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Las propuestas de las Cortes de Castilla-La Mancha para cambiar el trasvase: “Hace falta regular y decir, sí o no y por qué”

EFE/ José del Olmo

Francisca Bravo Miranda

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Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves sus consideraciones sobre cómo cambiar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura y lo han hecho con el apoyo de PSOE y PP y la oposición de Vox.

En pleno proceso de consulta pública previa abierta, hasta el 2 de mayo, antes de que se inicie todo el trámite para cambiar el decreto que regula las reglas del acueducto, el Parlamento regional fija posición. PP y PSOE se han apoyado mutuamente sus propuestas de resolución, en un inédito acuerdo.

La consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez se felicitaba, durante su intervención, de que vaya a haber una nueva regulación del trasvase, y un procedimiento previo, vía consulta pública, para “poder decir que hace falta regular y decir sí, no y por qué” (a cambiar el trasvase).

Gómez resaltaba que “habrá un documento de alcance con información pública” y que podrá saberse “realmente” que es lo que quiere hacer el Estado español con el trasvase.

La resolución del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha que hoy se ha aprobado cuenta con el apoyo del PP. Dice que las actuales normas para explotar el Tajo-Segura se diseñaron para enviar “el máximo agua posible” a Levante sin tener en cuenta las necesidades de la cuenca del río Tajo ni tampoco un cálculo de los “excedentes” de este río. 

El grupo parlamentario ha expuesto que se está “incumpliendo” lo dispuesto en la normativa que regula los planes hidrológicos de las distintas cuencas, en la que se señala que se actualizaría el Real Decreto de las normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura en un plazo de “doce meses” para ajustarlo a las previsiones de dichos planes. “Ese plazo, a día de hoy, está más que superado”, afirman. 

Tramos del río “estrangulados”

Por otro lado, aseguran que hay tramos del río que se han quedado “estrangulados” debido a que se han destinado los recursos de la cabecera del río Tajo para el trasvase. A esto, añaden que se ha fijado un caudal mínimo “muy inferior” a la demanda ecológica real, lo que causa “graves daños” en el río al no seguir “su régimen natural”. Por tanto, exigen que se respete lo que dispone al respecto el plan hidrológico del Tajo para también cumplir con la Directiva Marco del Agua europea.

´Desde el PSOE también piden que se cumplan las cinco sentencias del Tribunal Supremo, para poder satisfacer las demandas de la propia cuenca. “Se está poniendo en evidencia que las salidas tasadas hacia el propio Tajo desde el sistema Entrepeñas-Buendía-Bolarque se muestran insuficientes para satisfacer las necesidades del propio Tajo”, recalcan. Hace menos de un mes, Emiliano García-Page recordaba estas cinco sentencias a los presidentes ‘populares’ de la Comunitat Valenciana y Murcia.

No se corresponden con la realidad desde hace más de 40 años

El grupo afirma igualmente que se están incumpliendo los supuestos y previsiones que dieron origen al trasvase, ya que “no se corresponden con la realidad desde hace más de 40 años”. Y esto es un argumento que se ha repetido en varias ocasiones, la última hace menos de 10 días, cuando solicitaban que se abriese de forma “inmediata” la consulta pública para cambiar las normas del trasvase.

“El objetivo de las reglas de explotación siempre ha sido mantener los embalses de cabecera en niveles muy bajos, a fin de maximizar los envíos de agua por el trasvase, pero no por la cuenca del río”, recuerdan, a lo que añaden que existe una “imposibilidad” de la cuenca del Tajo para acceder a fuentes alternativas de agua. 

Del mismo modo, apuntan a una “transgresión sistemática” del ordenamiento jurídico español en lo que se refiere a la prioridad de la cuenca cedente y al resto de normas que regula el acueducto Tajo-Segura. “Es fundamental que la gestión de Entrepeñas y Buendía mantenga la garantía de las demandas del Tajo”, zanjan en otra alegación. 

En el documento presentado señalan que es de “vital importancia comprender que satisfacer los usos y garantizarlos son dos conceptos distintos” “Hay usos que no se atienden al garantizarse el trasvase”, resaltan, y por eso piden que se revisen los desembalses de referencia, el umbral mínimo de reservas no transvasables y los niveles de condiciones hidrológicas excepcionales.

