“El Gobierno está enterrando la justicia universal mientras estrecha manos manchadas de sangre”

El abogado Carlos Iglesias habla con rabia cuando narra la persecución sufrida por los practicantes del movimiento religioso Falung Gong desde que en 1999 el Partido Comunista de China decidiese considerarlo como una secta nociva.

Sus palabras suenan a ira cuando detalla los testimonios de las muchas torturas, detenciones e incluso extirpaciones de órganos de personas vivas escuchados en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, que investiga la causa desde España gracias a la vigencia de una ya limitada jurisdicción universal.

Pero el tono del letrado se eleva aún más al mencionar la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el Partido Popular, que podría archivar el proceso que defiende y al menos 11 causas más abiertas por genocidios y crímenes de lesa humanidad.

En 2003, Iglesias redactó la primera querella por genocidio y torturas hacia los practicantes de Falun Gong contra la cúpula del Partido Comunista chino. “Me contaron el horror que vivían, me mostraron fotos y me pidieron si podría ayudarles. Yo en un principio me negué por no tener experiencia en el ámbito penal, pero no encontraban ningún otro abogado por ser un trabajo no remunerado. Esta es una causa que tienes que hacer por convicción. Finalmente accedí”, relata el defensor que ya ha redactado cuatro querellas contra el gigante asiático.

El proceso avanza a paso lento, pero progresa. Mientras, la amenaza del sobreseimiento aumenta ante la posible reforma exprés del Gobierno.

¿En qué punto se encuentra ahora mismo la causa por el genocidio de Falun Gong?

Desde 2003, se han ido acumulando hasta cuatro querellas contra en total cinco altos cargos del Partido Comunista chino. El sumario está abierto en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional.

La primera querella se interpuso en 2003, hace más de 10 años, y sucesivamente se fueron interponiendo las demás. Todas ellas por delitos de genocidio y tortura perpetrados contra practicantes de Falun Gong, una práctica de meditación pacífica, no una secta, como difaman sus victimarios.

A día de hoy el sumario está abierto, incoado, y a la espera de que el juez emita una orden de detención contra los querellados –como ha ocurrido en la causa del genocidio del Tíbet–. Para llegar a ese punto, estamos pendientes de verificar un informe canadiense que confirmaría la extirpación de órganos de personas vivas perpetrada por China, sobre todo a practicantes de Falun Gong.

¿Qué trabas ha encadenado este proceso a la hora de continuar la primera investigación abierta contra el gigante asiático?

Desde el principio ha sido difícil. Inicialmente se desestimaron las querellas. El fiscal argumentaba que España no era competente para investigar estas atrocidades cometidas por China porque no existían vínculos entre ambos países. Sin embargo, dos de los querellantes tenían nacionalidad española, aunque no eran residentes.

Igualmente, costó mucho que saliese adelante el proceso: tuvimos que llegar hasta el Tribunal Constitucional, cuyo dictamen obligó a la Audiencia Nacional a estimar la causa. En el caso de la segunda querella, fue el Supremo el que pidió su admisión a trámite. Todo esto retrasa mucho el proceso.

Si la propuesta presentada por el Partido Popular para reformar la jurisdicción internacional llega a producirse, ¿esta causa se vería sobreseída?, ¿todo el trabajo de tantos años podría quedarse en nada?

Veremos a ver en qué términos se aprueba y qué podemos hacer nosotros. Lo más alarmante, por mucho que el Gobierno intente esconderlo, es que están intentando llegar a acuerdos económicos a cambio del silencio.

España está obligada a perseguir los crímenes contra la humanidad según diferentes tratados universales como la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, y la Convención contra la Tortura.

Si finalmente se archiva, ¿habría otra vía para que estos delitos no quedasen impunes?

Muchas veces los políticos, para defender sus ataques a la jurisdicción internacional, dicen que estos asuntos deberían tratarse en la Corte Penal Internacional. Esto es mentira. Ellos saben perfectamente que China no ha firmado el Estatuto de Roma y, por tanto, es imposible que este organismo intervenga.

Después, nombran a la ONU, que también queda descartada porque China tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los políticos saben que la única salida es la justicia universal, y están intentando acabar con ella.

Si se aprueba, ¿sería el fin de la justicia universal en los tribunales españoles?

Están cavando una fosa para que las víctimas queden olvidadas. Están enterrando la justicia universal. Intentan que estos terribles actos contra la humanidad queden impunes.

Es vergonzoso que, a cambio de dinero, estrechen la mano de otras llenas de sangre para hacer negocios. Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Es una falta de decencia política y moral. Se están arrodillando ante una dictadura sangrante. Cambian leyes democráticas a petición de países dictatoriales.

¿Cree que finalmente se aprobará la reforma?

Tienen mayoría para hacerlo. Han evitado los trámites consultivos para agilizar el carpetazo a la justicia universal entre las presiones chinas. Su objetivo es, claramente, archivar todas las causas de la Audiencia Nacional, y así quedarse tranquilos con sus negocios. Quieren enterrar la justicia universal.

¿Por qué no tienen la valentía de suprimir directamente el artículo 23? Es su meta, que lo reconozcan. Y ya no saben qué hacer para conseguirlo. Ya hicieron una reforma en 2009 –pactada por socialistas y populares–, y seguían colándose casos. No buscan acatar las decisiones judiciales, sino acabar con ellas.

¿Se está gestando algún tipo de respuesta desde el ámbito judicial?

Estamos a la expectativa de ver qué pasa en los próximos meses. Y, ojo, porque hay muchos colectivos de abogados que no se van a quedar cruzados de brazos. Esto es una auténtica vergüenza y están dejando a las víctimas totalmente tiradas. Hay mucha gente que no es indiferente a la justicia.

¿Se podría frenar esta reforma desde los tribunales?

Habría que mirar si estas acciones podrían ser susceptibles de algún ilícito penal. Lo que pretenden es muy claro: surge una decisión judicial que están obligados a cumplir y, en vez de hacerlo y colaborar para que se cumpla, modifican la propia ley. Por tanto, habría que reflexionar. La Constitución dice que es “jurisdiccional juzgar y hacer ejecutado lo juzgado”. También incluye que es obligatorio cumplir las resoluciones.

La causa abierta en la Audiencia Nacional sobre el genocidio del Tíbet ha acelerado la reforma de la justicia universal por las presiones recibidas después de lanzar una orden de detención sobre la anterior cúpula china. En vez de colaborar para ejecutar lo resuelto, se dedican a cambiar la ley.

Durante estos años, ¿en qué medida ha avanzado la investigación?

Numerosas víctimas han pasado por los tribunales, personas que han sido torturadas y que han logrado escapar del régimen y ponerse delante del juez para testificar. Los crímenes cometidos por el Gobierno chino están documentados en informes de la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de ONG como Amnistía Internacional o HMW, etc. Todos prueban una persecución directa.

Estamos a la espera de verificar un informe canadiense espeluznante sobre las extirpaciones de órganos de practicantes de Falun Gong para posteriormente ser vendidos a occidentales.

Recientemente, en diciembre de 2013, ha salido un informe importantísimo del Parlamento Europeo que ratifica la existencia de extirpaciones de órganos. Insta al Partido Comunista chino a acabar con estas extracciones forzadas y pide a los países miembros que den publicidad sobre este asunto tan desconocido para muchos.