Cobrar tarde y mal: las otras secuelas de los atrasos en la Seguridad Social en Las Palmas

Roberto (nombre ficticio) empezó a cobrar la pensión por incapacidad absoluta a finales de octubre. Quince meses antes había adquirido firmeza la sentencia que le reconoció el derecho a percibir esa prestación con carácter retroactivo desde abril de 2021. Es decir, que cuando Roberto comenzó a recibirla, la Seguridad Social le adeudaba más de treinta meses. Para sobrevivir durante ese periodo, este ciudadano había tenido que alquilar la casa que terminó de pagar cuando enfermó de fibromialgia y había habilitado como dormitorio el desván de su edificio, con el consentimiento de sus vecinos. 

La pensión se le ha quedado en 452 euros al mes (con 14 pagas). La Seguridad Social había acumulado con Roberto una deuda de 15.000 euros en esos dos años y medio. Pero no ha cobrado esa cantidad de forma íntegra. Sólo ha percibido poco más de la mitad, ya que se le han descontado cerca de 7.300 euros de la denominada Renta Básica de Inserción (RAI), una ayuda que recibió mientras esperaba por su pensión.

Roberto es uno de los perjudicados por los retrasos que acumula la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas en la tramitación de los expedientes para el cobro de las incapacidades. Ahora que ha recibido las cantidades pendientes, este ciudadano residente en el sureste de Gran Canaria se ha topado con otros perjuicios derivados de ese atraso de la administración a la hora de ejecutar una sentencia firme. 

En primer lugar, con el denominado complemento a mínimos, una cantidad que se añade al importe de la pensión cuando esta no alcanza el mínimo fijado por ley, como en este caso. Si el pensionista cumple determinados requisitos, como no tener otros ingresos o que estos no excedan de una cuantía fijada cada año en los presupuestos generales, tiene derecho a percibir el complemento a mínimos. En el caso de Roberto, su pensión se podría elevar de los actuales 452 euros a los cerca de 800 euros. 

Sin embargo, hay varios inconvenientes. En primer lugar, su aplicación está limitada en el tiempo. Sólo se puede cobrar a partir de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud. Y Roberto lo pidió en octubre. En el mejor de los casos, por tanto, percibirá ese plus desde julio de este año. Si la administración no se hubiera demorado en ejecutar la sentencia, este ciudadano podría haber percibido el complemento a mínimos, previa solicitud, desde el verano pasado. En consecuencia, no sólo ha cobrado tarde su pensión por incapacidad, sino que, además, ha perdido la posibilidad de ingresar las cantidades para llegar al mínimo, esos poco más de 300 euros mensuales de diferencia, durante, al menos, un año entero. 

Según cuenta, desde las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social le han explicado que, salvo que su abogado encuentre algún “resquicio legal”, sólo se le pagará el complemento a mínimos, en caso de que tenga derecho a percibirlo, con esa retroactividad de tres meses. Fuentes oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman este dato y precisan que las sentencias se ejecutan “en los términos que se indique” y que, si procede el pago de ese complemento, “se tiene que solicitar”. El abogado de Roberto no lo pidió en la demanda que presentó en los juzgados hace años. Sí lo hizo el pensionista en octubre, cuando empezó a cobrar. 

Hay otro problema añadido. La solicitud que Roberto acaba de presentar para percibir el complemento a mínimos de su pensión no se resuelve de inmediato. Según le han informado en las oficinas del INSS, la tramitación del expediente se puede demorar “hasta un año”. Mientras tanto, tendrá que vivir con una pensión de 452 euros. El afectado recuerda que la incapacidad absoluta es “incompatible” con cualquier trabajo y que, por tanto, no puede percibir durante esta espera ningún otro ingreso. 

Roberto ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo para denunciar lo que tilda de “injusticia”. Considera que la Seguridad Social se está ahorrando dinero “a costa de enfermos que han cotizado durante años (en su caso como autónomo) con mucho sacrificio”. “Esto no se ha solucionado, esto comienza ahora”, advierte. 

