Ángel Víctor Torres: “Ayuso debe dimitir de acuerdo a lo que el propio PP exige para los demás”

De la polarización al barro. La política se ha deslizado por una pendiente peligrosa de la que nadie puede salir bien parado y aleja a la ciudadanía del debate público. No hay pausa en el insulto, la mentira, el bulo y el “y tú más”. Ángel Víctor Torres (Las Palmas, 1966) se declara absolutamente intransigente con la corrupción, pero también de “sembrar dudas cuando no la hay”. El PP le ha situado en el centro de la diana por la derivada canaria del 'caso Koldo', pero el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y hasta junio pasado presidente de Canarias, sostiene que “no encontrarán ni mordidas, ni comisiones, ni ilegalidades”. “Ni mías, ni de mi entorno más cercano”, remacha.

Por eso carga contra un PP que encubre a Isabel Díaz Ayuso y sobre la que no tiene duda de que de acuerdo a lo que su partido exige para los demás debería presentar su dimisión: “Es una absoluta contradicción, una hipocresía política que el PP pida responsabilidades políticas a quienes no tenemos alrededor nuestro a nadie que se haya podido corromper o reconocido delitos y, sin embargo, proteja a la presidenta de la Comunidad de Madrid”, advierte.

Torres no recuerda un nivel de agresividad como el que se respira hoy y todo lo achaca a que “alguien que creía que tenía que gobernar sí o sí por haber ganado las elecciones, habla de ilegitimidad” y “está en una estrategia clara de hacer caer al gobierno incluso con el encontronazo y la virulencia”. Y sobre la amnistía dice estar convencido de que el tiempo y la historia darán la razón al Gobierno de España, “y dejará en mal lugar a quienes han hecho una crítica tremenda y absolutamente agresiva del mismo modo que eran capaces de sentarse con los partidos de Catalunya para intentar llegar también a cuestiones de acuerdo con el olvido penal”.

¿La corrupción vuelve a ser un problema en España?

Hemos visto cómo en los últimos estudios iba decayendo en preocupación ciudadana, pero parece que últimamente vuelve a repuntar, cosa que es mala. Hay que combatirla. Tolerancia cero con ella y, por supuesto, transparencia ante cualquier denuncia para que lo que se diga o lo que se investigue sea la verdad y no se tergiversen las cosas.

¿La estrategia del “y tú más” a quién perjudica?

A la política. Quienes nos están viendo en sus casas tienen problemas diarios para sacar adelante la familia, se levantan para trabajar, hacen que sus hijos e hijas estudien y tengan un futuro mejor y nos escuchan a los políticos discutiendo con el “y tú más”, tendrán un desencanto último. Hay que ser absolutamente intransigente con la corrupción, pero tampoco sembrar dudas cuando no la hay.

¿El principio de transparencia quedó confinado durante la pandemia?

No, lo que ocurrió fue que tuvimos que tomar decisiones muy difíciles en un momento angustioso. Quiero recordar que pasábamos de centralizar compras a descentralizar compras. Todos nos acordamos de los meses de marzo, abril y mayo del año 2020, de los aviones que iban a llegar a un sitio y no llegaban, de cómo todos estábamos desesperados para buscar material o cómo cada domingo en esas conferencias de presidentes en las que nos reunimos telemáticamente salíamos luego a dar la información a nuestros ciudadanos y cómo cada domingo era peor que siete días atrás. Pero también dijimos que íbamos a salir del túnel, ¿no? Por tanto, se tuvieron que hacer las cosas ante un mecanismo de emergencia inesperado. Nadie sabía que esa pandemia iba a llegar y, por tanto, no nos cogió preparados en cuanto a material sanitario. Diciendo eso, quienes se hayan lucrado, hayan cometido ilegalidades o se hayan beneficiado con el dolor de la gente que lo paguen con toda la fuerza de la ley.

