Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Sevilla ponen fin a un mes de acampada tras lograr el compromiso del alcalde

Sanz y José Luis García con la plantilla de la ayuda domiciliaria

Sara Rojas

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Después de 36 días acampadas frente al Ayuntamiento de Sevilla reivindicando mejoras laborales, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio se han reunido este lunes con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y han decidido levantar el “asentamiento indefinido” que iniciaron el pasado 1 de abril. La decisión de confiar en la palabra dada la han tomado en asamblea una vez que el Consistorio ha hecho público el compromiso de estudiar la municipalización del servicio, expresado en privado durante el encuentro.

Ya por la tarde el Gobierno municipal ha informado en un comunicado que el regidor hispalense y el delegado municipal de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, se han comprometido a “promover un grupo de trabajo con todos los servicios municipales competentes para elaborar un informe y analizar la posible viabilidad de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio”, que solicitan las auxiliares desde hace años con la esperanza de que el Ayuntamiento termine asumiendo la gestión directa del servicio.

Al haberse comunicado públicamente –como solicitaron las representantes sindicales de la plantilla–, las trabajadoras de atención domiciliaria han acordado que el “compromiso público” es un gesto “suficiente” como para poner fin al campamento que instalaron hace un mes en señal de protesta frente a la casa consistorial. Así lo confirma a este periódico Ana Richarte, presidenta del comité de empresa de Serveo, una de las compañías subcontratadas por el Consistorio hispalense.

Abrir la puerta a la gestión pública del servicio

Cabe recordar que el pasado martes 30 de abril, las representantes sindicales del sector en Sevilla asistieron al salón de plenos del Ayuntamiento a fin de visibilizar sus demandas. Hasta ese momento, las profesionales de ayuda a domicilio recriminaban al regidor que no se hubiese “dignado a visitarnos ni a preguntarnos”. De hecho, el PP al frente del Gobierno local se negó a firmar una declaración institucional promovida por el grupo Con Podemos-Izquierda Unida en apoyo a las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria.

Sin embargo, durante la última sesión plenaria, el equipo de Gobierno anunció que el alcalde se reuniría con ellas este 6 de mayo y abrió por primera vez la puerta a que este servicio fuese gestionado directamente por la administración local en un futuro.

En concreto, el edil de Derechos Sociales manifestó que el Gobierno de José Luis Sanz está dispuesto a abordar “un plan piloto de municipalización” del servicio que habrá que implementar “poco a poco”, según “los diferentes lotes” en los que se divide actualmente el mismo. El delegado remarcó, eso sí, que ese plan estaba vinculado a la condición de que el Ayuntamiento cuente con un nuevo presupuesto municipal, pues actualmente opera con las cuentas de 2023 prorrogadas, al no mediar acuerdo entre los grupos políticos para un nuevo presupuesto. De modo que ese escenario no se podrá contemplar, como mínimo, hasta 2025.

Reforzar el papel de intermediario con las empresas

Además del compromiso contraído en lo relativo a estudiar la viabilidad de la municipalización, Sanz ha prometido “reforzar los mecanismos de control para que las empresas adjudicatarias del servicio cumplan las condiciones establecidas en los contratos”, que tienen suscritos con la administración local “hasta el año 2027”.

La plantilla viene denunciando la “precarización del sector” que achacan al hecho de “estar en manos de empresas privadas que solo miran por su propio interés lucrativo”. “Tenemos contratos precarios con horarios imposibles de conciliar, y como a la mayoría nos obligan a trabajar a turno partido, no podemos compatibilizarlo con otros empleos”, explicó a este periódico una de las trabajadoras, Lorena Aznar, por mencionar algún ejemplo del “maltrato” que dicen estar sufriendo “en cuanto a derechos laborales se refiere”.

La delegación de Barrios de Atención Preferente y Derechos sociales ha anunciado ahora que va a aumentar la intermediación entre los profesionales y las empresas adjudicatarias “para velar por el cumplimiento de las condiciones de los contratos de la prestación del servicio acordados con el Ayuntamiento”.

“Vamos a reforzar las supervisiones que ya se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento, con el fin de que haya mayor fluidez, control y se cumplan los pliegos del servicio de ayuda a domicilio por parte de las empresas adjudicatarias”, ha adelantado el alcalde a este respecto. Por su parte, las trabajadoras han dejado el campamento en el que han convivido durante 36 días con una promesa: “Si el alcalde no cumple volveremos”.

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