La odisea de Serena Guidi, una peluquera de La Laguna, para poder presentar una demanda judicial es digna de figurar en los anales de la historia negra del servicio de turno de oficio que gestiona el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (ICATF) y financia el Gobierno de Canarias.
Lo que iba a ser un proceso judicial contra una mutua por secuelas de un accidente laboral en una peluquería se convirtió, durante cuatro años, en una increíble y disparatada odisea, porque, tras asignársele varias abogadas, estas le denegaban siempre plantear el litigio, alegando que era inviable, sin más explicaciones.
En 2018 la Comisión de Asistencia Gratuita de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario dio carpetazo a su impugnación por considerar que había prescrito el plazo para pleitear contra la mutua.
Pero una sentencia judicial -dictada el pasado mes de julio por el titular del Juzgado de lo Social 1 de Santa Cruz de Tenerife, Roi López Encinas- echó por tierra toda la argumentación del Gobierno canario, del Colegio de Abogados y de la propia Fiscalía, al darle la razón a la afectada en que el plazo para reclamar a la aseguradora aún no ha vencido y que tiene derecho a presentar una demanda, con el correspondiente abogado de oficio (el séptimo ya).
“Conmigo se ha estado cometiendo una injusticia durante años, un terrible fallo que ha enmendado a última hora el magistrado que ha visto mi caso; el Colegio de Abogados, que era mi esperanza, como para todos los que no tenemos recursos suficientes, pareció convertirse en mi enemigo, no me daban explicaciones de por qué no podía presentar la demanda; y si quería denunciar esta indefensión también necesitaba un abogado de oficio; era un círculo vicioso, me he sentido atrapada durante mucho tiempo, y es algo que no le debería pasar a nadie más”, explica Serena.
Ahora, tras la sentencia judicial está a la espera de que le asignen letrado para interponer la demanda, es decir, volver al principio de todo, y lo único que en realidad quería cuando hace cuatro años acudió a la habitualmente abarrotada sede de la entidad colegial, en el edificio El Cabo de la capital tinerfeña.
Esta sentencia salvadora para Serena fue posible porque la ley que regula la asistencia jurídica gratuita prevé que las impugnaciones contra las resoluciones de la citada comisión las diriman los Juzgados y sin necesidad, como resulta lógico, de que el recurrente necesite un abogado.
Una montaña de reclamaciones
El relato de esta tinerfeña es escalofriante, aunque ahora lo cuenta con la tranquilidad de haber ganado una primera batalla que jamás se imaginó que tendría que librar. Tiene una montaña de escritos. Unos presentados ante el Colegio Oficial de Abogados. Otros, ante el Parlamento canario: en 2016, a raíz de una pregunta al Gobierno registrada por Serena y canalizada en un pleno por una diputada de CC, el entonces consejero de Justicia, Aarón Afonso (PSOE), se solidarizó con ella y se comprometió a que situaciones como esta “no se vuelvan a repetir”.
Realmente tal declaración del gobernante no frenó la odisea de esta lagunera. Y escritos que también llegaron al Diputado del Común, que, cuando estaba al frente de esta institución Jerónimo Saavedra, declaró “obstruccionista y entorpecedora” la actitud del ICATF, pues no respondió a ninguna de sus “reiteradas” solicitudes de que emitiera un informe sobre la queja de Serena. El caso figura mencionado en el último informe anual de Saavedra al frente de esta defensoría del pueblo canaria.
Aunque no supuso ninguna sanción ni denuncia añadida, tal reconvención del Diputado del Común es una mancha negra en la historia de una entidad colegial que tiene que velar por que los ciudadanos vean satisfecha la defensa de sus derechos ante los tribunales, tal cual mandata el artículo 119 de la Constitución Española y se regula en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Nuevo escrito ante el Diputado del Común
Ahora, con la reciente sentencia en la mano, y tras la “tortura” que ha sufrido durante cuatro años, Serena ha vuelto a acudir al Diputado del Común, cargo que desde hace unos meses ocupara Rafael Yanes, ante el cual ha presentado un escrito para exponerle el “infierno” que ha debido vivir y pedirle que intervenga para corregir el deficiente funcionamiento de un servicio que pagan los ciudadanos con sus impuestos. “Ser abogado de oficio”, expone en su escrito a Yanes, “no debe ser ningún estigma para un profesional, sino un punto de partida para crecer como tal”.