Durante aquellos años usted era presidente de Canarias. Gastó más de 80 millones, de forma directa y sin publicidad, porque se habían suspendido los controles de contratación y tres de aquellos contratos están hoy bajo la lupa judicial. ¿Tiene algo que ocultar?

En absoluto. Si no recuerdo mal, destinamos más de 130 millones de euros en contrataciones, que están todas en el portal de transparencia. El procedimiento siempre era el mismo: llegaba una propuesta de una empresa a la dirección del Servicio Canario de Salud y éste la remitía a los servicios técnicos jurídicos. Una vez comprobada, se hacía el encargo. Cuando llegaba al material, esto se abonaba. Por tanto, se hizo con todos los filtros de legalidad. Los contratos están correctos y la legalidad prevaleció. Junto a ello tuvimos que tomar decisiones, como digo, incluso cambiando la ley de contratos, haciéndolos por emergencia. Cabía incluso la posibilidad de contratos verbales. Hoy parece que, cuatro años después, hay una especie de revisionismo y me parece bien. Pero que se haga teniendo en cuenta cómo fueron aquellas circunstancias, las leyes que en aquel momento se implementaron de manera absolutamente extraordinaria y, repito, haciendo que el que haya sido un desalmado o una desalmada dé cuenta ante la justicia.

Canarias pagó cinco millones de euros a la llamada trama de Koldo. ¿Cómo llegó el asesor del exministro de Fomento hasta el gobierno de las islas? ¿Cómo se gestaron aquellos contratos?

Bueno, ya lo hemos dicho y también lo ha hecho la persona pertinente. Fue una llamada que hizo la empresa al director del Servicio Canario de la Salud, empresa que ya estaba trabajando con otras instituciones como Puertos o Transportes y se remitió, como digo, a los servicios técnicos y jurídicos. Y el material llegó. Estamos hablando de los meses de marzo y abril del año 2020. Y esas mascarillas, esos millones de mascarillas eran imprescindibles. Las que llegaron y cumplían se pagaron. Posteriormente, las que no cumplían se enviaron a un órgano independiente que teníamos en Sevilla y dijeron, bueno, pues estas tienen una calidad superior a FPP1. Se pagó como FPP1 y las que no, no se pagaron. Es decir, el procedimiento fue absolutamente escrupuloso.

¿Usted conocía con anterioridad al personaje Koldo García?

Indudablemente. Era del Ministerio de Transportes y del mismo modo que los gabinetes nos ponemos de acuerdo entre unos y otros para sacar adelante cuestiones que tienen que ver con las instituciones, por supuesto que lo conocí, igual que a [el exministro, José Luis] Ábalos. Formaba parte de su equipo y trabajamos muchas cosas con el Ministerio de Transportes: convenios de carreteras, temas para conseguir la conectividad para traer mercancías a Canarias, cuestiones que tenían que ver con los puertos, con el fenómeno migratorio… Es decir, hubo una relación lógicamente institucional muy, muy estrecha entre los gobiernos. Todos, también el mío, y lógicamente, el Ministerio al que él pertenecía.

¿Le llamó el exministro Ábalos alguna vez para recomendarle a esta empresa?

Llegó, como acabo de trasladar, a través de una llamada al director del Servicio Canario de Salud. Y no, no me consta que me llamara para ninguna cuestión sobre este asunto.

¿Por qué ha tenido que asumir Ábalos la responsabilidad política si no estaba imputado en el caso?

Fue una decisión unánime de la Ejecutiva federal, en el sentido de que había una persona de su máxima confianza, propuesta por él, que había sido detenido y, por tanto, se entendía que había una responsabilidad política que debía asumir. Yo he dicho claramente que formó parte de una organización y creo que si a mí, la Ejecutiva Federal elegida de manera democrática me solicita que dé un paso a un lado por el bien de la organización, lo hubiese hecho.

Sobre la mediocridad en política

¿No cree que los ciudadanos pueden tener la sensación de que a los partidos se arriman personajes mediocres que acaban ocupando puestos de responsabilidad para los que no tienen capacitación y, sin embargo, acumulan un poder ilimitado y esto, además de producir desafección, convierte la política en un nido de mediocridad?

