EEUU utilizó una base de datos de matrículas de vehículos para rastrear a inmigrantes en situación irregular
Más de 80 organismos de seguridad de Estados Unidos han aceptado compartir con el Servicio de Aduanas y Migración (ICE, por sus siglas en inglés) información sobre matrículas de vehículos para apoyar las tareas de arresto y deportación de migrantes en situación irregular, según los documentos internos a los que ha tenido acceso la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).
Los documentos obtenidos por la ACLU demuestran que el ICE tuvo acceso a bases de datos con información de matrículas de coches recopilada por decenas de distritos en todo EEUU, y estos datos ayudaron al ICE a rastrear a las personas en tiempo real. Correos electrónicos revelan que la Policía también aportó de forma informal datos sobre los conductores a los agentes de inmigración, brindando detalles que, según la ACLU, pueden violar las leyes locales y las propias normativas de privacidad del ICE.
Los archivos, que la organización obtuvo gracias a una petición de documentos públicos, han hecho saltar las alarmas sobre la forma en que el ICE sigue el rastro a inmigrantes y la forma en que las fuerzas policiales locales ayudan al Gobierno de Donald Trump en su política de deportaciones.
“Es una invasión de la privacidad enorme”, dice a The Guardian Vasudha Talla, abogada y integrante de la ACLU. “El rastreo y los datos de la ubicación de una persona aportan datos íntimos sobre su vida. Se puede saber lo que alguien hace minuto a minuto”.
Los documentos, a los que tuvo acceso The Guardian, muestran que:
- Como apoyo a sus “operaciones de seguridad y deportaciones” y a sus investigaciones, ICE firmó un contrato de 5,3 millones de euros con la Thomson Reuters Corporation con el objetivo de tener acceso a una base de datos de lectura de matrículas de vehículos gestionada por Vigilant Solutions, una empresa privada de analítica de datos, con vigencia hasta septiembre de 2020.
- El contrato implica que las empresas compartan con el ICE información sobre ubicación de matrículas recogida con fines comerciales en las “50 áreas metropolitanas más pobladas de Estados Unidos”. El ICE también podría aceptar datos adicionales recogidos por organismos de seguridad locales y estatales que ya estén utilizando el software de Vigilant.
- El ICE animó a sus agentes a solicitar a las fuerzas de seguridad locales acceso a sus bases de datos, y el software de Vigilant podía facilitar esas solicitudes.
- La base de datos ofrecía “un método y sistema extremadamente exitoso a la hora de ubicar y detener objetivos”, afirmó ICE en los documentos del contrato. Si la agencia no tenía acceso a esa información “la tasa de arrestos podía reducirse hasta en un 20%”.
El avance de la tecnología de reconocimiento automático de matrículas de vehículos, que permite que las cámaras tomen imágenes de las matrículas y las asocien a una ubicación específica, ha generado en los últimos años fuertes críticas de grupos de defensa de las libertades civiles.
Activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes aseguran que el uso de estos datos por parte del ICE aumenta la capacidad de la agencia para vigilar y arrestar inmigrantes en situación irregular.
Más de 9.000 empleados con acceso a la base de datos
Un documento de Vigilant, titulado Informe sobre el acceso a datos de la agencia, contenía la lista de unos 80 organismos de los que estaba recibiendo datos el ICE. La lista incluía algunas fuerzas policiales del estado de California, que aprobó una ley local de “estado santuario” que prohíbe a las policías locales colaborar con el ICE. Según un correo electrónico, más de 9.000 empleados del ICE tienen acceso a la base de datos.
Los documentos prueban que el ICE permitió a sus agentes de casos de inmigración buscar en la base de datos archivos de hasta cinco años de antigüedad. Talla argumenta que esa ventana temporal abre la posibilidad de involucrar también a conocidos de la persona que está siendo investigada o a cualquiera que haya estado relacionado con esa matrícula de coche durante ese período de tiempo. “Es una tecnología de vigilancia masiva que es realmente una forma de abuso”, afirma Talla.
Las materiales de formación para los agentes del ICE que se incluían en los documentos contenía una guía paso a paso sobre cómo solicitar este tipo de datos a cualquier otro organismo de seguridad y también un mapa de las jurisdicciones de los organismos de seguridad que podían proporcionar información a la base de datos de Vigilant.
Peticiones informales
ACLU también descubrió que el ICE había solicitado informalmente ayuda de vigilancia a fuerzas policiales locales. Correos electrónicos prueban que un detective de la Policía del condado Orange, en California, realizó repetidas búsquedas en la base de datos en respuesta a solicitudes de un especialista en investigaciones criminales del ICE. Al parecer, los dos hombres han trabajado a menudo juntos a lo largo de varios años. El empleado de ICE le daba al detective detalles sobre investigaciones de inmigración (como por ejemplo, la página de Facebook de una persona investigada) y el detective le respondía con la información de la matrícula del coche de esa persona.
En un correo electrónico, el detective le escribió al empleado del Ice “Te ayudo :)”, junto con un informe. En otro intercambio de mensajes, después de que el empleado del ICE se disculpara por pedirle más informes, el detective le respondió: “Vamos, realmente no te molesta pedirme informes… :)”.
ACLU afirma que estos intercambios sugieren que el ICE no está siguiendo sus propias normativas de privacidad, que requieren un procedimiento más formal para solicitar información y justificar el acceso de la agencia de inmigración a datos específicos.
Después de que ACLU hiciera públicos los documentos el miércoles por la mañana, The Guardian se puso en contacto con el ICE, Vigilant y Thomson Reuters para conocer su versión. Ya anteriormente Vigilant se había negado a comentar su vínculo con el ICE y, en respuesta a críticas a su colaboración con fuerzas de seguridad, ha dicho que ellas son las propietarias de las bases de datos de matrículas de vehículos y ellas deciden si las comparten.
El ICE también defendió su uso de información sobre matrículas de vehículos en investigaciones del año pasado, afirmando que la agencia no tenía una base de datos propia y que los contratistas debían cumplir “estrictos” requisitos de seguridad.
ACLU reclama a las ciudades que pongan fin a los contratos para la vigilancia de matrículas de vehículos, que no se comparta este tipo de datos con el ICE y que se aprueben normativas de privacidad proactivas que obliguen a supervisar a la Policía cuando adquiere este tipo de tecnología de vigilancia.
Traducido por Lucía Balducci.
