil, es uno de los capítulos pendientes de la memoria histórica española. Durante décadas ha sido el símbolo del franquismo. Por eso los expertos concluyeron en la necesidad de convertirlo en un centro para la memoria una “resignificación integral” del monumento despojándolo de toda connotación ideológica y política. También abogaba por la creación de un Centro de Interpretación con valor explicativo de la historia.
La “dignificación del cementerio” y, por tanto, de todas las víctimas que allí yacen era un apartado relevante de aquel informe, que apostaba por “rescatarlas del anonimato y, hasta donde sea posible, del hacinamiento”, aunque admitía que el reconocimiento individualizado de los restos de todos los allí enterrados era complicado.
La referencia a Franco y José Antonio Primo de Rivera ocupaba tan solo un epígrafe del documento: recomendaba el traslado del dictador a otro lugar que designara la familia o el que sea considerado “más digno y adecuado” y, respecto al fundador de la Falange, abogaba por quitarlo de un lugar “preeminente” de la basílica para que todos los allí enterrados –víctimas de la contienda– estuvieran en “igualdad” de condiciones. La exhumación de Franco contó con tres votos particulares de los conservadores Miguel Herrero de Miñón, Feliciano Barrios y González-Trevijano, que entendían que podía generar “división, separación y tensión” social. El informe aseguraba, además, que una decisión de esas características debía encontrar “los más amplios acuerdos parlamentarios” así como contar con la “autorización” de la Iglesia.
Siete años del PP contra la memoria histórica
El informe quedó en un cajón durante los mandatos de Mariano Rajoy. Hubo que esperar hasta mayo de 2017 para un pronunciamiento parlamentario en esa dirección con la aprobación de una proposición no de ley, a instancias del PSOE y apoyada por el resto de formaciones con la abstención de PP –crítico con la medida– y ERC –porque consideraba que se quedaba corta–, que contenía buena parte de las recomendaciones del comité de expertos, entre ellas la exhumación de Franco y la salida de Primo de Rivera de la basílica. Pero también la promoción de una comisión de la verdad, la creación de bancos de ADN o estudiar la nulidad de las condenas del franquismo, entre otras reivindicaciones históricas de las víctimas. En los siguientes meses de mandato del PP se desoyó esa moción incluso dejando de nuevo a cero el presupuesto destinado a la memoria histórica.
Poco después de llegar a Moncloa, Pedro Sánchez confirmó su intención de exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Ese, que fue uno de los primeros anuncios del Gobierno, se produjo de manera accidentada al saltar la noticia a partir de un acto de partido en el que un miembro de la Ejecutiva, Andrés Perelló, avanzara que lo iba a proponer en una reunión de la dirección. El PSOE confirmó que era la intención del recién investido presidente, que tan solo unos días más tarde se aventuró a asegurar que el dictador saldría de Cuelgamuros antes de que terminara el verano de 2018. “Os pillará trabajando”, les dijo a los periodistas en uno de los escasos corrillos que ha protagonizado en el Congreso desde que ganó la moción de censura.
Sin embargo, al estudiar el procedimiento que le dotara de todas las garantías jurídicas, en Moncloa se dieron cuenta de que no era un proceso tan sencillo. Sánchez admitió que había pecado de desconocimiento administrativo al hacer una previsión tan optimista. El 24 de agosto comenzó el proceso con la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto ley con el que modificaba la legislación para dejar claro que se tiene que proceder a la exhumación del Valle de los Caídos de los restos de personas que no murieran durante la guerra, como es el caso de Franco.
El diseño del mecanismo para culminar con la exhumación era un proceloso procedimiento que otorgaba a la familia –y otros afectados como los monjes benedictinos, cuyo prior ha encabezado parte de la batalla contra el Ejecutivo– la capacidad de presentar alegaciones contra la decisión. Tras varios meses de intercambios jurídicos –en los que la familia llegó a pretender que el dictador acabara en la catedral de La Almudena en pleno centro de Madrid–, el 15 de marzo el Consejo de Ministros fijó el 10 de junio como fecha para la exhumación.
La familia Franco recurrió al Tribunal Supremo, que aceptó las medidas cautelares paralizando la decisión hasta el pasado 24 de septiembre, cuando avaló por unanimidad el acuerdo. El Gobierno mostró entonces su determinación a llevar a cabo la exhumación cuando concluyera la cascada de recursos procedentes de los benedictinos, entre otros. Finalmente, optó por dar una horquilla de fechas en la que se podría ejecutar hasta este lunes, cuando el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, que es quien ha pilotado el proceso, notificó al abogado de la familia la fecha del 24 de octubre a las 10:30 horas.
Sánchez, que ha hecho de la exhumación del dictador una de las banderas de su mandato, siempre ha confiado en que el Supremo le daría la razón. Aunque se le ha atragantado, llega a menos de tres semanas de las elecciones del 10N y en Moncloa confían en que suponga un espaldarazo para remontar el estancamiento de las encuestas. De hecho, sus adversarios, incluido Pablo Iglesias, le acusan de hacer electoralismo con la ejecución de la medida. Este martes, el líder de Podemos, afirmaba en una entrevista eldiario.es que “Sánchez ha hecho electoralismo con Catalunya, no le ha salido bien y por eso saca a la momia en helicóptero”.
En su último mitin antes de que comience la exhumación, Sánchez ha negado que se trate de electoralismo: “Dijimos que íbamos a exhumar al dictador y a cerrar el mausoleo el día que pudiéramos hacerlo y ese día llegó”. “Mañana va a ser una gran victoria de la democracia española”, exclamó nada más comenzar su intervención: “Vamos a reivindicar esta victoria no como propia sino de la democracia y tienen que sentirlo así todos, incluso aquellos que consideran que esta victoria no les pertenece”.
La familia termina por acatar condiciones
Los socialistas sostienen que la exhumación se lleva a cabo ahora porque es cuando el Tribunal Supremo lo ha avalado. Una vez perdida esa guerra que los nietos de Franco intentaron llevar sin éxito al Constitucional y a Estrasburgo, no les ha quedado más remedio que asumir la exhumación e incluso han pactado con Moncloa los términos en los que se realizará.
Los 22 familiares de Franco serán recogidos en la mañana de este jueves en tres puntos diferentes de Madrid y traslados al Valle de los Caídos. Entrarán a la basílica pasando por detectores de metales –como las autoridades y los operarios– para garantizar que no llevan dispositivos de grabación. Solo dos de ellos están autorizados a estar debajo de la carpa colocada como segunda garantía de la intimidad del proceso. Una vez sacado el féretro, los trasladarán a hombros hasta la entrada a la basílica. Fue una de sus peticiones, pero el Gobierno rechazó que colocara una bandera y los honores de Estado para el dictador.
Una vez en Mingorrubio, adonde los restos serán trasladados en helicóptero si las condiciones meteorológicas lo permiten, Franco será enterrado en el panteón en el que yace su esposa, Carmen Polo. Será allí y sin acceso al público, donde el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, y el hijo del golpista Tejero oficien una misa. El dictador dejará así de tener un mausoleo.
