La aprobación, este martes en Consejo de Ministros, del real decreto ley para la mejora de la protección asistencial por desempleo, ha vuelto a sacar a luz el malestar de sindicatos y patronal con uno de los puntos, ajenos al subsidio, que el Ejecutivo introdujo en el texto que decayó en enero y que ha vuelto a colar en la nueva redacción. El Gobierno ha vuelto incluir la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales, que Pedro Sánchez negoció para ganarse el apoyo del PNV a su investidura.
Tras la foto de la pasada semana por el acuerdo entre los sindicatos y el ministerio de Trabajo respecto a la reforma del subsidio por desempleo, Comisiones Obreras ha lamentado este martes que la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que determina la estructura de la negociación colectiva, “supone una intromisión en las funciones que el artículo 7 de la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales”. Esto es, “la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios”. Desde UGT coinciden en que “es un asunto que no está ni mucho menos negociado”, según fuentes de la formación, que consideran que un tema de tal “importancia” como este, “debería pasar primero por el diálogo social”.
Comisiones recuerda que viene “reclamando la apertura del diálogo social para abordar la articulación de la negociación colectiva entre empresas, sectores y territorios y la prevalencia de los convenios, que es manifiestamente mejorable”, mientras “el ministerio ha apostado por la regulación sin contar con los agentes sociales”. Las críticas no son nuevas y a ellas ha vuelto a sumarse la patronal. La medida, destacan fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), “rompe la cohesión y la unidad de mercado y no se ha negociado en el diálogo social”.
La polémica ya saltó en diciembre de 2023, cuando los sindicatos conocieron la inclusión de esta modificación del Estatuto de los Trabajadores a cuenta del subsidio por desempleo, que finalmente decayó. Entonces, tanto CCOO como UGT emplazaron al presidente, Pedro Sánchez, a una reunión con los agente sociales para “restaurar la confianza” que, a su juicio, se estaba “viendo quebrada ante decisiones unilaterales del Gobierno, como es modificar la estructura de la negociación colectiva”.
Preguntada por este asunto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la la nueva prevalencia, que “ya iba en el real decreto que decayó”, mantiene el “espíritu de la reforma laboral” porque “solo se va a aplicar si las formulaciones son más favorables para el trabajador o la trabajadora”.