Sí, aleja a la ciudadanía de la política. Del mismo modo que digo que es complicado que esto sea evitable –me refiero a que una persona se corrompa, que una persona actúe al margen de la ley y actúe de manera individual– también sostengo que debe ser castigado por todo. Tenemos que ser absolutamente escrupulosos y ejemplares. Por tanto, esto nos hace daño. Y a mí me ha pasado en varias ocasiones a lo largo de mi trayectoria política, en la que he tenido que tomar decisiones frente a cuestiones que estaban al margen de la legalidad. Pero también tengo que reconocer que la mayoría de los políticos son gente honrada. Somos imprescindibles, representamos a la democracia y tenemos que dar cuenta de nuestras acciones ante la ciudadanía.

¿El Gobierno y el PSOE han encontrado un filón en las exclusivas de elDiario.es sobre el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con el que compensar el 'caso Koldo'?

No, esto no es una cuestión de compensación, es una cuestión de aclaración. En el caso de Canarias nada se ha encontrado de que haya miembros del gobierno de Canarias que estén imputados o detenidos. Por supuesto, con respecto a este presidente no encontrarán ni mordidas, ni comisiones, ni ilegalidades. Ni mías, ni de mi entorno más cercano. Eso sí ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Por tanto, es una absoluta contradicción y una hipocresía política que el PP pida responsabilidades políticas a quienes no tenemos alrededor nuestro a nadie que se haya podido corromper o reconocido delitos y, sin embargo, proteja a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es que el PSOE busque compensar, es que el Partido Popular ha quedado retratado y sin argumentos ante las responsabilidades políticas que exige, porque las esconde frente a su compañera Isabel.

¿Díaz Ayuso debe dimitir ante los delitos de fraude fiscal y falsificación documental que se le imputan a su pareja?

Acorde a lo que el propio PP exige, sí. Porque si el PP exige a quienes no lo estamos que dejemos nuestras responsabilidades, debería ser mucho más exigente con los propios responsables.

¿Hay alguna similitud entre el caso de Isabel Díaz Ayuso y el de la esposa del presidente Sánchez en relación con Air Europa?

En absoluto. No tiene nada que ver. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cambiado su estrategia de comunicación. Primero, defendió a su pareja incluso diciendo que Hacienda le debía más a él que a la inversa, que no había cometido ningún tipo de delito, cosa que finalmente ha reconocido el propio abogado para intentar llegar a un pacto con Fiscalía. No fue la Fiscalía a la pareja de Ayuso, sino a la inversa. Y en el otro caso, lo que tenemos es incluso una denuncia del PP que ha sido archivada. Y, cuando se archiva, lo que hacen es atacar al órgano que decide que algo debe ser archivado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos en un proceso con respecto a la pareja de Ayuso en el que el propio abogado reconoce la comisión de delitos, y en el otro caso tenemos un archivo.

Con la convocatoria de las elecciones catalanas y la inmediatamente posterior renuncia a aprobar los Presupuestos Generales para 2024, ¿se puede sostener que estamos ante una legislatura estable?

Es estable y lo va a ser. Estamos trabajando ya en el presupuesto del año 2025. Nos hubiese gustado tenerlo en 2024, pero también tengo que decir que hay responsabilidades que algunos tienen que asumir. El PP vetó en dos ocasiones el objetivo de déficit yendo en contra de los ciudadanos porque se le hacía una propuesta muchísimo mejor que la que tuvimos en 2023, que es la que finalmente se va a aplicar. Han vetado esa aprobación en el Senado y han retrasado la aprobación de los Presupuestos. De no haber existido ese veto, estaríamos en marzo cerrando los acuerdos y, por tanto, podrían haberse aprobado esos Presupuestos de 2024 a pesar de la convocatoria anticipada de las elecciones en Catalunya. Dicho esto, el Gobierno es estable, tiene por delante una hoja de ruta, tenemos claras cuáles son nuestras políticas de igualdad social, de responder a la mayoría, de ser responsables con los pensionistas, con el empleo, con la igualdad… Y, por tanto, es un Gobierno que aunque les pese al PP y a Feijóo, que no asumen que aún ganando las elecciones puedes ir a la oposición como a mí me pasó, será de cuatro años.

