Test masivos contra la COVID: propaganda política que choca con la ciencia y los recursos sanitarios

“Los españoles tienen derecho a saber si están contagiados y el Gobierno tiene el deber de hacer test a toda la población”, dijo el líder del PP, Pablo Casado, a finales de abril. El principal partido de la oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho girar sus demandas en la pandemia sobre esta idea, que han intentando –con dificultades– llevar a la práctica en algunos de los territorios donde gobiernan como muestra de una mejor gestión. También se han sumado a la exigencia de test para todos los dirigentes de Vox y algunos ayuntamientos, de varios colores políticos, piden poderlos hacer a sus habitantes para “mejorar la seguridad sanitaria”. Pero la ciencia no tiene en este momento tan claro que estas pruebas masivas, vendidas políticamente como una vía para evitar contagios, sean útiles cuando no se tiene claro si hay inmunidad, si protege y por cuánto tiempo dura. ¿Estamos ante una nueva forma de populismo sanitario?

El impulso por los tests a toda la población –con pruebas si los individuos tienen anticuerpos con infección activa o resuelta– no está respaldado por la ciencia en este punto de la epidemia. Los expertos aseguran que dan “una fotografía temporal” y que, sin coordinación con las autoridades sanitarias, se trata de una “prestación sanitaria individual” que aporta poca información epidemiológica válida. La Sociedad Española de Salud Pública ha pedido a través de un comunicado al Gobierno nacional, a los autonómicos y a los locales que “bloqueen cualquier iniciativa populista para hacer test masivos” porque, advierten, es “innecesario” y “puede proporcionar una falsa sensación de tranquilidad y seguridad que desembocaría en un mayor riesgo de transmisión”.

“A la gente le encanta, pero ¿qué información sacas de ahí? Es una información personal, que está muy bien, pero a efectos prácticos no sé si merece la pena o es empezar la casa por la tejado. Es más populista que pragmático”, reflexiona Víctor Jiménez Cid, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, que considera ahora es “mucho más necesario asegurarse de que en primera línea hay suficiente infraestructura para diagnosticar cualquier caso y trazar todos sus contactos” para evitar rebrotes. Alfredo Corell, de la Sociedad Española de Inmunología, es también crítico. “No tiene sentido. Primero, porque pasado mañana el resultado puede ser distinto. Y, segundo, porque se amplía a la población general de forma unilateral cuando ni siquiera se ha terminado de testar a los profesionales expuestos al virus”. 

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, advirtió esta semana a las administraciones locales que “hacer carreras para ver quién ha hecho más test no nos llevará a nada”. El Gobierno lo considera una opción que “no es válida”. “Ni aquí ni en otro país”, aseguró el ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque. Ningún país grande ha emprendido un testeo masivo, aunque sí algunos territorios pequeños como Luxemburgo, Islandia o Andorra.

“No tiene sentido que se teste a toda la población”, apuntaba a finales de esta semana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El técnico reiteraba, como ya dijo en abril, que hay que “valorar bien si distraen recursos de allí donde son necesarios y cómo se van a gestionar los positivos” y advertía del peligro de “malgastar recursos”. “Se pueden hacer a colectivos concretos”, concede Sanidad, pero no en principio a toda la población porque “tienen una interpretación muy complicada”. 

El Gobierno de España ordenó en abril que toda organización público-privada que disponga de material de testeo debe ponerlo en conocimiento de la Comunidad autónoma y seguir sus indicaciones. Las autoridades recuerdan cada semana a las empresas que no deben realizarlas sin pasar por el filtro de Sanidad, pero no interviene para impedirlo. También muchos ayuntamientos están haciendo cribados a sus plantillas. Ahora a este frente se empiezan a sumar los tests a la población general en los municipios, cuyos alcaldes han descubierto que extender la propuesta a todos es una garantía de éxito.

