Refugiados en prisión y migrantes empujados a mendigar: así son los juicios a patrones de pateras en Canarias

Moussa y Ablaye salieron de Ndar (Senegal) subidos en un cayuco. En la barcaza viajaban 13 hombres, todos de Mali. Después de diez días en el Atlántico, el 27 de abril de 2021 llegaron por sus propios medios al muelle de Los Cristianos, en el sur de Tenerife. Tres días más tarde, Moussa y Ablaye ingresaron en prisión provisional acusados conducir el cayuco. Los dos fueron condenados a dos años y seis meses de prisión por favorecer la inmigración irregular.

''Solo en Canarias se acusa a patrones malienses, sin aplicar el artículo 31.1 de la Convención de Ginebra“, concluye la investigación sobre juicios a patrones de pateras en las islas realizada por el abogado de Extranjería Daniel Arencibia.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados concluye que los Estados no deben imponer a los refugiados sanciones penales por su entrada irregular a un país, al tratarse de personas que salen de territorios donde están en peligro su vida o su libertad. Mali atraviesa desde hace 12 años un conflicto armado que solo en 2022 acabó con la vida de 1.436 personas y provocó el desplazamiento forzado de 24.000 malienses. 

España, además, reconoció la protección internacional a 2.391 malienses en 2023, se trata de la nacionalidad con más solicitudes aceptadas, solo después de la ucraniana. A pesar de ello, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife son las únicas provincias que acusan a nacionales malienses por patronear pateras. El estudio contabiliza 22 casos en los últimos años. “No ocurre en las sentencias de las demás provincias analizadas”, concluye el análisis desarrollado por el abogado. 

Bloqueados en Canarias 

La investigación analiza más de 400 acusaciones formuladas por la Fiscalía en más de 200 sentencias emitidas en las provincias más tensionadas por la llegada de migrantes por vía marítima. El objetivo: comparar cómo se trata el delito de favorecimiento de la inmigración irregular en cada territorio. En Canarias, según el estudio, la Justicia impone penas más largas. 

También es más alto el tiempo que las personas pasan con antecedentes penales. Mientras que en las islas pasan cinco años para la cancelación de antecedentes, en el resto de comunidades el tiempo se reduce a tres años. 

Según el estudio, estas medidas truncan el proyecto migratorio de las personas migrantes y las bloquean en Canarias. Pasar hasta cinco años con antecedentes penales empuja a los supervivientes, una vez fuera de la cárcel, a vivir “de la beneficencia” evitando que puedan trabajar de forma legal y así conseguir los medios suficientes para salir del Archipiélago. 

Pateras taxi 

A diferencia de Almería, en Canarias no se dan casos de “pateras taxi”. Se trata de embarcaciones conducidas por personas que dejan a las personas migrantes en España y luego se marchan. En la ruta canaria, todas las personas que se suben a un cayuco o a una patera quieren llegar a Europa y están realizando su propio periplo migratorio. Cuando los patrones han llevado la barcaza para “lograr su propia inmigración”, la ley permite reducir las penas. 

Aun así, en Canarias la Fiscalía comienza pidiendo entre seis y ocho años de prisión, obviando este atenuante. En el resto de España, el Ministerio Público pide entre tres y cuatro años siempre que el acusado intenta huir de su país, explica Daniel Arencibia en su estudio. 

En Canarias, tres de cada cuatro acusados son condenados en conformidad, sin fase de prueba. En estos casos, la Justicia fija una condena de tres años de cárcel, mientras que en el resto de la Península, cuando hay conformidad, la sanción es de dos años de prisión. De los 32 acusados que llegaron a la fase de prueba analizados por el abogado, 18 fueron absueltos. 

Menores en prisión 

En ocasiones, un testimonio a pie de playa es suficiente para condenar a prisión al supuesto patrón de una patera. El Defensor del Pueblo ya ha puesto en cuestión los interrogatorios que Frontex y la Policía Nacional realizan a los supervivientes al llegar a las islas. Las entrevistas “se realizan mientras la persona acaba de llegar por vía marítima, en condiciones de peligro y vulnerabilidad”, ha subrayado el Defensor del Pueblo. Los interrogatorios han llegado a producirse sin presencia de abogados. 

El Defensor exige que las preguntas no se hagan a personas recién desembarcadas, ya que el objetivo es obtener información relacionada con delitos graves como el tráfico de migrantes o la trata de seres humanos. 

Estos interrogatorios llevaron a Moha a prisión. El joven senegalés llegó a Canarias desde Marruecos con 15 años. Al pisar tierra firme, dos ocupantes de la neumática aseguraron que él había sido el capitán del viaje. Pasó tres meses en la cárcel de Tahíche (Lanzarote), hasta que su abogada consiguió su partida de nacimiento. El documento demostraba que era menor de edad. Ahora está en libertad, pero ha quedado fuera del sistema de protección de menores del Gobierno de Canarias.

También Ablaye pasó un año y nueve meses en la cárcel siendo menor. Llegó a Tenerife desde Mauritania en 2021 y, después de un primer interrogatorio en el muelle, algunos de sus compañeros de viaje lo señalaron como patrón del cayuco. Cumplió los 18 años en la cárcel Tenerife II.

Su abogada logró sacarlo de la prisión al obtener su partida de nacimiento, que demostraba que tenía 16 años. “Son condenas muy altas. Se hunde la vida a una persona sin pruebas ni garantías y cuando los han expulsado psicológicamente los expulsan”, explicó a este periódico la letrada Sara Rodríguez.

Supuestos patrones menores de edad

Este mismo miércoles, la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado acerca de dos presuntos patrones de una patera que alegaron, una vez en prisión, que eran menores de edad. Según esta fuente, el pasado 21 de diciembre pasaron a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, dos migrantes africanos acusados de patronear una patera. Tras ser interrogados, la autoridad judicial acordó su ingreso en prisión preventiva como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Ninguno de los dos alegó ante el juez ser menor de edad, ni lo había alegado ante la policía previamente, añade.

Tras esta orden de ingreso en prisión, prosigue, el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana se inhibió en el conocimiento del caso a favor de Instrucción 2, de guardia cuando arribó la patera y, por tanto, el juzgado predeterminado por la ley.

Una vez en prisión y no antes, detallan las fuentes del TSJC, uno de los dos migrantes alegó ser menor de edad, y a los pocos días, lo hizo el otro. Al tener conocimiento de esta alegación, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 solicitó al Instituto de Medicina legal la práctica de una prueba de edad, y está a la espera de sus resultados para tomar una decisión. La prueba a ambos, concluye la misma fuente, se realizó este jueves.