La regulación de los precios del alquiler: un paso necesario hacia la mejora del acceso a la vivienda

En nuestra sociedad, el acceso a una vivienda digna y adecuada se ha convertido en un desafío que excede la urgencia. Las causas son diversas, pero podríamos resumirlas en el traslado, por parte de los poderes públicos, de la provisión de vivienda a manos privadas en las últimas décadas. Una y otra vez, vemos artículos, escuchamos programas especiales en la radio o presenciamos reportajes televisivos sobre la crisis habitacional. Es de tal magnitud el problema que existe un amplio consenso entre los actores políticos, económicos y sociales sobre el apremio de abordar esta situación. Entonces, ¿por qué no se aplican medidas para revertirla?

El pasado 13 de marzo marcó un hito con la entrada en vigor del “sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda”. Representa un avance significativo en la política pública de regulación de los alquileres privados, ya que establece un índice que permitirá a las administraciones autonómicas intervenir en el mercado inmobiliario. La regulación implica establecer un tope en el precio del alquiler para las viviendas gestionadas por grandes tenedores (propietarios de 5 o más inmuebles urbanos) y para las nuevas viviendas que se incorporen al mercado. Los pequeños propietarios también se ven afectados ya que deberán limitar el aumento de precios de los nuevos contratos a la subida del IPC. Además, establece beneficios fiscales a aquellos propietarios que pongan su vivienda en el mercado dentro de los intervalos marcados por el ministerio considerados como asequibles, entre otras medidas. En suma, se intenta democratizar un mercado salvaje como es en la actualidad el del alquiler.

Es importante señalar que esta medida no ha estado exenta de controversia y crítica. Algunos sectores relacionados con la defensa del derecho a la vivienda han cuestionado el retraso en su implementación, la falta de ambición de la propuesta y la ausencia de un régimen sancionador para garantizar su correcta aplicación. Del mismo modo, reivindican la aprobación de otras regulaciones complementarias (y necesarias), como la limitación de la proliferación de los pisos turísticos o mejorar las condiciones de los inquilinos recogidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero nadie niega la necesidad de aplicar lo existente y seguir trabajando, gracias a su aplicación, en las mejoras que se precisen.

En el ámbito de la Generalitat, los responsables del Consell en materia de vivienda han rechazado esta medida de manera categórica. Una vez más, se oponen a cualquier intervención en el mercado de la vivienda, apelando a la sacrosanta libertad del capital y priorizando el privilegio de especular sobre el derecho a una vivienda digna. Su única propuesta es la construcción de “10 mil vivienda de VPO” (una propuesta complementaria con la regulación de precios), aunque no especifican donde se van a construir ni en qué régimen. También desconocemos cuales son los instrumentos para desarrollarlas ni que presupuesto van a destinar a estas viviendas.

Este rechazo supone más que un simple posicionamiento político. El problema radica en que la ley de vivienda establece que son las Comunidades Autónomas las que deben declarar las “zonas del mercado de alquiler tensionado” para poder aplicar la regulación. Sin el aval de la Generalitat, la medida no puede avanzar según la normativa actual.

El rotundo rechazo del Consell del PP y VOX es aún más sorprendente dado la gran necesidad habitacional de nuestro territorio. Cualquier persona puede comprobar en el índice de referencia publicado por el Ministerio que el precio de las viviendas de mercado supera con creces los precios “asequibles” que se marcan por el departamento de vivienda. Una disparidad presente en todos los barrios de las grandes urbes de nuestro, así como, en los municipios con mayor tensión turística. Por lo consiguiente, la presión habitacional afecta a la gran mayoría de población de la Comunidad Valenciana. La única vía para solucionar a corto plazo esta situación es la regulación.

Asimismo, existe un trabajo realizado por el anterior gobierno que nos hubiera permitido, al igual que Cataluña, haber implantado el control de los precios desde el pasado miércoles 13. Concretamente, la Generalitat desarrolló en 2021 el catálogo de áreas de necesidad habitacional (ANHA), que ya determina las zonas de alquiler tensionado. Siguiendo este catálogo como referencia, existen más de 150 municipios en todo el país que podrían beneficiarse de la medida. Cientos de miles de personas podrían ver reducida su renta de alquiler y, por ende, mejorar significativamente su calidad de vida. Tristemente, los responsables de vivienda no quieren hacer uso de los avances realizados en el gobierno anterior del Botànic.

Ahora bien, la negativa del gobierno actual, aún siendo ilógica y contraria al bienestar de nuestro pueblo, no debe sorprender a nadie. Por este motivo, y a modo de reflexión final, defiendo que un asunto de tanta urgencia y envergadura debería ser fuertemente reivindicado por todos los actores de la sociedad civil (insisto, son una gran mayoría) que demandan que el Consell haga su trabajo. Un llamamiento que debería plantearse a lo largo y ancho del territorio.

Vista la situación actual, no existe otra solución que la presión social. A través de la movilización se puede lograr modificar la postura de los dirigente de la Generalitat e iniciar la regulación de los precios del mercado del alquiler. Logremos que, en un futuro próximo, sea la tónica habitual, ver, leer y escuchar reportajes y programas sobre como ha mejorado la vida de miles de personas gracias a la limitación de los precios de las rentas de numerosos hogares.