“Desde los poderes públicos no se debe ofertar una prestación sanitaria si no tiene todo el sentido del mundo y esta es cuestionable. En las empresas y entre trabajadores municipales se está haciendo a mansalva y nadie dice nada. Se echa de menos que el Ministerio hable alto y claro”, asegura el epidemiólogo Fernando López Artalejo que considera que hacer extensibles los test a toda la población es “prematuro” todavía. “Puede ser una idea razonable cuando tengamos claro que tener anticuerpos representa inmunidad, cuál es la cantidad necesaria y cuánto durara la misma. Ahora es difícil saber qué significa esa prueba”. Otro costado del debate es que el resultado genere “una falsa seguridad” en los ciudadanos que les hagan obviar algunas medidas de distanciamiento obligatorias.

El frente de los ayuntamientos

La polémica ha estallado esta semana en Torrejón de Ardoz, un municipio madrileño que intentó pone en marcha por su cuenta pruebas masivas para sus 130.000 habitantes. La idea generó un incendio en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se desmarcó de la estrategia cuando el Consistorio ya tenía todo organizado para ponerla en marcha.

Al final, la Comunidad de Madrid ha optado por presentar unas instrucciones que, en la práctica, dan un salvoconducto a Torrejón –el municipio donde gobierna el alcalde más votado del PP en España– para seguir adelante con su plan, ejecutado con sanitarios de una empresa privada (Ribera Salud) detraídos de dos hospitales privatizados de Valencia. El trasvase ha generado sospechas en la Conselleria de Sanidat Universal, que ha abierto un expediente informativo a la concesionaria. 

La noticia ha levantado ampollas en el resto de alcaldes de Madrid, algunos de los cuales habían recibido previamente el no por respuesta. “Me llamó un alto cargo para decirme que no era recomendable hacer test masivos y que no había capacidad en los centros de salud”, asegura el alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala (PSOE), en conversación con eldiario.es. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el PSOE, anunció el jueves que solicitará a la Comunidad un estudio de seroprevalencia como el de Torrejón. Se abre la barra libre, y con ella, los problemas. 

De la teoría a la práctica 

Las promesas de realizar pruebas se topan con la realidad de la escasez de recursos y también con las dificultades de interpretación de los resultados. La Xunta de Galicia quiso ponerse en el mapa con un estudio de seroprevalencia mayor al realizado por Sanidad y tuvo que interrumpirlo a la mitad por la sobrecarga de la Atención Primaria, entre otras razones. En Madrid pasa lo mismo: la Comunidad no tiene capacidad para testar a sus 6,6 millones de habitantes pese a que el líder del partido que gobierna en ella defiende hacerlo.

“Si no hay test es imposible que reabramos la economía y es difícil prevenir que no haya rebrotes si hay personas a asintomáticas que ya están en la calle”, argumentó Casado. Ante las limitaciones evidentes, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso anunció test “masivos” pero “selectivos”. Y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, apoya también la teoría pero no la ejecuta en la práctica. “Siempre hemos defendido la necesidad de hacer test masivos, pero el Ayuntamiento no tiene la capacidad de poder hacerlo a los 3,3 millones de habitantes”. 

Ayala propuso desde Fuenlabrada a la Comunidad de Madrid comprar test para los 200.000 habitantes del municipio, aunque condicionando el testeo a que se hiciera en centros de salud. “Desde la más absoluta lealtad le hice una propuesta. Le preguntaba si había que hacer test masivos o no. Pero parece que nadie aconseja, ni siquiera a la consejería, hacerlos”, afirma ahora, una semana después. 

Los regidores saben que se trata de una iniciativa que da rédito político y genera confianza en los gobernantes, aunque los expertos y el Ministerio de Sanidad le den la espalda. “Está claro que hay una demanda social. Y si te la haces pues te vas a relacionar con más tranquilidad con tu abuela o con otros seres humanos. O si vas al peluquero prefieres que lo haya pasado”, apunta López Artalejo que advierte de una futura consecuencia no deseable: “Esto también puede abrir una puerta peligrosa a los pasaportes inmunológicos y a la discriminación”.