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Los problemas para encontrar casa alcanzan también a la España vaciada

El municipio de Aladrén, con un censo de poco más de 50 habitantes.

David Noriega

“Mi pareja y yo nos criamos en Zaragoza e íbamos al pueblo de vacaciones, en verano. Nos gusta mucho a los dos y llegó un momento en el que decidimos mudarnos. Vinimos a casa de nuestros padres y cuando tuvimos a la niña empezamos a buscar una casa para nosotros. Aún siendo los dos del pueblo y conociendo a todo el mundo, nos vimos francamente mal”. Silvia Benedí es vecina de Burbáguena, un pequeño pueblo de Teruel en el que apenas viven 250 habitantes y donde la mitad de las casas están vacías. Pese a esto, encontrar donde vivir está siendo para ella una tarea ardua. Una contradicción en uno de los pueblos de la España Vaciada que se enfrenta al reto de la despoblación.

Según el censo oficial de población y vivienda, en España había en 2011 -el Instituto Nacional de Estadística lo elabora cada 10 años- 3,4 millones de viviendas vacías. El 58% se encontraban en poblaciones con menos de 50.000 habitantes. Además, datos más recientes muestran que en el 53% del territorio vive el 5% de la población. Con estos números la cuenta debiera ser sencilla: mucha vivienda vacía y poca demanda debería dar como resultado una gran facilidad para encontrar un lugar para vivir en estas zonas. No es siempre así.

“Nuestro primer acercamiento fue a la casa familiar”, coincide María Navarro, que también se las ha visto para encontrar una casa en su pueblo, Luco de Jiloca, con poco más de 70 habitantes. “Cuando decidimos que nos queríamos quedar nos pusimos a mirar casas con los carteles de 'se vende'. Llamas y te encuentras con que las personas no tiene un interés real, porque a la hora de concretar una cita te ponen trabas. Las casas que vas a ver son viejas, hay que hacer muchos arreglos y te piden mucho dinero para que luego tengas que invertir en hacerlas habitables”, explica.

“Hay casas vacías, pero que tienen propietarios que no las ponen a la venta, porque la idea general es tenerla como segunda residencia para ir una semana al año o por si los hijos o los nietos la quieren”, indica la coordinadora de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), Sara Bianchi. Para ella, la accesibilidad también es un problema, tanto en habitabilidad como en precio. “Tienen un valor personal por el apego que se tiene con la casa del pueblo, de los padres o los abuelos. Este factor es muy importante”, recalca Bianchi. “También está la comparación con el mercado urbano, es un tema muy cultural: los que venden no quieren devaluar lo que venden y los que compran no están dispuestos a pagar lo mismo que en una ciudad”, explica.

“Lidiar con los herederos”

“Una vez que encuentras algo que más o menos te encaja, tienes que lidiar con el tema de los herederos”, continúa María. Ella y su pareja encontraron una vivienda que se ajustaba a lo que buscaban. Costaba unos 50.000, pero pidieron una hipoteca al banco por el 80% del valor de tasación (que se fijó en 70.000 euros). “En principio todo parecía muy fácil porque económicamente les resultábamos rentables: tenemos trabajo, pedíamos una hipoteca baja y a poco tiempo (10 años). Cuando empiezan a hacer el estudio te piden la tasación, el certificado de eficiencia energética, etc. Les mandamos toda la documentación y nos dicen que no nos dan la hipoteca porque la casa no resulta una garantía. Les preguntamos por qué: nos dijeron que esa casa no les interesaba”, relata.

“Es muy palpable que a los bancos genéricos no les interesa una casa en un pueblo por mucho que el valor de la casa sea superior al de la hipoteca. Al final la hemos pedido en el banco del pueblo de al lado”, explica. Desde la Asociación Española de Banca explican que los bancos no coordinan su política comercial y que, tanto en pequeñas como en grandes localidades, “cada entidad toma sus decisiones considerando su propia política comercial y primando ofrecer la financiación que precisa el cliente bajo un esquema de transparencia y también de prudencia”.

El director del servicio de estudios de la sociedad de tasación homologada, Tinsa, Rafael Gil, indica que hasta ahora en el interior peninsular ha crecido más la demanda que los precios aunque ahora que está bajando el número de personas dispuestas a comprar una vivienda es más probable que se estén dando precios de oferta excesivos. En todo caso, matiza que los sobreprecios no se han dado en general en el interior peninsular sino en ubicaciones concretas de las principales ciudades.