Actualizar el concepto de excedente

El PSOE señala que es “imprescindible” que se actualice el concepto de excedente, porque “es muy discutible que a un río le sobre agua” y porque la definición legal que data de 1998 es “muy lesiva” para la cuenca del río. También recuerdan que el Plan hidrológico no determina la cantidad de agua que puede ser trasvasada al mes, ya que solo se indica que se debe proporcionar “máxima seguridad técnica” en suministro de caudales a los usuarios del Tajo. La gestión que se ha llevado hasta ahora, explican, ha tenido resultados “desastrosos”. “Los embalses están en niveles bajos” y se llega a niveles que no se corresponde con los caudales ecológicos mínimos. 

También exigen que se acabe con los episodios de vaciado de Entrepeñas y Buendía, porque crean impactos “muy negativos” para los municipios ribereños, y son situaciones ignoradas “sistemáticamente”. “Dichos municipios siguen encontrándose en una situación socioeconómica desfavorable al no poder desarrollar adecuadamente su potencial turístico debido a la ausencia de una lámina de agua estable” y, además, desde el grupo culpan al esquema de explotación del trasvase de esta situación. 

La sequía es otro aspecto que tienen en cuenta en sus alegaciones, en concreto para pedir que se actualice el umbral mínimo de reservas no trasvasables. Los efectos de la sequía, advierten, se verán reproducidos “cada vez con mayor intensidad” y esto se une al aumento de los trasvases. Por eso, alegan que se deben aumentar “drásticamente” el nivel de reservas no trasvasables. 

Hasta ahora, es de 400 hectómetros cúbicos, pero desde el PSOE argumentan que debe subirse hasta los 500, porque se ha perdido “un resguardo de 100 hm3 de agua” con el que se había calculado el nivel 5, que contempla el momento en el que no se puede trasvasar.

“Planteamos aprovechar el estado actual de llenado de los embalses, el más alto desde el año 2011, para subir esa cifra a unos niveles más adecuados a la capacidad global de ambos embalses, teniendo en cuenta que esos 400 hm3 representan tan solo aproximadamente el 15 % de su capacidad de llenado, una cifra ínfima, que plantea un escenario muy complejo de gestión”, afirman.

Talavera, el Guadiana y los ribereños

La ciudad de Talavera de la Reina y su comarca “no están consideradas” en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Esto, a pesar de que al Canal Bajo del Alberche le corresponde una fracción de recursos del Tajo que puede llegar al 100%, en función de la alerta y la escasez. Por eso, piden más agua para la zona desde el Tajo.

Y no es la única zona para la que piden más agua, ya que entre las alegaciones también se señala que se debe tener en cuenta a la cuenca del Guadiana. De hecho, lo que explican es que las necesidades de la cuenca se mantengan “dentro de las prioridades” del trasvase Tajo-Segura. Hasta ahora, recuerdan, los trasvases para las Tablas de Daimiel se han realizado sin amparo legislativo. 

 Finalmente, piden que se tome en cuenta “el abastecimiento necesario” para municipios ribereños, que se contempla en el Real Decreto-ley 8/1995 por un total de 3 hectómetros cúbicos al año. Sin embargo, municipios de la zona de los embalses de cabecera presentan año tras año problemas de abastecimiento y necesidad de camiones cisterna.

El PSOE también apoya la propuesta del PP para frenar el agua “ilimitada” vía trasvase

El PP también hacía su propia propuesta y el PSOE la ha apoyado. Ambos muestran así su “absoluto respaldo” al Pacto Regional del Agua suscrito el 9 de diciembre de 2020, y entienden que constituye “la mejor herramienta para defender los intereses de nuestra región, de las personas que viven en ella, del equilibrio territorial y de sus ríos y demás ecosistemas acuáticos y terrestres”.

Ambos creen que las alegaciones para cambiar las normas del trasvase deben adaptarse al pacto regional y que “las normas sobre explotación del trasvase Tajo-Segura no pueden seguir respondiendo a las demandas ilimitadas de otras regiones sin tener en cuenta las necesidades de la nuestra”.

También se muestran de acuerdo en que “para decidir sobre transferencias, la cuenca hidrográfica cedente debe satisfacer todas las demandas actuales y futuras, conforme a lo previsto en la planificación hidrológica”.

También creen “urgente” convocar a los representantes de los municipios principalmente afectados por la actual normativa de gestión del trasvase Tajo-Segura para elaborar “consensuadamente” la posición común que el Gobierno regional debe defender y liderar ante el Gobierno de España.

Y finalmente, tanto PP como PSOE ver “urgente” la aprobación de un Pacto Nacional en materia de agua, en el que los territorios deben participar de forma preponderante en las decisiones sobre el agua, además de revisar las necesidades actuales y futuras de Castilla-La Mancha.

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