¿Qué responsabilidad tiene Sumar, su socio de coalición, en esa convocatoria anticipada en Catalunya?

Creo que tendría que haberse buscado una solución distinta ante la propuesta de presupuestos que presentó el presidente de la Generalitat. Era bueno que hubiese presupuestos para Catalunya y que los hubiese para el conjunto del país. Y es bueno que lo tengan también las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y yo, que soy por naturaleza un hombre de acuerdos y pactos, que he gobernado siempre con ellos porque nunca he tenido mayoría absoluta, creo que debió intentarse llegar a un acuerdo con mayor intensidad.

¿Le han exigido explicaciones a Yolanda Díaz?

Creo que ella ha dado explicaciones, pero ante lo que ocurrió con los comunes debió caminar para que esos presupuestos pudieran salir. Tiempo había para intentar solventar dudas sobre alguna infraestructura urbanística.

¿La aprobación de la amnistía puede dar la victoria a Salvador Illa en Catalunya, pero lastrar las posibilidades electorales del PSOE en el resto de España?

No lo creo. Yo, que vengo de Canarias, le puedo asegurar que hay estudios demoscópicos que dicen que los canarios, región ultraperiférica y muy alejada de la metrópoli de Madrid, no tiene en la amnistía una de sus grandes preocupaciones ni muchísimo menos. Yo siempre manifesté que lo que ocurrió en el año 2017 no podía repetirse. Que aquello que hacía que gran parte del país dijera que los catalanes tenían que estar fuera de lo que era el conjunto de nuestro territorio y aquellos momentos tremendamente complicados, agresivos, que fueron invivibles, no debían repetirse. La amnistía es para ello, para la convivencia, para avanzar. Y estoy convencido de que el tiempo y la historia darán la razón al Gobierno de España, que ha defendido esta amnistía y dejará en mal lugar a quienes han hecho una crítica tremenda, absolutamente agresiva contra ella mientras eran capaces de sentarse con los partidos de Catalunya para intentar llegar también a cuestiones de acuerdo con la amnistía.

El PP, Catalunya y la convivencia

El tiempo les dará o les quitará la razón, pero el Gobierno ha reconocido que hay una amplia mayoría social que hoy no comparte la aprobación de esta medida y, de hecho, la Comisión de Venecia considera que se debería de haber promovido más el debate público, aprobar esa iniciativa con una mayoría reforzada y no tramitarla con carácter de urgencia. ¿La amnistía nació con un pecado original, que son los votos que necesitaba el presidente Sánchez para ser investido?

No, yo creo que había que caminar en la convivencia o no hacerlo. Imaginemos que estuviese gobernando el Partido Popular y necesitara esos votos, pues también habrían dado pasos hacia la convivencia, sin ninguna duda. Nosotros hemos tendido la mano al Partido Popular, hemos hecho una propuesta de Estado. El presidente Sánchez se sentó con el señor Feijóo para distintas cuestiones, incluso, por ejemplo, el sistema de financiación autonómica, y lo que ha encontrado es un portazo, además del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, que eso sí es un atentado contra la Constitución y sí es un incumplimiento de la Carta Magna. Por tanto, creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Estoy convencido de que esto dentro de unos años lo veremos como un paso absolutamente valiente y absolutamente necesario. Y con todos los respetos a las matizaciones que hace también la Comisión de Venecia, hay que decir que también aplaude que la amnistía se dé en un Estado europeo y que se camine con su constitucionalidad como nadie duda en estos momentos.

