El 28 de abril era una prueba. Muchas miradas aguardaban expectantes para ver si las calles de Bilbao volvían a llenarse de jubilados, como cada lunes en los últimos meses. La subida de las pensiones anunciada por el Gobierno, gracias al pacto entre el Gobierno y el PNV para sacar adelante los Presupuestos, no retuvo a los jubilados en sus casas: allí estaban de nuevo miles de personas, pese al puente y la lluvia. Tras un Primero de Mayo en el que las pensiones han estado muy presentes, este sábado 5 tiene lugar otra marcha de pensionistas a nivel estatal. La principal reivindicación del colectivo hasta el momento, la revalorización de las pensiones según el IPC, ha sido finalmente aceptada por el Gobierno para los próximos dos años. Entonces, ¿qué mueve todavía a los pensionistas para continuar con la movilización en la calle?
1. Las mejoras son solo temporales
El motivo que mantiene al mayor número de colectivos en la movilización es que el pacto entre los nacionalistas vascos y el Gobierno de Mariano Rajoy tan solo tiene carácter temporal: se han acordado mejoras en las pensiones (como la subida según el IPC) que suponen en la práctica dejar sin efecto durante unos años la reforma de las pensiones de 2013. Pero esa reforma sigue vigente, esperando “en el congelador”, destacaban este Primero de Mayo los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez.
El índice de revalorización de las pensiones (IRP) –que ha ocasionado las subidas mínimas del 0,25%– y el temido factor de sostenibilidad –que reducirá la pensión inicial de los futuros pensionistas según varios estudios– pueden volver a aplicarse cuando cambie la coyuntura política y social que ha arrinconado al Gobierno en este tema. “El acuerdo del PNV solo pospone el problema”, advierte Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección social de Comisiones Obreras, que recuerda que las movilizaciones no son solo por las pensiones de hoy, sino para proteger las jubilaciones de las generaciones futuras. Para los sindicatos y la Coordinadora estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, el Gobierno debe derogar la reforma unilateral de 2013, para volver a debatir sobre cómo mantener en el futuro un sistema público de pensiones suficiente.
2. Cautela hasta que se aprueben los Presupuestos
Los pensionistas prefieren no dar nada por sentado y, hasta que no vean la subida del 1,6% en sus prestaciones, no dejarán de presionar al Gobierno desde las plazas de toda España. Su exceso de cautela es justificado, defiende Leopoldo Pelayo, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones: “Estamos ante un Gobierno que miente. Que decía que no se podía subir las pensiones con el IPC y ahora vemos que efectivamente había dinero”.
El pensionista cree que “lo que le interesa al Gobierno es vender algo que no está consolidado y eso es lo que queremos recordar. Porque esto no garantiza nada para los próximos años y, además, para salir adelante depende de cuestiones como que siga en vigor el artículo 155”. Aunque todo apunta a que el Gobierno va a conseguir los apoyos para sacar las cuentas adelante, los pensionistas prefieren seguir con las movilizaciones hasta que sea un hecho.
3. Un mensaje para el Pacto de Toledo
En los carteles y el manifiesto para promover las marchas de este 5 de mayi se puede leer “hemos ganado una batalla, no la guerra”. La “guerra” es el futuro modelo de las pensiones, que está también en manos de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. La comisión debe emitir unas recomendaciones sobre el sistema público y ha servido tradicionalmente como una herramienta de consenso político en materia de pensiones. Sin embargo, el PP se saltó este precepto en su reforma unilateral de 2013, que fue aprobada sin consenso entre los grupos de la oposición y sin el visto bueno de los agentes sociales.
Tras mucho retraso en sus negociaciones, la comisión anunció la semana pasada un principio de acuerdo para modificar el mecanismo de revalorización de las pensiones. “Hay muchas incógnitas que quedan por resolver”, insiste Mari Carmen Barrera, secretaria de Política Social, Empleo y Seguridad Social de UGT, que cree fundamental mantener la defensa de la subida de las pensiones con el IPC ante este futuro acuerdo. Aunque los partidos del Pacto de Toledo coinciden en que la inflación sea un elemento “troncal”, algunos lo quieren condicionar a variables como el crecimiento económico y del empleo. Las movilizaciones pretenden también recordar a los diputados que el colectivo está pendiente de esta negociación.
