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Las reivindicaciones que las fuerzas de izquierda han dejado fuera de su acuerdo presupuestario

El prresidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el lider de Unidos Podemos, en una foto de archivo.

Rodrigo Ponce de León

El grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea celebra el acuerdo presupuestario con el Gobierno por revertir los recortes  sociales y laborales mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguran que se trata de un pacto que “cumple con nuestro compromiso con los ciudadanos y las ciudadanas y cumplen también con el compromiso que tenemos con nuestros socios europeos”. Sin embargo, hay medidas de calado que tanto la confluencia de izquierdas como el PSOE señalaban anteriormente como imprescindibles y que se han quedado fuera del documento refrendado por ambas partes. 

Estas son algunas de las medidas que ambas formaciones políticas defendían en la oposición pero que, con la llegada del PSOE al Gobierno, se han ido diluyendo hasta no entrar en el acuerdo presupuestario o entrar descafeinadas y perdiendo su posicionamiento original.   

Convenios sectoriales

Tanto el PSOE como Unidos Podemos siempre han mantenido una posición muy clara respecto a la reforma laboral. Ante la dificultad de derogarla, tras la moción de censura y ya en el poder, el PSOE propuso modificarla para que el convenio sectorial se impusiera sobre el convenio de empresa y evitar el descuelgue de los convenios sectoriales en caso de dificultad económica.  “Hay que rescatar el convenio sectorial”, pregonaba la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Unidos Podemos llegó a registrar una proposición de Ley para dar prevalencia a los convenios sectoriales frente a los de empresa que fue vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Tan clara era la posición del PSOE y Unidos Podemos en el tema de los convenios laborales que lo primero que hizo la patronal CEOE fue pedir que no se eliminara la reforma laboral cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Un reciente informe del FMI sobre España pedía específicamente: “Resulta crucial preservar el espíritu de las reformas, en particular la prevalencia de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales”. No está claro si las palabras de CEOE y el FMI han hecho mella en los partidos de izquierda pero lo cierto es que la prevalencia de los convenios sectoriales no se incluye en el acuerdo presupuestario

Regla de Gasto

La regla de gasto se convirtió en un caballo de batalla para la izquierda durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Tanto el PSOE como Unidos Podemos presentaron varias proposiciones en el Congreso para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apretaba a los municipios para controlar el déficit sin permitirles invertir su superávit.   

Aunque en el acuerdo presupuestario se flexibilizan las normas, la regla de gasto sigue en vigor y sin que haya sido modificada. En este cambio de posición se  entrevé la sombra de Bruselas en la sujeción de la capacidad financiera que se permite a los municipios. Hace dos meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya se comprometió a modificar y cambiar el cálculo de la regla de gasto para hacerla más transparente, aunque mantuvo la necesidad de cumplir con las reglas de estabilidad presupuestaria comprometidas con la Unión Europea. 

Impuesto a la banca

Cuando estaba en la oposición el líder del PSOE propuso crear un nuevo impuesto a la banca que permitiera recaudar hasta 1.000 millones anuales destinados a reducir el déficit de la Seguridad Social. “La banca fue rescatada por todos los españoles; ahora pedimos a la banca que contribuya al rescate del sistema que mejor representa los intereses de todos los españoles: su sistema de Seguridad Social”, argumentaba un documento de los socialistas. La propuesta agradaba a Unidos Podemos que defendía un impuesto específico a la banca para recuperar parte de los 65.000 millones dedicados al rescate bancario.  

Finalmente, Unidos Podemos ha accedido a eliminar el impuesto específico a cambio de admitir una subida al 18% del impuesto de sociedades a la entidades bancarias y la creación de un tasa a las transacciones financieras. 

Impuesto de sociedades sobre resultado contable

Tanto el PSOE como Unidos Podemos tenían en un primer momento un planteamiento claro para incrementar el Impuesto de Sociedades: debería ser sobre el resultado contable. El ministerio de Hacienda estudió el impacto de desarrollar tributación mínima sobre el resultado contable y no sobre la base imponible que se traducía en que la recaudación de multiplicaba de una forma significativa. 

Teniendo en cuenta el resultado contable los grandes grupos empresariales solo pagaban el 6,14% en 2016, según datos de la Agencia Tributaria. La CEOE salió rápidamente al paso para pedir que el tipo mínimo del 15% se aplicara sobre la base imponible, de hecho aseguraban que los grandes grupos pagan un 15,4% sobre su base imponible. Unidos Podemos además quería que se aplicase sobre el resultado contable para que se vieran afectados por el impuesto los beneficios internacionales.

Finalmente, se ha establecido un tipo mínimo del impuesto de Sociedades del 15% sobre la base imponible, como pedía la patronal, pero se reduce la exención en un 5% sobre los beneficios en el extranjero que hasta ahora estaban exentos al 100% con la excusa de evitar la doble imposición. 

Factor de sostenibilidad de las pensiones

Con el PSOE y Unidos Podemos en la oposición había un grito continuo para eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones que el Gobierno de Mariano Rajoy había impuesto en la reforma de las jubilaciones que aprobó unilateralmente en 2013. El factor de sostenibilidad añade la variable de la esperanza de vida a otras como la edad de jubilación o los años cotizados para calcular la pensión de un jubilado. Con la esperanza de vida cada vez mayor, esta variable actúa como un reductor de la cuantía de la pensión.  

El PSOE llegó a registrar un escrito ante la Mesa del Congreso con el fin de intentar rescatar su enmienda al proyecto de Presupuestos de 2018 del Ejecutivo de Rajoy para derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones. Unidos Podemos presentó proposiciones de Ley para eliminar este factor. En el acuerdo entre el Gobierno socialista y la confluencia de izquierdas no se menciona al factor de sostenibilidad. 

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