Seis claves de los Presupuestos Generales de 2018 en Andalucía
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, presentados esta semana, arroja dos lecturas incompatibles para Andalucía: una catastrófica, la que hace el Gobierno de Susana Díaz; y otra mucho más benévola y entusiasta, que defienden el PP y Ciudadanos. El partido de Albert Rivera es soporte del Ejecutivo de Mariano Rajoy en Madrid y de la Junta de Andalucía. Su voto es necesario (pero insuficiente) para sacar adelante las cuentas generales del año que viene, como lo fue para aprobar el vigente presupuesto andaluz.
Los números del Estado y el reparto que hacen entre comunidades es la herramienta esencial para hacer política. La proyección de ingresos y gastos para 2018 está condicionada por dos escenarios: la proximidad de las elecciones previstas para el año que viene (autonómicas, europeas y municipales) y la minoría parlamentaria del Gobierno, que necesita el apoyo de varios de sus adversarios para lograr que estas cuentas se aprueben.
Estas dos circunstancias hacen que la Junta de Andalucía mire los números con escepticismo: cree que son “un timo”, un “brindis al sol”, cree que Rajoy usa el presupuesto como herramienta electoralista, y además denuncia que “maltrata” a Andalucía y la margina de las grandes cifras del presupuesto. “Cada vez que se reparten recursos en este país, Andalucía sale maltratada”, ha dicho la presidenta Susana Díaz, en una comparecencia extraordinaria en el Palacio de San Telmo.
Las cuentas que presentó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han abierto otra brecha entre el PSOE y Ciudadanos en Andalucía. Los naranjas exigen a sus socios “la misma responsabilidad” que ellos han tenido al respaldar las cuentas regionales y se preguntan si “hay dos PSOE distintos”. “A nosotros nos piden responsabilidad en Andalucía, pero el PSOE tiene un discurso aquí y otro allí”, dice el portavoz del grupo naranja, Juan Marín, que acusa a la presidenta de la Junta de “fomentar la confrontación entre territorios”.
Por todo ello, el impacto de estos presupuestos en la economía andaluza difiere según cómo se lean e interpreten estos números. Estas son algunas de las claves de las futuras cuentas generales de 2018:
Rebaja fiscal para rentas mínimas
Los Presupuestos Generales plantean una rebaja del IRPF para rentas bajas, entre 12.000 y 18.000 euros al años, que suponen un coste de 2.000 millones de euros para las arcas públicas. El IRPF es uno de los impuestos que más repercute en el bolsillo de los ciudadanos, pero el impacto será relativo en Andalucía, una región que tiene una de las rentas medias más bajas del país y donde hay una gran masa de trabajadores que no tiene obligación de tributar a Hacienda porque no cobra lo suficiente. El 60% de los asalariados andaluces tiene una renta anual inferior a 12.000 euros, según datos de la Agencia Tributaria de 2016, por tanto no se beneficiará de la subida del mínimo exento del IRPF que promete el Gobierno.
Además, la Junta de Andalucía teme que el impacto de esta rebaja fiscal recaiga en los hombros de las comunidades. La Consejería de Hacienda prevé una minoración de las transferencias de financiación del Estado para Andalucía de 150 millones de euros, porque “esta rebaja fiscal va a recaer en el tramo autonómico sin que se regule ninguna compensación para las comunidades”.
Incremento de las pensiones bajas
Tras la oleada de protestas de jubilados por todo el país, el Gobierno promete subir las pensiones más bajas y de viudedad un 3% -el doble del IPC- y no un 0,25%, como se planteó antes de las manifestaciones. El grupo de Ciudadanos en Andalucía calcula que se beneficiarán un millón y medio de pensionistas en esta región (o sea, todos). Mientras, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, minusvalora el efecto de esta subida porque el 70% de los jubilados en esta región no se beneficiará de la subida del mínimo exento del IRPF (mencionada antes).