Y que no quiebra el Estado de Derecho, como decía el PP…

En absoluto. Lo que quiebra el Estado de Derecho es que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial con unas reglas que siempre hemos tenido y que el Partido Popular lo que quiere es cambiar las reglas para luego proceder a la renovación, cosa que Europa ya le ha dicho que tiene que ser en el sentido contrario. Primero vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, luego hablaremos de modificaciones al respecto, pero ellos están en una estrategia clara de hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez. Les da igual cómo, de cualquier manera, incluso avivando el encontronazo y el momento tan virulento que vive la política en nuestro país. Fui diputado en la 9ª Legislatura, cuando se adelantaron las elecciones con Zapatero de presidente, y luego vino la mayoría absoluta del Partido Popular. No recuerdo tal agresividad como la que tenemos en estos momentos. Y eso no es bueno para la política. ¿La razón? Alguien que creía que tenía que gobernar sí o sí por haber ganado las elecciones, como yo las gané en Canarias. Pero las reglas parlamentarias, las sumas, hicieron que otro fuera presidente de Canarias, lo mismo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. Unos lo aceptamos. Otros hablan de ilegitimidad o señalan que el Gobierno no tiene la capacidad de poder gestionar. Hablan de cuestiones que van en contra de sus propias afirmaciones. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país.

¿Teme que el resultado de las elecciones en Catalunya, con una victoria del PSC y de Salvador Illa, pueda debilitar las relaciones con sus actuales socios de Junts y Esquerra?

Estamos ante una cita electoral muy importante. Y tenemos otras también en el horizonte en las que cada formación política tiene que aspirar a ganar. Estoy convencido que vamos a ganar esas elecciones, que tenemos al mejor candidato, que además tiene un proyecto para Catalunya. A partir de ahí tendremos que ver qué resultado es el que se obtiene, qué acuerdos de gobierno puede haber. Pero nada de eso tiene por qué influir en la política estatal.

¿Vascas y catalanas son una oportunidad para que el PSOE se resarza del batacazo en Galicia?

Cada cosa hay que ponerla en su contexto. El PP lanzó las campanas al vuelo, como que esto era una manifestación del fracaso de las políticas socialistas. A ver ahora que en Catalunya o en el País Vasco el PSOE puede tener un resultado muy por encima del Partido Popular, que dirán.

Pues a nivel estatal, elDiario.es ha publicado esta semana una encuesta que da al PP seis puntos por delante del PSOE. ¿A qué achaca este retroceso?

A que son momentos distintos que se dan a lo largo de cuatro años de una legislatura en la que vemos ciertos vaivenes de apoyo ciudadano hacia una u otra fuerza. Esas son encuestas que están hoy publicadas. Puede haber, como digo, un tiempo que es absolutamente necesario para, por ejemplo, pedagógicamente, hacer entender a la ciudadanía lo que significa la amnistía para la convivencia en nuestro país. Y también puede haber otras cuestiones que hagan que se dé esos resultados, pero ya veremos qué ocurre dentro de seis meses.

¿Si tuviera que citar un motivo al que achacar el desgaste sería a la amnistía?

Una mezcolanza de todo. Estamos constantemente en los medios de comunicación con un mensaje de que a cualquier paso del Gobierno se ponen palos en las ruedas por parte de la oposición, que muchas veces tiene altavoces muy potentes y eso también cala en la sociedad. Pero un Gobierno tiene que dar cuenta de cuatro años de gestión. Este Ejecutivo, cuando acabe su legislatura, va a entregar una España que habrá caminado en mayor igualdad social, mejores retribuciones económicas para la clase trabajadora, en que los pensionistas tengan una capacidad adquisitiva para hacer frente a la inflación, en que la igualdad y la lucha contra la violencia machista sean absolutamente reglas infranqueables y que no pueden estar puestas en duda. Y estoy convencido que eso es lo que más preocupa a la gente. 

Hablemos de la Memoria Democrática. Hace más de dos años que el Gobierno anunció la resignificación de Cuelgamuros y la creación de un centro de interpretación más allá del cambio de nombre. ¿En qué punto está el proceso?

