Izquierda Unida, el Partido Comunista (PCE) y la asociación Foro de Abogadas de Izquierdas (FAI-RADE) van a presentar una querella este jueves ante el Tribunal Supremo contra el rey emérito por las grabaciones de Corinna en las que describía posibles actividades ilegales de Juan Carlos de Borbón. Los querellantes creen que el monarca forma parte de una “estructura criminal” y que cuenta con un “importante patrimonio que se encuentra ocultado y protegido” de Hacienda.
La querella, presentada cuando se cumplen 40 años de la Constitución que recoge en su artículo 56 la “inviolabilidad” del rey, señala a Juan Carlos de Borbón como presunto responsable de otros seis delitos, además del de pertenencia a organización criminal: cohecho, delito contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude, tráfico de influencias, y por actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Completan la lista de querellados Corinna Zu Sayn Wittgenstein; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; Álvaro Orleans Borbón −primo del rey−; el abogado Dante Canónica; los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga Navarro, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. A todos, excepto al policía, al empresario Villalonga y a Sanz Roldan, los considera parte de una “estructura organizada con vocación criminal”, creada y mantenida en el tiempo para “realizar operaciones de índole económico con clara apariencia ilegalidad”. A Villarejo y a Villalonga los considera encubridores de las actividades.
En las grabaciones de Corinna, reveladas por El Español y Okdiario, la presunta amante del rey emérito sostiene que éste ocultaba dinero a través del “gestor financiero” de Gürtel en Suiza, Arturo Fasana, y afirma que posee una finca en Marruecos que le cedió el rey porque ella tributa en Mónaco, entre otras acusaciones.
El pasado septiembre, el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea archivó una pieza separada de la investigación al comisario Villarejo en la que figuraban las cintas de 2015. De Egea esgrimió, entre otros argumentos, la inviolabilidad del rey. Sin embargo, la Fiscalía se reservó la posibilidad de investigar una de las cuestiones sobre las que versa la conversación y en las que en principio no habría indicios de criminalidad en Juan Carlos I: Corinna habla con Villalonga y Villarejo del cobro de comisiones por la construcción del conocido como AVE a la Meca.
Abrir un debate sobre la inviolabilidad del rey
“Lo que hemos visto es que las actividades se han realizado a través de una estructura organizada, lo que se denomina una organización criminal, que ha funcionado de una forma regular y de larga data, y que parece que ha utilizado recursos del Estado para perpetrar sus fines presuntamente delictivos”, explica a eldiario.es Enrique Santiago, secretario general del PCE. “Si esto no es cierto, estamos equivocados y lo publicado es falso, lo mejor para la salud democrática es que se investigue. Ahora bien, si se intenta ocultar y pasar sobre ello, se extiende una sensación generalizada de que todo es cierto y hay personas que están por encima de la ley”.
Para el secretario general del PCE, una de las organizaciones querellantes, debe abrirse un debate sobre la inviolabilidad del rey para que no equivalga a una “inmunidad total o impunidad”, algo propio de “regímenes absolutistas”. “Hay tres puntos de vista: la inviolabilidad del rey afecta a todos los actos desempeñados por el jefe del Estado, afecta a todos los realizados durante la jefatura del Estado o únicamente a aquellos desempeñados durante la jefatura que tienen que ver con funciones del Estado. Nosotros creemos que es esto último”.
Lamenta la “gran irresponsabilidad” de que no se investigue: “No parece que sea bueno para las instituciones que se extienda un sentimiento generalizado de que están siendo utilizadas para cometer delitos”.