Los educadores sociales rechazan la propuesta de Vox de señalar y “depurar” a quienes trabajan con víctimas de violencia machista

El Colegio de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha se ha sumado este martes al comunicado del Consejo General de estos colegios profesionales en España, para instar a la Junta de Andalucía a no tomar en consideración la petición realizada por la formación política Vox en aquella región y que reclama la lista de los trabajadores que evalúan los casos de violencia machista para “depurar casos ideológicos”.

El presidente del colegio castellano-manchego, Francisco Peces-Bernardo, se ha hecho eco del comunicado que pone de manifiesto el “más absoluto rechazo” a la medida por “el cuestionamiento profesional” que supondría al colectivo “además del ataque a la integridad de las víctimas de violencia machista”, algo que en su opinión “repercute en el recorte de los derechos fundamentales de las personas”.

Peces-Bernardo ha recordado que la educación social “se concibe como un derecho de la ciudadanía” y ha lamentado el “cuestionamiento constante” que hoy existe en la sociedad de la violencia de género. “Es un problema que afecta a más de 600.000 mujeres y que mata a 50 mujeres al año”. Por eso, decía, “aportamos un trabajo socio-educativo”.

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, que participaba en un acto ante la prensa junto al presidente de los educadores sociales, ha querido destacar “la gran labor” que realizan los profesionales que trabajan con las víctimas de la violencia de género “en un momento en el que algunos sectores ultra reaccionarios, conservadores y si me permiten ciertamente desvergonzados”, se pone en cuestión el que califica como “uno de los problemas más graves que tiene este país como es la violencia de género”.

A eso se une, lamentaba, “que se cuestione también la profesionalidad de las personas que dan seguridad, apoyo y protección a las mujeres víctimas de la violencia de género resulta inadmisible”.

Ha destacado su trabajo en la región y en toda España y, en este sentido, ha aprovechado para recordar que una de las medidas del Gobierno castellano-manchego en la presente legislatura fue “el reconocimiento de las educadoras sociales en las casas de acogida”. Hasta la fecha, venían trabajando con la misma categoría que un ordenanza que, según Martínez, ha permitido reconocer su titulación y su trabajo “altamente especializado”.