Además, Mari Carmen Barrera precisa que aunque en el pacto anunciado por el Gobierno y PNV se ha vendido la subida de las pensiones con el IPC también para 2019, la letra pequeña de las enmiendas liga este incremento a lo que acuerde el Pacto de Toledo. Ocurre lo mismo con el retraso del factor de sostenibilidad hasta el 2023.
4. Garantía en la Constitución
La Mesa por el Blindaje de las Pensiones Públicas (MERP), que reúne a 250 organizaciones, defiende que es necesario crear un “artículo 135 para las pensiones, que se blinden como se blindó la deuda”, explica Joanen Cunyat, portavoz del colectivo que está recorriendo el Estado para recoger dos millones de firmas que suscriban su petición. Ahora enfocados en charlas en las universidades, para informar a los pensionistas del futuro, la MERP propone considerar las pensiones un derecho fundamental en la Carta Magna. Aunque no ofrece un redactado, la mesa considera que deberían estar presentes dos ideas: la prohibición de la privatización del sistema público de pensiones y de perder poder adquisitivo.
Entre los motivos para acudir a la marcha del día 5 de la Coordinadora Estatal figura dotar a las pensiones de una “protección reforzada en la Constitución” y los sindicatos también apoyan esta idea desde hace tiempo. No obstante, mientras que la MERP pone este objetivo en primer término, los otros dos colectivos enfocan más a la derogación de la reforma de 2013.
5. Acabar con la brecha de género en las pensiones
La diferencia entre las pensiones que perciben las mujeres y las de los hombres también es otro de los motivos que subrayan los pensionistas para seguir en la lucha. En la manifestación del Primero de Mayo, marcada por el feminismo este 2018, acabar con la brecha de género encabezaba la pancarta del colectivo de pensionistas de CCOO y UGT. “La brecha en las pensiones es muy superior a la del trabajo, es de un 36%”, recuerda Leopoldo Pelayo.
6. Reconquistar condiciones desde 2011
Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones defienden, además, derogar gran parte de los aspectos de la reforma de 2011, como la ampliación progresiva de la edad de jubilación a los 67 años. Este punto distancia al colectivo de los sindicatos, que recuerdan que la reforma de 2011 fue consensuada por las fuerzas políticas y los agentes sociales. Mari Carmen Barrera afirma que UGT está dispuesta a revisar cuestiones de la reforma en el debate para garantizar unas pensiones suficientes en el futuro, pero diferencia esta medida respecto a la que aprobó el PP sin apoyos en 2013.
En este tema, la Coordinadora propone volver a los 65 años como edad de jubilación y “que se devuelva todo lo perdido desde 2011 al momento actual” según una revalorización anual del IPC.
Aun con sus diferencias, los diferentes colectivos de pensionistas y los sindicatos coinciden en mantener las movilizaciones y acciones para que el tema de las pensiones no salga de la agenda política. La Coordinadora de pensionistas va a comenzar a movilizarse cada lunes en Madrid a partir de este 7 de mayo, siguiendo la estela de sus compañeros de Bilbao, aunque en horario de tarde, explica Leopoldo Pelayo. Los sindicatos están organizando una acción para mediados de abril. “Hay que seguir presionando, no podemos transmitir que hemos llegado donde queríamos llegar, porque no es verdad”, apunta Barrera.
Algo similar deben pensar los empleados públicos, que pese a haber cerrado con el Gobierno un acuerdo con mejoras hasta 2020, materializado como una de las “zanahorias” de Montoro en los Presupuestos, han presentado este viernes movilizaciones a partir del 21 de mayo. Los sindicatos piden un salario mínimo de 1.200 euros para todos los empleados públicos de la Administración General del Estado. “Es el momento, tenemos que recuperar derechos, ya nos toca”, defienden.