Estamos procediendo a las exhumaciones en el valle de Cuelgamuros con su resignificación. Esta es una ley joven, que se aprobó en octubre del año 2022 y que tuvo un año complejo para su desarrollo. Fue el año 2023. ¿Por qué complejo? Tuvimos cita electoral autonómica. Tuvimos cita electoral anticipada de las generales. Tuvimos dos investiduras y un año de ebullición política que lógicamente afectaron al desarrollo de la ley. Yo asumí el 21 de noviembre responsabilidades como ministro de Memoria Democrática y entre mis cometidos está el impulso de la ley, el poder hacerla tendiendo la mano a todas las comunidades autónomas, también aquellas en donde está Vox, sabiendo las dificultades, porque intentan e incluso llevan a efecto la derogación de leyes autonómicas de memoria democrática, lo cual es un tremendo error. Pero caminaremos con la resignificación del Valle de Cuelgamuros y también con todos los pasos que están en esa Ley de Memoria democrática.

Sobre las fundaciones franquistas

¿Y qué va a pasar con las fundaciones, como la de Francisco Franco? La ley les obliga a la ilegalización de todas las que hagan apología de la dictadura.

Y así lo haremos. ¿Tiene sentido que haya una fundación Francisco Franco o Queipo de Llano? No tiene sentido que haya fundaciones que hagan apología del franquismo y de la dictadura. Por tanto, la ley, que es una ley de convencimiento debería ser una ley compartida, no de imposición.

¿Cuántas sanciones se han impuestos desde la entrada en vigor por apología del franquismo?

Se han puesto sanciones. Es cierto que tenemos limitaciones al respecto. Fundamentalmente son sanciones de carácter económico y de otra índole. Incluso hemos tenido que ir en ocasiones a la justicia ante los intentos de paralización, por ejemplo, de las exhumaciones. Y lo haremos las veces que haga falta porque estamos ante un derecho, que es la defensa de la recuperación de la democracia y de los valores, como digo, de la libertad.

Aragón ha sido la primera comunidad autónoma con gobierno de coalición PP-Vox que ha derogado su propia ley de memoria histórica, pero otras ya han anunciado que están dispuestas a hacerlo. ¿Algún mecanismo que pueda impedir el negacionismo y la derogación de este tipo de leyes?

Indudablemente. Si en esas derogaciones se invaden competencias de las instituciones del Estado, es política básica y marco jurídico del Estado, lo recurriremos a través de los procedimientos que tenemos establecidos en la bilateral, en las comisiones pertinentes e incluso en el Tribunal Constitucional. Pero es una lástima, sinceramente lo digo, que representantes que llegan a una administración con el voto de los ciudadanos en urna y por tanto democrático, deroguen leyes como la de memoria democrática. Es una contradicción absoluta, porque quienes están en esas administraciones representan el sentir ciudadano que claramente está en contra de todo lo que significó la ausencia de libertad, el no poder ir a votar, el no poder hablar de lo que se quisiera, el no poder leer aquello que uno quisiera leer, el censurar pensamientos para minimizar el crecimiento de la gente… Me apena y así se lo he dicho. Por ejemplo, he estado en Cantabria recientemente, que también tiene voluntad de derogar la ley autonómic,a y creo que es un craso error de cualquier demócrata.

Los militares golpistas Moscardó y Milán del Bosch siguen enterrados en el Alcázar de Toledo, algo que incumple flagrantemente la ley de memoria histórica. ¿Se va a proceder a la exhumación? ¿Cuándo?

Lo hemos hecho, por ejemplo, con Queipo de Llano y con otros, pero existen dificultades. En ocasiones tenemos que ir a procedimientos que están a través de mecanismos legislativos, incluso judiciales, para poder llevar adelante lo que es la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. Debemos hacerlo, repito, y es la tercera o cuarta vez que lo digo desde el convencimiento. Por ejemplo, los monjes benedictinos que están en el valle de Cuelgamuros no pueden seguir allí. Debemos hacerlo hablando, haciéndoles ver que aquello tiene que ser un centro de interpretación para conocer lo que ocurrió durante los años de la dictadura y lo que fue esa guerra civil tras un golpe militar contra el orden democrático que decidieron los hombres y las mujeres de nuestro país. Y, por tanto, debe ser desde el convencimiento, si no, indudablemente iremos a los órganos judiciales.

