La acusación que ha sentado a Rajoy como testigo en Gürtel se persona contra Ignacio González
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha pedido al juez Eloy Velasco, que dirige la investigación de la Operación Lezo, personarse como acusación popular en la causa. El magistrado tendrá que decidir si acepta la personación de la asociación que ha conseguido que el tribunal de Gürtel llame a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras dos intentos fallidos.
Los letrados ya han enviado un escrito al magistrado de la Audiencia Nacional, que tendrá que consultar a las partes antes de tomar una decisión sobre si acepta su personación en la causa. Puede decidirlo ahora o esperar a que se levante el secreto de sumario de una pieza que se mantiene secreta, y en la que hoy se tomará declaración a Ignacio González, detenido el pasado miércoles.
Si acepta su personación, Velasco deberá fijar el importe de la fianza que les impone para ser parte en este caso. ADADE tiene que justificar su presencia en este caso, como han hecho con su petición de sentar a Rajoy en la silla de los testigos del juicio de Gürtel.
En el escrito que enviaron a la sala, la asociación dejaba claro que sus estatutos recogen que su objetivo es “la búsqueda del cumplimiento del Estado de Derecho”, así como “la búsqueda y sanción de comportamientos ilícitos”.
Antes de decidir si acepta su personación, Velasco tomará declaración este jueves a los detenidos en la Operación Lezo. Esta mañana se sentarán ante el juez Ignacio González, en los calabozos de la Guardia Civil desde hace dos días, y Edmundo Rodríguez Sobrino, exresponsable de Inassa.
El juez preguntará a González por su papel en lo que los investigadores definen como “una organización criminal”. También le pedirá explicaciones sobre el presunto cobro de una comisión a OHL, por la que esta noche ha sido detenido el empresario Javier López Madrid. Tras su declaración, el juez decidirá si le envía a prisión o le deja libre con medidas cautelares.
Velasco tomó declaración anoche a dos de los detenidos, a los que decidió enviar a prisión bajo fianza a última hora del día. María Fernanda Richmond, antigua responsable de las finanzas del Canal, tendrá que pagar cuatro millones de euros, mientras que Adrián Martín, exdirector general de la empresa pública, tiene impuesta una fianza de 100.000 euros.
Ambos están implicados en la compra por parte del Canal de una empresa brasileña de ingeniería y construcciones, Emissao. Esa adquisición se hizo a través de sociedades panameñas y uruguayas, y se abonó una cantidad muy superior al precio real de la empresa.
