Una posible repetición electoral deja en el aire una subida de pensiones por encima del 0,25%

La subida del 0,25% de las pensiones de la 'era Rajoy' vuelve a ser protagonista. La incertidumbre sobre la formación del Gobierno central tras las elecciones del 28A, con la posibilidad de una repetición de los comicios si no hay acuerdo, ha recuperado el temor a la cuasicongelación de las pensiones al inicio de año. CCOO alerta de que un Ejecutivo en funciones “en principio no puede” evitar este incremento mínimo, porque para ello se requiere de una norma con rango de ley. Desde el Ministerio de Trabajo reconocen que es “complicado”, puesto que un Gobierno en funciones tiene restringidas sus posibilidades de actuación, pero aseguran que “es posible” aprobar un real decreto-ley que impida el retorno del 0,25% en enero.

Si no se interviene, el horizonte en enero es este incremento mínimo para los pensionistas que sacó a miles de pensionistas a las calles al final del mandato de Rajoy. La reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno del PP en 2013 incluyó un mecanismo para la revalorización anual de las pensiones, que hasta ese momento se actualizaban como mínimo según el IPC interanual de noviembre del año anterior. El llamado IRP (índice de revalorización de las pensiones) provoca que, en una situación de déficit de la Seguridad Social como la actual, las pensiones solo suben un 0,25%.

Esta legislación del PP sigue vigente, y por tanto lo está el 0,25%, pero en los últimos dos años no se ha aplicado por acuerdos expresos al respecto de los gobiernos de turno. Primero, del propio Ejecutivo de Rajoy, que desmontó temporalmente su reforma gracias a un pacto con el PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2018. El acuerdo fue revalorizar las pensiones de manera general un 1,6% ese año (más en el caso de las mínimas y no contributivas), aunque el Gobierno de Pedro Sánchez elevó más tarde el incremento al 1,7%, con la “paguilla” de actualización de los precios al concluir el año.

Para este 2019, los socialistas aprobaron un real decreto-ley el pasado diciembre (con otras muchas medidas) en el que volvieron a elevar las pensiones un 1,6% de manera general. Este año, la subida era muy superior a la inflación, que en julio se situó en el 0,5%.

¿Por qué puede volver el 0,25% ahora?

El Gobierno de Sánchez se comprometió a regular de nuevo en materia de pensiones, pero el fin precipitado de la legislatura lo impidió, ya que no dio tiempo a cumplir con las condiciones que se había marcado el Ministerio de Trabajo: el consenso en el Pacto de Toledo y el acuerdo con los sindicatos y la patronal.

Así, la reforma de las pensiones del PP sigue en vigor y volverá a desplegar sus efectos de cuasicongelación de las pensiones en enero salvo que se legisle para evitarlo. ¿Se puede impedir como ocurrió en 2018 y 2019? El reto ahora, respecto a los dos años anteriores, es que en esta ocasión el Gobierno está en funciones –lo que limita sus posibilidades para legislar– y hay mucha incertidumbre sobre si Pedro Sánchez logrará los apoyos necesarios para formar Gobierno antes de terminar el año o si, por el contrario, se repetirán las elecciones generales.

Desde CCOO urgen a la formación de gobierno porque, en su opinión, el Ejecutivo en funciones “en principio no puede” aprobar una norma con rango de ley para evitar el 0,25%, explica el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Así lo demandará la organización este jueves 8 en la reunión de los sindicatos con Pedro Sánchez, una de las citas que el presidente en funciones está organizando con diversos actores de la sociedad civil.

Los servicios jurídicos del sindicato consideran que “no cabe en la norma” que un Gobierno en funciones apruebe un real decreto-ley en esta materia, prosigue Bravo, ya que esta posibilidad está más restringida a cuestiones muy excepcionales y urgentes, como por ejemplo medidas relacionadas con una catástrofe natural.

En cualquier caso, si se celebrasen unas nuevas elecciones, el próximo Gobierno podría aprobar la revalorización de las pensiones que estime con carácter retroactivo desde el comienzo de año. Eso sí, el incremento para los pensionistas en enero y hasta que se aprobara el cambio sería del 0,25%.

Trabajo asegura que se puede evitar

En el Ministerio de Trabajo difieren y consideran que el 0,25% es evitable aun en el supuesto de repetición electoral. Fuentes oficiales explican a este medio que, aunque es “complicado” por las limitaciones en materia legislativa que tiene un Gobierno en funciones, “es posible aprobar un real decreto-ley” para revalorizar las pensiones antes de enero.

Desde el Ministerio que dirige Magdalena Valerio remiten a la Ley del Gobierno, en su artículo 21, que se regula la situación de los Gobierno en funciones. Aunque la gestión de estos ejecutivos transitorios queda limitada “al despacho ordinario de los asuntos públicos”, se abre también la opción de tomar medidas en “casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”.

En Trabajo consideran que la subida anual de las pensiones cumple con la urgencia y el interés general exigido por ley, aunque reconocen que tendrían que “hilar muy fino” en la redacción de la norma. En este tema, recuerdan, hay bastante acuerdo entre las diferentes formaciones políticas para que las pensiones se revaloricen en base al IPC, por lo que consideran que saldría adelante la convalidación de esta norma.

En el pasado, el Gobierno de Rajoy también acudió a la fórmula del decreto-ley estando en funciones, por ejemplo para aprobar cambios en el Impuesto de Sociedades en septiembre de 2016, que fue justificado por la urgencia de reducir el déficit público. En el área de Trabajo, este Ejecutivo en funciones –estuvo en esta situación en 316 días– prorrogó mediante un decreto-ley el Programa de Activación para el Empleo, de ayudas para personas desempleadas, ya que vencía el plazo de acceso al plan.

Joaquín Urías, ex letrado del Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, considera que “no hay ningún problema durante Gobierno en funciones para aprobar un decreto-ley” en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad. En su opinión, la revalorización de las pensiones puede cumplir con esta interpretación por parte del Ejecutivo y recuerda que para que el decreto-ley fuera anulado se requeriría un recurso ante el Tribunal Constitucional, que tardaría en resolverse bastante tiempo.

Carlos Bravo afirma que seguramente ningún partido impugne un decreto-ley con la subida anual de las pensiones, pero advierte de que la utilización de esta fórmula “que no está pensada para un Gobierno en funciones” puede abrir precedentes de cara al futuro con cuestiones más discutidas. En opinión de CCOO lo mejor es que la revalorización cuente con la “seguridad jurídica” de un nuevo Gobierno que la apruebe.

En el Ministerio de Trabajo insisten en que el Ejecutivo no se plantea por el momento recurrir a esta opción, ya que defienden que el escenario que contemplan los socialistas es que habrá Gobierno antes de terminar el año. Sin embargo, si no se alcanzara, Trabajo asegura que es posible aprobar un decreto-ley para evitar el retorno del 0,25%, un “escenario a evitar” para los socialistas.