Pagar más por la reforma que por la casa

Pero el precio no lo es todo. El 15% de los 3,4 millones de viviendas vacías que recoge el INE -que no incluye segundas residencias en la suma- están en ruinas y el 44% tienen más de 50 años. Esto pone a los potenciales clientes en otra tesitura complicada independientemente del precio de la casa: el precio de la reforma.

Siguiendo con el ejemplo de María, la casa que está en trámites de comprar “no tiene calefacción, hay que arreglar el tejado, la carpintería, cambiar la cocina”. “No hemos calculado del todo, pero alrededor de otros 50.000 euros, seguro”. Así, el precio se duplica y con la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria los bancos solo pueden prestar el 80% del valor de tasación o de venta, el que sea menos. La entrada y los gastos de la reforma ya superan con creces lo que pagan por la casa. Es decir, el precio puede ajustarse más o menos a la tasación, pero la reforma es lo que hace que alcance cifras que los compradores consideran desorbitadas.

“Lo que te cuesta una casa de pueblo no es la compra, sino la reforma que le haces después”, coincide Silvia, que ya se ha mentalizado de que algún día podrá vender la casa que encuentre, “pero jamás por el precio que voy a pagar”. La revalorización en la España vaciada es, a día de hoy, una utopía. “Entiendo que el problema con los bancos puede estar relacionado con eso”, apostilla Bianchi.

“Queríamos alquilar”

“Nosotros queríamos alquilar”, reconoce Silvia, “pero con el problema de las herencias, si consigues convencer a uno, luego tienes que convencer a toda la familia”, lamenta. Ahora está viviendo en la casa familiar mientras encuentra algo que poder comprar. “Si nos centramos en jóvenes que quieren irse a vivir al pueblo, nos encontramos con que no hay casas en alquiler o el mercado que hay no se conoce”, recalca Bianchi.

“Tiene que haber una administración que tenga capacidad y recursos económicos para promover viviendas y localizar a quien tiene capacidad de arrendarlas durante un periodo de tiempo”, indica el secretario general de la Federación de Concejos de España, Carlos González-Antón. En ese sentido han ido surgiendo iniciativas para poner en común a posibles arrendatarios con arrendadores. La consultora Energías y Activos Rural puso en marcha hace tres años el Proyecto Arraigo, con el que trabaja con ayuntamientos de Soria y la sierra norte de Madrid. “El problema que tenemos es el tema de las casas. Lo que sobran son casas, pero hay una dificultad para que los dueños las alquilen”, explica el director general de la compañía, Enrique Martínez Pomar. Con este sistema han conseguido alquilar cuarenta casas en la provincia de Soria y alguna más en Madrid. “Es una labor continua de sensibilización”, resume.

Una nueva distribución de la administración

Desde la Federación de Concejos de España apuntan otro escollo a superar: las normativas urbanísticas. “Las normas tampoco prevén posibilidades de ampliación de núcleos urbanos, por lo que no hay oferta de suelo para gente que quiere no solo comprar una vivienda, sino construirla o construir una pequeña nave para realizar actividades empresariales”, indica González-Antón. En este sentido, señalan que haría falta una nueva distribución de la administración. “Ayuntamientos de 100, 200 o 300 habitantes no pueden ser administrados como ayuntamientos, deberían ser otra cosa, como juntas de entidad local menor”, reclama. Cita el dato de Castilla y León, donde el 30% de los municipios tienen menos de 100 habitantes.

Con esa población la alcaldía queda en manos de gestoras o de vecinos que no cuentan con el respaldo de una estructura fuerte, ni recursos, ni apoyo. “No hay una estructura administrativa capaz de hacer políticas de repoblación y se toman decisiones absolutamente personalistas”, lamenta. Pone un ejemplo: “En toda la Cordillera Cantábrica hay herramientas como el banco de tierras o los bienes comunales, que se pueden poner al servicio de los vecinos, pero tiene que haber vecinos nuevos que los quieran aprovechar. Probablemente los residentes actuales no quieran que entren nuevos usuarios, por lo que hay que hacer políticas de pedagogía y sensibilización”.

“Hay ayudas”, reconoce González-Antón. Se refiere a los típicos anuncios de vivienda gratis para familias con hijos vayan a vivir a un determinado pueblo vaciado. “Un caso habitual son las antiguas escuelas o la casa del maestro. Es una forma de apoyar la política de asentamiento, pero eso tiene que ser sostenible. La familia que va ahí no tiene que ser solo porque la vivienda sea gratis. Si no tiene trabajo, al cabo de dos años se tienen que ir”.

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