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ENTREVISTA | Ricardo Rodríguez (Técnico de Hacienda)

“El sector privado está usando las puertas giratorias en la Agencia Tributaria para ahorrar impuestos”

Ricardo Rodríguez, técnico de Hacienda. Foto cedida.

Marina Estévez Torreblanca

Ricardo Rodríguez es funcionario de la Agencia Tributaria desde hace 27 años. Trabaja en la unidad de Grandes Empresas, donde su labor consiste, sobre todo, en librar “oscuras e interminables escaramuzas jurídicas y procedimentales”, en ocasiones con antiguos compañeros que ahora trabajan en despachos privados y conocen muy bien los recovecos de la casa. El sistema “permite que se use la norma fiscal para eludir el pago de impuestos si se atesora el dinero suficiente para comprar el camino a la indulgencia”, denuncia.

Este técnico de Hacienda, que ha publicado varias novelas y libros de poesía, acaba de sacar al mercado “Los impuestos en la ciudad democrática” (El Viejo Topo), un título que homenajea a Vázquez Montalbán –“quizá este libro le podría gustar”, dice–. En él analiza con un lenguaje divulgativo el sistema fiscal en España y recopila algunos artículos suyos sobre tributos publicados en prensa.

“Los funcionarios de Hacienda tendemos a ser muy tímidos y no hablar de nuestras cosas. No somos unos carniceros que perseguimos vorazmente a los ciudadanos porque vamos a cobrar objetivos ni queremos hundir ninguna empresa. Solo velamos por los ingresos públicos”, argumenta Rodríguez. 

La primera pregunta tiene que ver con el episodio del impuesto sobre las hipotecas. El Tribunal Supremo defendió que lo pagara la banca, después vuelve al esquema anterior que hace pagar al cliente ¿Qué le ha parecido esta sucesión de acontecimientos?

Es verdad que hay argumentos técnicos y jurídicos para defender una posición u otra pero eso es lo de menos. Los profesionales de la Agencia Tributaria estamos acostumbrados a lidiar con muchísimas sentencias del Supremo que no compartimos. Creo que hay una formación fiscal muy deficiente de nuestro poder judicial. Son muy conocedores del derecho, pero son muy poco de la mecánica de los impuestos.

Es una auténtica aberración que se corrija una resolución judicial por motivos extrajurídicos. El sector financiero en este país tiene demasiado poder, y el Tribunal Europeo ya lo ha dejado claro en varias ocasiones. Me ha resultado muy inquietante porque demuestra que hay mucha fuerza para torcer decisiones judiciales.

¿Y qué opina de las distintas reacciones políticas a todo este embrollo?

La propuesta de modificación legal para que a partir de ahora tenga que pagar el impuesto la banca que ha hecho el presidente del Gobierno me parece una buena noticia, aunque un tanto oportunista. Creo que lo correcto es abordar una reforma en profundidad de toda la normativa hipotecaria para reducir privilegios de la banca sobre los que ya nos ha advertido el Tribunal Europeo, según ha sugerido Alberto Garzón. Me causa estupor la propuesta del señor Pablo Casado de suprimir el impuesto sin más, porque supone tanto como decir que el impuesto no tiene problema mientras no deban pagarlo los bancos, porque si es éste el caso hay que quitarlo. Y la pretensión que anuncia Pablo Iglesias de que la norma se apruebe con efecto retroactivo, aunque sea comprensible y buena la intención, es sencillamente inviable en nuestro sistema tributario. El artículo 10.2 de la Ley General Tributaria prohíbe de forma explícita la retroactividad de las normas tributarias.

Trabaja en la unidad de Grandes Empresas de la AEAT. ¿Es testigo del uso de especialistas para lograr eludir impuestos? ¿Cuáles son sus técnicas habituales? ¿qué puede hacer el poder político y judicial para evitarlo?

Yo trabajo en la unidad de Grandes Empresas regionales, las intermedias. Las de verdad grandes están en la Unidad Central de grandes contribuyentes. No obstante, hay empresas grandes de las que nos ocupamos porque son filiales de grupos. Mi vida como profesional de la Agencia es casi exclusivamente dedicarme a ver sentencias, doctrina, normativa, y a interpretar jurídicamente los hechos imponibles. Lo cual quiere decir que tenemos un sistema tributario aberrantemente complicado que para el ciudadano común es una barrera, pero para las grandes empresas y fortunas es una oportunidad de ahorro fiscal.

Creo que el mayor volumen de ahorro fiscal viene por la propia complejidad del sistema que permite interpretaciones muy dispares de hechos imponibles. Que permite usar vías de procedimientos muy complicados, de manera que estamos muchos profesionales, y al otro lado también profesionales que a veces proceden de nuestra propia casa, ocupados en interpretar normas.

¿Qué le parece este trasvase de profesionales de la Agencia Tributaria a despachos y empresas privadas que usted menciona?

Es un problema muy grave y debe abordarse. No digo que mis compañeros que se pasan al sector privado estén haciendo un uso fraudulento de la información e incumpliendo la ley. Digo que la ley debe reformarse para que haya un mínimo de años en los que no se pueda uno dedicar a asesorar a quienes has controlado desde la administración pública. Y después creo que como mínimo debería perderse la plaza: quien está en el sector privado no debe volver al sector público salvo que vuelva a aprobar oposiciones. Se habla constantemente de la puerta giratoria de los cargos de primer nivel, pero hay altos funcionarios de segundo y tercer nivel que disponen de más información, técnicamente están más cualificados y que están siendo aprovechados por el sector privado para ahorrar impuestos.

