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–¡Sólo cinco minutos!
Dice el agente de la Policía Nacional.
–Entramos para recoger dos bolsas y nos vamos.
Responde la mujer del top y las mallas fosforito, que va al volante de un Volkswagen Golf. En el asiento del copiloto hay otra mujer, vestida igual, pero en tonos oscuros. Tiene la mirada perdida y un cigarro apagado en la boca.
–Venga, ¡pero cinco minutos, por favor!
–Gracias.
El coche cruza una puerta corredera que abren las manos de otros policías y avanza unos metros hasta detenerse en la sombra de un algarrobo. Las mujeres bajan, meten en el asiento trasero una televisión de bastantes pulgadas y varias pelotas gigantes: son, comprimidas por unos cuantos metros de cinta adhesiva, las últimas pertenencias que sacan de la casa que abandonan.
Hacia la una de la tarde, las ochenta personas que ocupaban esta finca ya han sido desahuciadas. Gloria Corral vive en la misma barriada, Cas Serres, situada en el extrarradio de Eivissa. El pasado julio supo que se había iniciado un proceso judicial para vaciar la propiedad. “Me lo contó una vecina, a la que conozco bien, y que vivía aquí desde hace muchos años”, cuenta Corral, que ha acudido hasta el lugar vestida con la camiseta verde de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ella es la coordinadora insular de un colectivo que, durante los últimos meses, ha intentado echarle una mano a los desahuciados. Sin éxito.
“Aunque aquí dentro vivían muchas familias –había diecisiete menores–, tan sólo pudimos tramitar un certificado de vulnerabilidad. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Eivissa se pusieron en contacto con ellos, pero la mayoría no se presentó para entregar la documentación necesaria, que luego debe estudiarse a fondo para validarla. Muchos tenían miedo de que, al quedarse sin hogar, les quitaran la custodia de sus hijos. La mayor parte de la gente que han desahuciado hoy tenía trabajo, algunos, durante todo el año. Pero, con sus ingresos, no tienen alternativa habitacional, ni en el sector público ni muchísimo menos en el privado. Hace unos días, una chica contactó con la PAH porque está pagando 1.300 euros al mes por una cama en una habitación compartida. Esa es, ahora mismo la realidad de Eivissa”.
Muchos tenían miedo de que, al quedarse sin hogar, les quitaran la custodia de sus hijos. La mayor parte de la gente que han desahuciado hoy tenían trabajo, algunos, durante todo el año. Pero, con sus ingresos, no tienen alternativa habitacional, ni en el sector público ni muchísimo menos en el privado
La historia de las ochenta personas desahuciadas se divide en dos partes. La primera comienza hace unos quince años. Entonces, empezaron a llenarse de inquilinos unos edificios rectangulares con tejado a dos aguas. Fueron barracones del Ejército, pero el terreno se desmilitarizó hace décadas. Ocupan el extremo norte de esta finca de 11 metros cuadrados, justo donde aparcó el Golf. Cuando la otra casa que hay ahí dentro dejó de explotarse –fue un restaurante, y luego, un hotel-bar musical que tuvo fama: el Rustic–, los barracones se reconvirtieron en apartamentos. Y se alquilaron. “A los inquilinos les cobraban unos 400 euros al mes. Pero eran acuerdos verbales con la persona que vivía en la casa grande. Con el tiempo, se dieron cuenta de que el casero no era realmente el propietario. También, que la luz estaba pinchada”, explica Corral. Fue entonces, hará unos diez años, cuando decidieron dejar de pagar.
Después del confinamiento arranca la segunda parte de la historia. “Hará unos dos años”, continúa la coordinadora de la PAH, “la población de la finca creció”. Los precios no dejaban de subir y encontrar vivienda en Eivissa se hacía cada vez más duro. “Llegaron unas treinta personas más, que aparcaron sus caravanas o plantaron una infravivienda. No podemos negar que ha habido actividades ilegales aquí dentro”, comenta.
El juzgado de primera instancia número 3 de Eivissa comenzó a tramitar el expediente de desahucio después de que el vigilante que habita actualmente la casa grande lo solicitara en nombre de la nueva propiedad: Ibiza Dalt Developments. Es una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria con sede en Pozuelo de Alarcón, Madrid. “El juicio ha durado un año y medio, y acaban de ganarlo. Algunas familias presentaron un último recurso, pero no prosperó porque les faltaban, precisamente, los certificados de vulnerabilidad. La abogada les comunicó que el juez los había solicitado, pero sólo disponían de cinco días, y, en un plazo tan corto, era imposible conseguirlos”, dice Gloria Corral.
Ella sabe que algunos desalojados han podido pedir cobijo a familiares. Hay escapatorias de todo tipo, sin embargo, para no verse a la intemperie. En la isla (“alquilando una caravana y encontrando un lugar donde poder aparcarla”) y,también en la península (“una familia ha mandado a sus hijos a Granada”). Varios de los niños que vivían en los barracones, probablemente, estén en las aulas o jugando en el patio del Poeta Villangómez mientras se produce el desahucio: el colegio está en la acera de enfrente, a apenas cincuenta metros de los que han sido sus hogares.
Varios de los niños que vivían en los barracones, probablemente, estén en las aulas o jugando en el patio del Poeta Villangómez mientras se produce el desahucio: el colegio está en la acera de enfrente, a apenas cincuenta metros de los que han sido sus hogares
En el portón, un hombre pide a la pareja de agentes que lo custodia permiso para sacar un último macuto. Lo consigue. Otro hombre sale empujando el respaldo de una silla de ruedas y se marcha con ella por el camino de tierra que lleva a la finca. En la entrada hay dos clases de vehículos. A un lado, en línea, varios coches de los desahuciados. Al otro, en batería, seis furgonas policiales.
Durante unos minutos, las órdenes que intercambian los agentes son difíciles de comprender. Un helicóptero con los colores y el escudo de la Policía Nacional sobrevuela la zona mientras el ruido del motor y las hélices ocupan el ambiente. La mayoría de habitantes abandonaron esta colonia al margen de la ley antes de que se firmara la orden judicial. Seis antidisturbios, con el casco colgando de la cintura, cruzan la explanada –llena de otros coches, algunos abandonados, medio desguazados– que separa la casa grande de los barracones. Cargan mazas y un ariete. Aparentemente, no los han utilizado. El servicio de prensa de la comisaría de Eivissa confirma que su dispositivo concluyó sin incidentes.