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Pogromos antigitanos en Ucrania ¿genealogía de la próxima barbarie?

Manifestación en contra del antigitanismo

Patricia Caro

La violencia antigitana organizada y los desalojos dirigidos por autoridades públicas afiliadas a la extrema derecha azotan las comunidades romaníes en Ucrania. La inacción de las autoridades justifica la impunidad de los perpetradores y niega los derechos humanos más fundamentales a las familias romaníes sólo por una razón: su pertenencia cultural.

El 15 de julio un jardín de infancia y una iglesia romaní fueron quemadas en  Zakarpattia. El 2 de julio, una mujer romaní fue apuñalada en la misma región. El 23 de junio, una comunidad romaní a las afueras de Lviv fue atacada por un grupo de jóvenes enmascarados, mataron a un hombre de 24 años e hirieron a otros cuatro, incluido un niño de 10 años. El 7 de junio, otra comunidad romaní asentada en Kiev fue amenazada. La comunidad, compuesta por 60 personas, solicitó protección a la policía y se les denegó. Finalmente, tuvieron que salir huyendo. El 24 de mayo, el abogado que defendía el caso de un hombre romaní asesinado por un funcionario público en Jarkov, fue agredido en su oficina. Tres personas lo instaron a dejar de defender a los “gitanos”. Uno de los atacantes era un empleado de Járkov en la Fiscalía Regional. El 22 de mayo, un grupo de 15 hombres armados incendiaron otro campamento de romaníes en la región de Ternopil. El 9 de mayo, 30 personas enmascaradas incendiaron otro asentamiento en Rudne y las familias también se vieron obligadas a huir ante la desprotección policial. El 23 de abril, otro grupo incendió el hogar de una familia romaní en Kiev. El 21 de abril, un asentamiento romaní en Kiev fue desmantelado con violencia  por 30 hombres y terminaron por incendiarlo. Después de llegar a la escena, la policía no protegió a las familias y en cambio, les aconsejó que se fueran de Kiev. Estos ataques son  perpetrados por  grupos de extrema derecha, como 'Sobrio y Angry Youth', 'Nemezida'  o el grupo paramiliar de derecha radical C-14, que buscan reparar la corrupción del presidente ucraniano a través de la externalización del odio sobre las comunidades romaníes.

La sociedad civil ucraniana reclama la necesidad de garantizar un contexto de seguridad para la población romaní ucraniana y recuerda que la investigación efectiva de todos los ataques es de gran importancia para el país. Zola Kondur (Fondo de Mujeres Romaníes “Chiriklí”) concluye que “las autoridades deben comprender el peligro que supone la impunidad de las acciones de estos  grupos radicales”. Organizaciones como Minority Rights recuerdan que “el silencio de la policía nacional y el hostigamiento que involucra a funcionarios públicos, fomenta una cultura de impunidad”. El Consejo de Europa ha condenado los ataques a campamentos romaníes y el Centro Europeo de Derechos Romaníes junto con el Centro Nacional Romaní llevarán a la Policía Nacional ucraniana ante los tribunales.

Es urgente que las autoridades ucranianas prioricen con urgencia la creación de las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y protección de la población romaní junto con el cumplimiento de los derechos humanos. Además de ello, es fundamental implementar mecanismos garantes de la prontitud y transparencia en la investigación  de estos ataques, para que los perpetradores sean enjuiciados y la reparación sea inmediata.

En este contexto, la política internacional como relación sociocultural y diplomática cuyo fin es garantizar un contexto de paz que descanse sobre el cumplimiento de los derechos humanos, tiene una gran  oportunidad para demostrar el liderazgo español como promotor de culturas democráticas. Sin embargo, a pesar de que Sánchez recibió en Moncloa a Poroshenko en su primer acto como presidente, no ha trascendido ni una sola palabra sobre estos ataques antigitanos, lo que confirma el carácter neoliberal del progresismo socialista. Sálvese quien pueda. 

Los derechos humanos son inseparables de la seguridad  en cualquier contexto, especialmente cuando  son los Estados antigitanos quienes vulnerabilizan a las comunidades romaníes para luego  usarlas como diana del odio neofascista. Una cultura democrática, es una cultura de paz, una cultura feminista.  Sin embargo,  una cultura política que niega la importancia de erradicar las vulneraciones de derechos sobre las comunidades romaníes dentro de las agendas políticas internacionales, es una cultura política payocéntrica y patriarcal. Confirma la debilidad democrática de los estados en la sociedad globalizada del siglo XXI. Es una cultura de guerra.

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