El cuerpo de inspectores de Hacienda es el segundo después del de abogados del Estado que tiene a más gente en el sector privado. Y no cogen a quien acaba de aprobar la oposición, sino a inspectores o técnicos de Hacienda que llevan unos años de rodaje y que conocen la maquinaria por dentro. Eso es enormemente peligroso, y existen conflictos de intereses inevitables.

¿En su experiencia profesional, cree que las cosas funcionarán mejor con los cambios en el pacto presupuestario que afectan al impuesto de Sociedades? Se suben tipos y se establece un mínimo de tributación.

Esa parte del acuerdo me parece la mejor, porque sí apunta a problemas reales y de fondo que estamos teniendo constantemente: vuelven las competencias sobre las sicavs a la Agencia Tributaria, se apunta a las socimis, que es una figura que debe tender a desaparecer. Otras cosas las echo de menos. Hay un desajuste entre el plazo de prescripción, que son cuatro años, y los plazos de aplicación de deducciones que llegan hasta 18 años, la de gasto financiero neto es eterna. Si tienes un límite de comprobación de cuatro años, y un límite de bases negativas (resultados negativos de años anteriores que tienes derecho a ir descontando de tu factura) de diez años, la comprobación es realmente muy difícil.

En cuanto a los tipos mínimos efectivos no sé cómo lo van a hacer. Si mantienes las deducciones y su proyección temporal y las bases negativas ¿cómo vas a aplicar un tipo efectivo mínimo? Si el problema es que los grandes grupos reducen de su tipo nominal al efectivo por las deducciones y exenciones es eso lo que hay que revisar.

¿Qué le parecen los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a las empresas tecnológicas? ¿Funcionarán?

Tal y como están configurados hasta ahora soy bastante escéptico. Creo que hay que implantarlos, pero no me parecen bien diseñados. En mercados oligopólicos es muy fácil trasladar al consumidor el gasto final. El impuesto a las transacciones financieras deja fuera a los derivados, con lo que el objetivo principal del impuesto, que no es tanto recaudatorio como regulatorio de un mercado, detraer del sistema especulación financiera, creo que no lo va a conseguir. Creo que su potencial recaudatorio es bastante más escaso que las grandes figuras tributarias.

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos es esperanzador porque supone un cambio de rumbo general. Pero estoy decepcionado porque en los dos grandes impuestos con la mayor capacidad de recaudación, IRPF e IVA, lo único que hacen es retocar un par de tipos, no plantean ninguna reforma estructural.

Sobre estos grandes impuestos, en su libro relata que en la primera reforma fiscal de la democracia la UCD establece 29 tramos de IRPF, un marginal (no medio) máximo del 65,5% y mínimo del 15%. ¿Qué ha pasado para que este impuesto se haya ido haciendo cada vez menos progresivo?

Es menos progresivo sobre todo desde inicios de los 90, en los primeros gobiernos del PSOE se mejoró más. Entonces todas las rentas, fuera cual fuera su origen, capital o trabajo, pagaban por igual. Eso fue así hasta mediados de los 90 y no hubo una gran fuga de capitales. El propio IRPF recogía la transparencia fiscal, que impedía que cosas como las sociedades patrimoniales, hoy tan de moda, se pudiera hacer: el beneficio no distribuido se metía en la base del impuesto. La contrarreforma de nuestro sistema tributario desde finales de los 70 (cuando lo diseñó Enrique Fuentes Quintana, que no era un rojo peligroso) hasta hoy es tan brutal que volver a implantar el impuesto de la renta de 1978 a algún sector de la derecha le parecería radical y revolucionario. Y los sectores progresistas no han prestado la atención debida a estas batallas, que son difíciles: tienes que explicar a la gente que el mantenimiento de los servicios públicos tiene un coste, de contribución de todo el mundo.

Ha mencionado el uso de sociedades patrimoniales. ¿Qué le parecen casos como los de Monedero, Maxim Huerta o Pedro Duque, o la sociedad que establecieron los Aznar?

La ley no permite la constitución de sociedades mercantiles ni ningún negocio jurídico, sea cual sea su naturaleza, con el único fin de pagar menos impuestos. El artículo 31 de la Constitución no dice en ningún sitio que puedas pagar menos impuestos si eres más listo o si puedes contratar un asesor fiscal. La elusión fiscal también debe ser ilegal. Grupos internacionales que por medio de sociedades del mismo grupo puedan mover activos donde más les convenga hacen una manipulación fraudulenta de precios.

¿Qué le parece la propuesta de elevar el IVA? Bruselas asegura que aún hay margen. En su libro habla de los bienes Griffin, aquellos a los que nunca se puede renunciar pese a tener bajos ingresos y que están sometidos a estos impuestos indirectos

Es curioso que el marginal máximo de IRPF haya pasado del 65 al 45%, dependiendo de la comunidad autónoma y el general de IVA pase del 12% en 1986 al 21% ahora. El principal impuesto indirecto tiene una tendencia opuesta a la del principal impuesto directo. Eso hace que el conjunto del sistema sea cada vez más injusto. La tentación de subir los impuestos indirectos, también los especiales, es una constante en el poder político, incluso en la izquierda a veces, porque son de devengo inmediato, tienes el dinero de inmediato.

Los directos, IRPF y sociedades, necesitan un tiempo de implantación, pero sus soluciones son más permanentes. Ya un 21% de IVA me parece un escándalo, que parece que hemos aceptado, y se va a jugar a sacar productos del tipo reducido a general. Eso ha sido otra decepción del acuerdo presupuestario.

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