Una magistrada del TC alerta de que la sentencia sobre la Lei do Litoral de Galicia plantea un riesgo para el medioambiente

La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer considera que la sentencia mayoritaria que da por buenos los principales artículos de la Lei do Litoral de Galicia puede suponer un riesgo para la preservación del medio ambiente y desembocar “en usos abusivos del patrimonio natural” por parte de las comunidades autónomas. Balaguer cree que sus compañeros han abordado el debate sobre la ley gallega recurrida por el Gobierno central desde un punto de vista teórico y centrado en el debate sobre el reparto de competencias. En este punto, la magistrada afea a sus compañeros que no hubiesen planteado una reflexión sobre los derechos medioambientales de los ciudadanos y sobre si la competencia que los regulan debiera o no ser estatal.

El recurso planteado por el Gobierno contra la Lei do Litoral de Galicia se ha acabado convirtiendo en la primera batalla ganada por Alfonso Rueda frente a Moncloa, después de su victoria en las elecciones autonómicas del pasado 18 de febrero. Tras conocerse que el Constitucional avalaba la mayor parte de la ley gallega, la Xunta reaccionó como quien ha sorteado una heróica batalla política por los derechos de los ciudadanos.

Uno de los puntos más controvertidos de la regulación gallega que estudió el Constitucional es el que permite la instalación de hoteles en edificios ya construidos a pie de costa. Donde la Xunta de Alfonso Rueda ve balnearios y hoteles en faros o antiguas fábricas de conservas, el Gobierno central veía un riesgo para la preservación del litoral.

La magistrada María Luisa Balaguer reflexiona sobre ejemplos como el del hotel El Algarrobico en Cabo de Gata, la situación que se vive en el Mar Menor o los problemas que atraviesa Doñana. “Todos ellos -asegura- aconsejan una mayor precaución a la hora de abordar cualquier examen sobre el eventual impacto de las decisiones del legislador sobre el entorno físico en el que se desarrolla nuestra vida y se ejercen nuestros derechos”.

En los pasajes finales de su razonamiento de siete folios, Balaguer escribe lo siguiente: “En un contexto histórico en que no se puede negar la degradación ambiental del litoral español, y en que el cambio climático y sus efectos actuales ya permiten comprender que esa degradación se irá incrementando incluso sin mayor intervención humana y que el delineado de nuestras costas irá variando progresiva e inexorablemente, no es conveniente cualquier pronunciamiento del Tribunal Constitucional que permita albergar la más mínima duda sobre el compromiso con la preservación del medio ambiente, en defensa de los derechos básicos de las generaciones futuras, incluso aunque ese compromiso pueda entenderse en detrimento de la capacidad de autogobierno de las Comunidades Autónomas en la gestión de un litoral que no es exclusivamente suyo, sino del conjunto de la ciudadanía del Estado”. 

A pesar de lo anterior, la magistrada votó a favor de la sentencia y lo que ahora presenta como un “voto particular” es, en realidad, un “voto concurrente” pero crítico con las motivaciones del resto de sus compañeros en la mesa del Tribunal Constitucional.

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