La increíble, pero real como la vida misma, historia de Serena Guidi comienza cuando en 2014 sufre un accidente laboral y su mutua le da el alta. Tiempo después, en la sanidad pública la operaron y rehabilitaron, y confirmaron que los problemas de salud que padece son por un incorrecto diagnóstico de la aseguradora médica privada.
Tras esperar casi dos años, con tres abogadas de oficio diferentes, esta lagunera comprobó estupefacta que su tercera abogada de oficio en julio de 2016 había presentado una demanda judicial contra la Seguridad Social solicitando su incapacitación total, lo que le obligó a desautorizar ante un juzgado a su letrada. Pidió entonces una nueva letrada para denunciar por mala praxis a la anterior e intentar que continuara su caso.
Una sorprendente “cadena de errores”
Esta tinerfeña está convencida de que en algún momento una letrada de las que le asignaron cometió un error o una cadena de errores que nadie ha querido asumir (incluso al principio le indicaron que lo suyo debía ir a la jurisdicción civil, pero luego cambiaron a la laboral), por lo que siempre le decían que su demanda era insostenible, pero nunca le explicaban por qué. Ella sospechaba que el motivo es que el plazo, en contra de su voluntad, ya había prescrito no por su culpa, como a última hora le explicaron. El corporativismo (“el taparse unos a otros, perdiendo toda ética”, afirma) pudo hacer el resto para que no se depuraran responsabilidades, pues además a Serena siempre le rondó la mente demandar por daños y perjuicios a quien fuera responsable de este desaguisado.
Tras abordarse su caso en un pleno del Parlamento canario en 2016, el entonces viceconsejero de Justicia, Manuel Fajardo (PSOE), se reunió con ella, que también mantuvo un encuentro con directivos del Colegio de Abogados, del cual, desde noviembre de 2015, es decano José Manuel Niederleytner García-Lliberós. De Saavedra, a quien igualmente conoció, y su equipo de asesores, Serena solo pueda ofrecer palabras de “eterno” agradecimiento.
En busca de amparo incluso de la Fiscalía provincial
En el periplo de reclamaciones que ha tenido que recorrer, Serena incluso acudió a la Fiscalía provincial, donde le recogieron la documentación de su caso para examinarlo. “No es justo que se perjudique a una ciudadana sin recursos económicos que solo busca justicia y, en cambio, se encuentra con una pared cada vez más alta”, comenta esta lagunera, quien confiesa que todo este asunto le ha perjudicado “a nivel emocional”, pues cree que se le han vulnerado sus derechos constitucionales, y hasta ha tenido que tomar ansiolíticos por primera vez en su vida.
Quiere que nadie más tenga que pasar por una situación como la suya, “por la dejadez y el abandono del turno de oficio”, donde, pese a todo, cree que hay excelentes profesionales, y no desea generalizar, aunque reconoce que ella ha tenido “muy mala suerte”. Serena tiene claro que el ciudadano que no tenga dinero para pagar un abogado, se ve obligado a encomendarse al “tortuoso” trámite de la asistencia jurídica gratuita.
El caso es que cuatro años después, luego de tan agotadora y casi surrealista batalla, vuelve a estar en el punto de partida: el de reclamar contra la mutua, para lo cual está a la espera de su séptimo abogado de oficio. De todo este calvario le queda, como una moraleja, una reflexión que ha incluido en su nuevo escrito al Diputado del Común: “Con la verdad se va al fin del mundo, que es lo que decía mi madre y en honor a ella así lo digo”.