Pues desde el convencimiento, parece que con los benedictinos no ha sido posible…

Pues tendremos que ir a un expediente para que dejen un espacio que no les pertenece. Así es. Sé que es más engorroso y más lento, pero indudablemente es lo que también la ley exige.

El plazo de un año para elaborar la auditoría de bienes expoliados durante el franquismo a la que obliga la ley ya ha vencido y no se ha llevado a cabo.

Con respecto a distintos aspectos de la ley, como los decretos para reponer lo que es la dignidad del pueblo gitano, las subvenciones para las víctimas y otras cuestiones que tienen que ver incluso con la incautación de los bienes que fueron retirados durante la dictadura hay un trabajo pendiente con Hacienda. Es cierto que hay un retraso. Vuelvo a repetir que ha habido un año muy complejo, que es el año 2023, pero ya se han iniciado todos los trámites por parte de mi ministerio.

El próximo año se van a cumplir 50 años de la muerte del dictador. ¿Hay alguna iniciativa que pueda impulsarse desde el Gobierno para que los jóvenes de este país no se olviden de lo que fue aquella etapa negra de la historia de España?

Sí, y queremos que sea un proyecto muy ambicioso. Así lo ha pedido el presidente Sánchez. Los jóvenes tienen que saber que durante la dictadura las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria, ni se podían divorciar, ni podían votar cada cuatro años para elegir a su alcalde, ni podían casarse personas del mismo sexo. Todo eso que los jóvenes hoy aplauden quizás tienen que saber que eso fue imposible durante 40 años de dictadura. Y, por tanto, tenemos que hacer una labor pedagógica. También tiendo la mano a todas las comunidades autónomas y les digo que esto no es proselitismo, es defensa de la libertad y la democracia. Y espero que en esto, como con las exhumaciones, no nos pongan también pegas, sino ayuda.

¿Han iniciado ya conversaciones con las diferentes comunidades autónomas?

Así es. Hemos hablado ya con ellas. También queremos llegar a los más de 8.000 ayuntamientos para hacer un programa ambicioso, educativo, formativo, sin exclusión, con veracidad y con reparación. Yo que vengo de una tierra en la que cuando no había ni ley de memoria histórica ni ley de memoria democrática, fuimos capaces de abrir los pozos del olvido y recuperar restos de personas que fueron ejecutadas por defender la libertad, tengo que decir que en Canarias se hacía con el voto favorable de todos los partidos políticos. Incluso el Partido Popular fue capaz en el Cabildo de Gran Canaria de abrir un segundo pozo con fondos de esa institución y no había diferencias políticas. Restituir lo que fue lo que se perdió durante los 40 años de dictadura es una labor de todos los demócratas. Los que se quedan fuera son los que no son demócratas.

La semana pasada firmó tres nuevas transferencias de competencias al País Vasco. ¿Más autonomía es menos España, como dice la derecha?

Todo lo contrario. El Estado de las Autonomías ya existía antes de la Constitución del 78. Llegó la dictadura y se centralizó absolutamente todo. Pero la realidad de nuestro país es la diferencia territorial. Más autonomía es más Estado y, por tanto, también es más España. Yo no tengo nada que ver en muchas cuestiones con quienes viven en Madrid. Se me escucha hablar y tengo mi dialecto, pero también tengo mi idiosincrasia, mi intrahistoria, mi gastronomía, mi cultura, mis valores, que no son ni peores ni mejores, pero que si los comparto con quienes tienen otros creo que los dos vamos a ganar. Cuando hacemos un traspaso se hace dentro de la Constitución y respetando el Estatuto de Autonomía de esa comunidad, lo que estamos haciendo es un paso hacia adelante de lo que es la realidad de nuestro país.

