La Agencia Valenciana Antifraude puede hacer informes policiales en casos de corrupción. Es algo que ya ha hecho en diversas causas y que se ha ofrecido a repetir en la investigación al empresario Enrique Ortiz por unas obras en el teatro Calderón de Alcoi, a la vista de que cinco peritos se habían negado a hacer ese informe.
Por ello, deja esa posibilidad en manos del juzgado, cuya titular de Primer Instancia número 2 de Alcoi había estado indagando sobre supuestos sobrecostes en las obras de construcción y ampliación del teatro Calderón durante el mandato del alcalde del PP Jorge Sedano (2003-2011) y que tienen como principal beneficiario a Ortiz, condenado por la financiación ilegal de los populares valencianos.
Sin embargo, la decisión de la jueza aún no está tomada, precisan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), al encontrarse en la fase pendiente de los recursos presentados en un momento en el que el procedimiento se encuentra paralizado por la suspensión de plazos derivados del Estado de Alarma.
Este medio contó el pasado domingo que la magistrada había decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias tras el informe de la Fiscalía porque se había intentado, sin éxito y hasta en cinco ocasiones, como figura en el auto de archivo, nombrar a un perito para que emitiera un informe sobre dichos posibles sobrecostes, cifrados en 1,2 millones de euros según un informe pericial previo encargado por el Ayuntamiento.
Ahora, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, que dirige Joan A. Llinares, se ofrece a hacer el peritaje, un escollo judicial que se podría solventar y que se había encontrado la jueza desde que iniciara el procedimiento en marzo de 2016. Esas dificultades le habían llevado a dictar recientemente que no había quedado “debidamente justificada la perpetración del delito” de estafa y falsedad documental a los que se enfrentaba Enrique Ortiz, financiador del PP y beneficiario del intento de amaño del PGOU de Alicante, como él mismo confesó hace un mes en sede judicial.
A este respecto, esta agencia, adscrita a las Corts Valencianes, cuenta con experiencia en este tipo de peritajes que ha servido para detectar el supuesto fraude del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, también del PP, en el amaño del concurso del Plan Eólico, por el que se investiga si hubo blanqueo de 11 millones de euros en el caso Erial.
El gobierno local del PSPV-PSOE de Alcoi anunció la semana pasada que había presentado recurso al auto, ya que consideraba que la motivación del archivo “es insuficiente y que hay suficientes pruebas con las periciales existentes para abrir juicio oral, determinándose en el mismo, tal y como se sospecha, si las obras del teatro Calderón tuvieron sobrecostes no justificados por más de un millón de euros para las arcas municipales”.
Guanyar Alcoi, en su escrito de alegaciones como acusación particular, desveló que varios de los peritos a los que había recurrido el juez alegaron “motivos económicos” para negarse a aceptar el encargo, cuestión que no contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordena que quien no acudia al llamamiento del juez o se niegue a prestar el informe deberá enfrentarse a pena de prisión de tres a seis meses o multa de 6 a 24 meses (200 a 5.000 euros) por incurrir en un delito del artículo 463.1 del Código Penal.