Las cuentas generales prometen un incremento medio anual de 250 euros para las pensiones mínimas y de 450 euros para las de viudedad, pero la Junta replica que “vuelve a decepcionar” porque la “revalorización de las pensiones queda por debajo del encarecimiento del nivel de vida”.
Inversión pública por persona
El capítulo de inversión estatal en Andalucía es siempre controvertido. Andalucía recibirá 1.477 millones de euros para infraestructuras, 320 millones más de lo que se consignó en 2017 (cuando hubo una caída del 36,6% en inversión pública). Sin embargo, la comparativa es “engañosa”, a juicio de la consejera, porque el presupuesto del año pasado se aprobó en primavera, por tanto, en una previsión para seis meses. El Gobierno de Rajoy (y Ciudadanos) defienden que “Andalucía está por encima de la media de las comunidades en inversiones” y en el grupo de las que más crece. La Junta replica que la inversión media por habitante que recibe cada región es de 216 euros, mientras que para Andalucía supone 42 euros menos que la media. Un dato que enlaza con el criterio poblacional que reivindica Andalucía en su propuesta de financiación.
Compromisos del Estatuto
Además está el siempre frustrante cálculo de la inversión estatal equivalente al porcentaje de población andaluza en el conjunto del país, un compromiso del Estatuto de Autonomía que nunca se ha llegado a ejecutar del todo (ni con Zapatero de presidente ni con Rajoy). En 2018, la inversión estatal para Andalucía representa el 14% del total, es decir 3,4 puntos por debajo del peso poblacional (17,8%). Para cumplir la disposición adicional tercera del Estatuto, la porción andaluza debiera ser de 1.823 millones. Desde 2012, el déficit inversor alcanza los 1.700 millones de euros, una queja reiterada por parte de la Junta, aunque nunca ha acudido a los tribunales para denunciar el incumplimiento del Estatuto, que tiene rango de ley orgánica.
Los presupuestos generales no están territorializados, tampoco los andaluces. Sin embargo, la presidenta Susana Díaz ha destacado este miércoles que Almería es “la última en inversión en España”, y que seis provincias andaluzas se encuentran a la cola en el esfuerzo inversor estatal.
Ferrocarriles
El Ministerio de Fomento y las entidades estatales dependientes dispondrán 8.908 millones de euros para invertir en 2018, de los que casi la mitad se destinará a ferrocarril (alta velocidad y convencional). A Andalucía le corresponden 266 millones de euros, según el Gobierno; 140 millones, según los cálculos de la Junta. En realidad la diferencia es irrelevante, toda vez que el Ejecutivo andaluz sostiene que necesita 2.000 millones para tener un desarrollo ferroviario adecuado. La línea Granada-Almería sólo recibirá 625.000 euros (la Junta reclama 320 millones) y la línea Algeciras-Bobadilla, un proyecto estratégico para conectar la economía andaluza con el norte de Europa, recibe 28,7 millones (cuando la línea completa está presupuestada en 1.300 millones). “Son cifras vergonzantes”, dice la Junta. “Nos hubiera gustado más”, dice Cs.
Recortes en el IVA
El Gobierno también contempla la bajada del IVA del 21% al 10%, con “especial interés en que se note en el precio de las entradas” para que repercuta directamente en el bolsillo de la gente. Sobre el IVA, la Consejería de Hacienda ha lanzado una insinuación compleja contra el Gobierno, al que acusa de arrebatarle 300 millones de euros de la recaudación de 2017. Ese año hubo una modificación del sistema de información del IVA, de modo que se computaron 11 meses de recaudación, en vez de 12, permitiendo a las empresas demorarse 30 días en la recaudación. Si no se corrige este déficit en las entregas a cuenta de 2017, la Junta teme encontrarse dentro de dos años (cuando se cierre el ejercicio presupuestario) con una desagradable sorpresa: “una merma de 300 millones en la recaudación. No porque no se haya cobrado, sino porque se han dejado un mes de recaudación fuera”.