Y más allá de la Ley de Memoria Histórica, ¿hay entendimiento entre su ministerio y las comunidades gobernadas por el Partido Popular?

Lo hay. 

¿En qué materias?

En lo que llevamos de legislatura, desde finales de noviembre, hemos llegado a más de 30 acuerdos con las comunidades autónomas en leyes que parecían imposibles de acordar, como la Ley de Bienestar Animal, de presupuestos, de cooperativas… Hay algunas cuestiones en las que, por ejemplo, y eso es de máxima actualidad, en comunidades como la de Madrid se ha producido una involución de la ley trans o de la ley de identidad de género. Hemos estado obligados a trasladar a la Comunidad de Madrid desde el Gobierno de España que discrepamos incluso desde el punto de vista constitucional de esas modificaciones y nos vamos a sentar con sus responsables para ver si podemos llegar a un acuerdo a través de un mecanismo, que es el 33.2, que establece esa posibilidad de acuerdo durante seis meses.

¿Hay disposición por parte de la Comunidad de Madrid al acuerdo?

Fue ayer cuando nos respondieron que sí, que se sentaban. Podían haber dicho que no y hubiésemos ido directamente al Constitucional. Así que vamos a dejar que trabajen los equipos técnicos jurídicos a ver si eso es posible. Si no, lógicamente iríamos al Tribunal Constitucional porque hay cuestiones de esas leyes que invaden claramente lo que es la Constitución española. Pero ahora hay seis meses para ponernos de acuerdo.

Por último, ministro, ¿cómo avanza la propuesta de modificar la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas?

Han avanzado como nunca porque hasta ahora ha sido imposible en toda la historia democrática y siempre ha habido flujos migratorios. El Gobierno y el Parlamento canario nos trasladaron dos propuestas legislativas que han sido estudiadas por los servicios jurídicos del Gobierno de España en tres ministerios. Hemos hecho una propuesta que creemos que es la mejor: modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, pero teniendo previamente una conferencia sectorial para escuchar y que voten todas las comunidades autónomas. Estamos puliendo ese texto, pero una vez que tengamos un texto que compartamos el Parlamento de Canarias y el Gobierno de España, y esto es lo más importante, tiene que aprobarse en las Cortes y hacerse con un amplio consenso. Por tanto, tienen que aprobarlos todos los partidos políticos. Sabemos que Vox no lo va a hacer, pero lo tiene que hacer el Partido Popular. El PP no puede mirar para otro lado. Por cierto, el Partido Popular que gobierna en Canarias entiende que esto es justo. En distintas comunidades, Vox decía que donde ellos gobiernan no van a aceptar inmigrantes, con lo cual tiene un problema el Partido Popular que tiene que despejar. Espero que podamos tener ese texto en las próximas semanas y luego recabar los apoyos previos a cualquier tramitación, sea con una proposición de ley, una modificación legislativa, la que sea, en la que, repito, es imprescindible para el Gobierno de España que esté el voto afirmativo del Partido Popular.

Y supongo que el voto del independentismo catalán, que también han hecho caballo de batalla con el asunto de la inmigración…

Bueno, si nos centramos en las últimas propuestas acordadas en el Congreso y en el Senado tengo que decir que ha habido dos iniciativas aprobadas por todos los grupos políticos, entre ellos Junts y Esquerra, pero no por Vox. Por tanto, entiendo que también se sumarán a ese amplio consenso.

¿Y cuándo será obligatorio ese reparto?

Nuestra voluntad es poder tener esa propuesta de modificación legislativa cuanto antes. No sé si será antes del verano. Tenemos citas electorales y todo eso siempre complica la negociación política, pero estamos haciendo el máximo de los esfuerzos. Y repito, nunca como hasta ahora hemos estado tan cerca.

Entrevista completa a Ángel Víctor Torres:

Vídeo: Javier Cáceres y Rocío Bermejo