Esther Martínez también padece fibromialgia y tiene reconocida la incapacidad permanente absoluta. Empezó a cobrar su pensión en abril, catorce meses después de la firmeza de su sentencia. Vivió durante más de un año sin ningún tipo de ingreso, con la ayuda de los familiares, con una indemnización que había cobrado tras un accidente de tráfico y con los ahorros de un plan de pensiones que había congelado. 

En su caso, la pensión ronda los 670 euros mensuales. “Me parecía poco para llevar toda la vida trabajando”, dice Esther, que entonces desconocía la existencia del complemento a mínimos. Le informaron de esa posibilidad cuando acudió a la oficina del INSS. Lo solicitó y tardaron “tres o cuatro meses” en resolver. Su pensión se incrementó en cerca de 150 euros y le pagaron con carácter retroactivo “dos meses”, pese a que el tiempo en que permaneció esperando a que le pagaran la prestación fue de catorce meses. 

Gasto en medicamentos y abogados

La imposibilidad de cobrar el complemento a mínimos durante meses no es la única secuela de los retrasos de la Seguridad Social. Durante el tiempo de espera, los afectados por esas demoras han tenido que pagar por los medicamentos que necesitan, pese a que los pensionistas con rentas más bajas están exentos, no tienen que abonar cantidad alguna por ellos. El problema es que, salvo que hayan guardado las facturas de las farmacias, ahora no pueden reclamar la devolución de esas cantidades y, por tanto, tampoco se les va a suplir ese gasto económico. 

Las fuentes oficiales de la Seguridad Social señalan que el Ministerio es competente para resolver las reclamaciones relativas a las prestaciones farmacéuticas y que los pensionistas deben dirigirse a los centros de salud para que desde allí se les indique “qué justificante se necesita y cómo articular la reclamación” para recuperar esos gastos. 

Los afectados coinciden, además, en el coste económico que les ha implicado el proceso judicial para que les fuera reconocida la incapacidad permanente absoluta y, en consecuencia, el derecho al cobro de una prestación después de que la Seguridad Social se lo denegara. Tanto Roberto como Esther se han gastado cerca de 5.000 euros en asistencia letrada y en los informes periciales que han determinado que su estado de salud es incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional. 

Ambos señalan que la negativa de la Seguridad Social a reconocerles la incapacidad les ha obligado a afrontar un costoso procedimiento judicial que, unido a los retrasos en la ejecución de la sentencia, les ha sumido en la incertidumbre durante años. Roberto ya estudia la posibilidad de emprender acciones judiciales para reclamar los daños y perjuicios ocasionados, así como los intereses de demora en la ejecución del fallo. 

Avances, aunque lentos

Desde la Seguridad Social apuntan que la anterior directora en la provincia de Las Palmas diseñó un plan para “agilizar la ejecución” de sentencias y que, en la actualidad, se está reforzando el área con personal interino que se ha ido incorporando en los últimos meses. Aseguran que se han reducido los meses de retraso, aunque no dan cifras. 

Los sindicatos también aprecian avances, sobre todo a raíz del cambio en la dirección a principios de este año, aunque reconocen que el ritmo es aún lento.  Las centrales UGT y CCOO presentaron en septiembre del año pasado una serie de propuestas para reducir a un máximo de dos meses la espera para el cobro de una sentencia firme. “La perspectiva es diferente a la que había hace cuatro o cinco meses. El área se ha reforzado con más personal, pero venimos de una situación muy difícil, lamentable, con muchos retrasos”, explica Gustavo Martín, de UGT. 

El representante sindical cree que los cambios introducidos en los últimos meses van “en la buena dirección”, pero “necesitan tiempo”. “Se han ido incorporando trabajadores de forma escalonada, más de treinta, pero tienen que aprender y eso lleva su tiempo. Hay muchas demandas por incapacidad. Esperamos que los resultados empiecen a verse en tres o cuatro meses, que los datos mejoren.”, concluye. Los sindicatos alertan de que alrededor del 80% de los afectados cobra pensiones mínimas.