Una investigación internacional concluye que la 'Ley Mordaza' limita la libertad de información en España
“No hemos adoptado ninguna medida restrictiva de la libertad de expresión”. Así lo afirmó en el parlamento el portavoz popular Rafael Hernando a propósito de la Ley de Seguridad Ciudadana y así empieza el informe que publica este jueves el International Press Institute (IPI) -una organización global que promueve la libertad de prensa- sobre la situación de la la libertad de información en España.
El análisis, que desmonta la afirmación de Hernando, recomienda al próximo Gobierno derogar la Ley y devolver la independencia a RTVE, una petición a la que se han sumado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Federación Europea de Periodistas (FEP).
La investigación internacional ha concluido que las últimas medidas tomadas por el Gobierno del Partido Popular, entre las que destacan ala Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza', “albergan peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público”.
Los técnicos no dudaron en recalcar la sorpresa que les causó la “brecha que existe entre el punto de vista del Partido Popular sobre la situación en España de la libertad de expresión y el de los partidos políticos de la oposición, asociaciones de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales”. E indican que “si la Ley de Seguridad Ciudadana no supone una amenaza para la libertad de expresión, entonces está claro que el Gobierno no ha hecho un buen trabajo para explicar por qué”.
En el resumen del documento, el IPI recalca que la “Ley Mordaza” incluye dos artículos que afectan “especialmente la libertad de expresión y prensa”. En primer lugar, señala el “uso no autorizado de imágenes o datos personales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en riesgo el éxito de una operación” como una medida privatoria de libertad. También remarca que las multas de entre 100 y 600 euos por “las faltas de respeto” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad “suponen un especial peligro para la libertad de expresión y prensa.
Unas libertades que en España ya han empezado a ser recortadas tras las denuncias a diversos ciudadanos por actos como fotografiar un coche de Policía Local mal aparcado o por calificar en las redes sociales a los policías de “escaqueados”.
En su visita a España, los expertos internacionales se reunieron con miembros de los principales partidos políticos pero, según sostienen los investigadores, no se mostró disponible para la reunión ningún funcionario de los ministerios de Justicia, Interior, Industria ni tampoco representantes de la Vicepresidencia del Gobierno.
Compromiso de derogación
Los partidos de la oposición se mostraron dispuestos a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, y además el grupo les pidió que, de ser elegidos, implementen la figura del regulador independiente y específico del sector de los medios audiovisuales, mejoren la transparencia en el área de la publicidad institucional y supervisen que cualquier reforma legal sea llevada a cabo con la debida consideración del “efecto disuasorio” que pueda tener en la libertad de expresión.
Los investigadores internacionales muestran su preocupación por otras de las medidas que ha implantado el gobierno de Rajoy como el “Pacto antiyihadista” y la reforma del Código Penal del 30 de marzo de 2015, relativa a la prisión permanente revisable. La IPI denuncia que las novedades implantadas por el Gobierno “dejan un peligroso margen para que casi cualquiera pueda ser acusado” a estar “dirigidas a sancionar o penar las nuevas formas de difusión y organización de las protestas como Internet o las redes sociales” y manifiesta que podrían interrumpir el normal funcionamiento del periodismo de investigación.
Una televisión pública independiente
Tras su visita y análisis, el exdirector de Política Editorial de la BBC, Stephen Whittle, actuando como experto en la redacción del documento, recomienda que España “cree un organismo regulador independiente siguiendo la línea de la versión original de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010” para Radio Televisión Española (RTVE).
Y recalca que el hecho de que “el Gobierno haya modificado el proceso de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de RTVE crea un precedente que debería eliminarse”. Antes se hacía por consenso por dos tercios de la Congreso de los Diputados. El último presidente de la Corporación pública se ha nombrado con los votos del PP porque es suficiente una mayoría absoluta.
En el documento, Whittle hace hincapié en recalcar lo inusual de que “el Gobierno conceda licencias de televisión” y destaca lo problemático que puede ser que éste lo haga en fechas tan cercanas a las elecciones.
