Seis meses después de publicar la primera entrega del 'caso Máster', el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique, han acudido este viernes a declarar a los juzgados de Plaza Castilla. Ambos periodistas han tenido que comparecer ante el juez en calidad de imputados por un supuesto delito de revelación de secretos después de sacar a la luz las irregularidades en torno al caso máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.
Tras su declaración en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Escolar y Ejerique han insistido en que, a pesar de las preguntas de la defensa de Cifuentes y de la propia Fiscalía, no revelarán cuáles han sido sus fuentes en el caso del máster de la expresidenta, igual que harían “en cualquier otro caso” o como haría “cualquier otro periodista”. Ambos han remarcado que tampoco confirmarán o desmentirán si la persona que ha sido señalada en la querella y en el periódico El Mundo como la supuesta fuente es, es el origen de la exclusiva de eldiario.es.
Escolar ha recordado que la protección de las fuentes periodísticas es un derecho constitucional y ha reconocido que se siente sorprendido por las preguntas de la Fiscalía sobre este asunto: “Me ha sorprendido que al interrogatorio sobre las fuentes, cuya protección es un derecho constitucional, se haya sumado la Fiscalía”.
Sobre su declaración, Ejerique ha destacado que ambos periodistas han tenido que defender “por qué esta exclusiva era relevante”. “Insistían en preguntar qué nos había llevado a publicarlo y hemos tenido que explicar que el periodismo consiste en revelar algo que alguien pretende mantener en secreto”, ha remarcado la redactora jefa de Política Social, que también ha destacado la reiteración de las preguntas de la acusación y de la Fiscalía sobre el asunto de las fuentes.
Ejerique ha señalado que le preocupa que hayan tenido que responder a “preguntas que no se deberían hacer porque son derechos que están amparados por la Constitución”. “Me preocupa por nosotros y por la salud democrática de este país. A ver si los periodistas vamos a tener que empezar a desfilar por aquí a que nos pregunten cómo hemos obtenido informaciones que son tan relevantes que han acabado en un juzgado y con la dimisión de una presidenta”.
“Cifuentes sigue mintiendo con esta querella”
“Cifuentes acusa a eldiario.es, a Raquel Ejerique y a mí de mentir de forma deliberada para perjudicarla, cuando quien ha mentido y sigue mintiendo con esta querella es la propia Cristina Cifuentes”, ha remarcado Escolar. El director de eldiario.es espera que con su declaración quede claro que no han cometido ningún delito de revelación de secretos, tal y como asegura la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que decidió querellarse contra los dos periodistas antes de dejar su cargo.
La declaración de Escolar y Ejerique se produce como consecuencia de la querella en la que la exdirigente del PP acusaba los periodistas de eldiario.es de un delito agravado de revelación de secretos, castigado en el Código Penal con entre uno y siete años de prisión. La Fiscalía ha advertido de que no ve indicios de delito pero trata de indagar en el origen de los documentos publicados por eldiario.es.
La jurisprudencia de los tribunales ha eximido hasta ahora a los periodistas del delito de revelación de secretos cuando la información publicada es veraz y tiene interés público. Sí ha habido condenas a funcionarios que hayan facilitado expedientes protegidos de la Administración. El Tribunal Constitucional establece que, siempre que la información sea relevante y veraz, prima la libertad de información frente al derecho a la intimidad.
El Consejo de Europa lanzó una alerta a principios de julio criticando el procedimiento abierto contra Escolar y Ejerique, los autores de la exclusiva. “Un político español trata de que encarcelen a dos periodistas que desenmascararon un fraude escandaloso”, asegura la Plataforma del Consejo de Europa en la redacción de la alerta que ha sido comunicada a la autoridades españolas.