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El Ministerio de Sanidad intentó frenar el cierre de colegios y universidades en Madrid

El ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Esther Palomera

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El escenario de la epidemia de coronavirus empezó a cambiar en Madrid el pasado jueves, cuando en tan solo 24 horas se duplicó el número de contagios. Los hospitales madrileños empezaban a estar sobrecargados y el personal médico, al límite y con un número de bajas considerable. Por primera vez, los responsables del Gobierno regional empezaban a hablar de focos fuera de control y daban por superada la fase de contención.

El consejero de Sanidad de la popular Isabel Díaz Ayuso se puso en contacto con el Ministerio para informar de que tenía que cerrar los centros de mayores. En La Moncloa no lo veían claro. Más bien se resistían. Pero, al final, se impuso el criterio de los técnicos de la Comunidad y se ordenó el cierre de los 213 recintos públicos y privados. La decisión se tomó después de la muerte de dos ancianos al entender que había que proteger a un sector de la población que los epidemiólogos consideraban especialmente vulnerable. “Mejor que estéis de nuestro lado en esto”, le trasladó el responsable de la red sanitaria madrileña, Enrique Ruiz Escudero, al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Ahí empezó todo. También las diferencias entre administraciones sobre cómo abordar la crisis y qué medidas debían adoptarse, si livianas o drásticas. La sensación en el Ejecutivo de la Puerta del Sol fue desde el primer momento que hasta que no pasara la manifestación feminista del 8M, “los de Pedro Sánchez dilatarían la toma de decisiones”. Si es cierto o no, en La Moncloa niegan la mayor y sostienen haber seguido en todo momento los criterios de los responsables de Salud Pública.

El caso es que el pasado lunes, Ruiz Escudero volvió a telefonear a Illa para remitirle los últimos datos. Desde la tarde del domingo, se había producido un aumento considerable de contagios. Ya iban más de 500 y 16 fallecidos en la región. La conversación tuvo lugar por videoconferencia y en presencia de la directora de Salud Pública de la Comunidad. Para entonces, los responsables madrileños ya tenían una proyección epidemiológica que auguraba más de 15.000 contagios si no se adoptaban de inmediato decisiones drásticas para evitar la propagación. Las directrices de Díaz Ayuso eran precisas y por primera vez se planteó el cierre de colegios y universidades, una medida que el Ministerio de Sanidad intentó frenar. “No sabemos si para evitar la alarma o porque desde el primer momento han ido por detrás de los acontecimientos”, sostienen desde la Puerta del Sol.

Durante la conversación, Illa esgrimió argumentos técnicos, políticos y económicos con los que parar la decisión. Pero Ayuso encontró un aliado inesperado frente al Gobierno de Sánchez cuando el Gobierno vasco anunció el cierre total de la red escolar de Vitoria y Labastida. Entonces se plantó y trasladó a Sanidad, a través de su consejero, que de inmediato convocaría un Consejo de Gobierno extraordinario y anunciaría la clausura de colegios y universidades, con la anuencia o no del Gobierno de España. 

“Es prudente dar información puntual a los ciudadanos y mantenerles informados”, señaló la dirigente madrileña, en declaraciones a los medios, en la clausura de la Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, donde coincidió con el presidente del Gobierno. Sánchez le pidió allí mismo “unidad de acción”, en una conversación privada que mantuvieron durante apenas 15 minutos, a lo que Ayuso le respondió que por supuesto, pero “siempre que se garantizara la salud pública de los madrileños, que los criterios para la adopción de medidas fuera única y exclusivamente médico y no de oportunidad política y que allí donde no estuviese dispuesto a actuar el Gobierno de España, lo haría el de Madrid”.

Ayuso compareció antes los medios, pero antes reunió en su despacho a todos los portavoces parlamentarios de la Asamblea de Madrid, que la acompañaron durante la rueda de prensa con el propósito de trasladar esa unidad de acción política que le había pedido Sánchez, quien acto seguido telefoneó a Casado, Arrimadas y Abascal para darles cuenta de la situación. 

La comparecencia de Ayuso, que se produjo de forma simultánea a la del ministro Illa en una clara señal de descoordinación, se retrasó sobre la hora prevista porque la presidenta quería mantener las escuelas infantiles y los colegios de primaria abiertos aunque se suspendieran las clases para que los padres no se vieran obligados a abandonar para el cuidado de los niños su puesto de trabajo, pero Salud Pública lo desaconsejó de manera tajante.

Madrid pretendió asimismo anunciar al mismo tiempo el cierre de centros culturales deportivos y de ocio, pero desde Sanidad se le pidió que aguardara 24 horas para que fuera el Gobierno de España quien, tras su Consejo de Ministros, comunicara a la opinión pública la decisión, junto a la prohibición de vuelos directos desde Italia y eventos que congregasen a más de 1.000 personas. Ya estaba decidido entonces que en todo el territorio nacional los partidos deportivos de gran afluencia se celebrarán a puerta cerrada y que todas las medidas tuviesen una aplicación, en principio, de dos semanas, después de que la Comunidad trasladase al Ministerio que si al día siguiente no se anunciaban todas ellas, lo haría el Gobierno regional.

Desde el Ministerio niegan la mayor y sostienen que la “decisión de cerrar colegios y universidades se consensuaron y acordaron con todas las Comunidades, también la de Madrid, en un Consejo Interterritorial el lunes por la tarde. Consenso absoluto. Una medida que se decidió para las zonas de transmisión comunitaria significativa, como Madrid y Vitoria, y que se extendió después a La Rioja”.  Versión esta que niegan rotundamente desde la Presidencia  de la Comunidad, que se ratifican en la versión de los hechos y las reticencias del Gobierno de España.

Antes que Ayuso, Casado ya había acusado a Sánchez de inacción, pese a que los primeros días el PP trató de situar la crisis sanitaria al margen de la refriega política. El giro se produjo también el lunes, cuando el gobierno regional ya manejaba datos sobre el descontrol de algunos focos de contagio y Casado se empleó a fondo en una rueda de prensa con la que enmendó toda la estrategia gubernamental de los últimos días y usó la crisis como arma de oposición. El líder del PP ya hablaba a esa hora de “descoordinación” y de que Sánchez iba “por detrás de los acontecimientos”. Un día después, los populares constituyeron su propia Comisión de Seguimiento de la epidemia en la sede nacional del partido y exigieron que el presidente del Gobierno compareciese en la Cámara para dar explicaciones sobre la crisis. La única evidencia a estas horas no es sobre la evolución del virus, sino sobre la unidad de acción, no entre los gobiernos, sino entre los populares.

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