Los interrogatorios a los 12 acusados del caso Perla Negra, por el sobrecoste del edificio del edificio de Economía en Arroyo de la Encomienda y en el Polígono de Portillo, ha finalizado este lunes. Los empresarios de esta última iniciativa han coincido en señalar que fue una iniciativa de carácter “personal” en la que la Junta de Castilla y León, a través de ADE Parques, se interesó una vez que ya estaba en marcha y no antes. Es más, han apuntado que la idea la dio el entonces alcalde de Portillo, Antonio Sevillano (PSOE) que en 2004 visitó a Francisco Esgueva, de Cartonajes San Cayetano, poco después de trasladar su factoría a la localidad y les sugirió poner en marcha el polígono.
Especialmente reveladoras han sido las declaraciones de Luis Antonio Recio, dueño de la sociedad Cementos La Bureba, una mercantil que se había creado en 2007 para poner en marcha una cementera en la provincia de Burgos que no llegó a cristalizar. La Bureba y Urban Proyecta, la promotora del edificio conocido como Perla Negra, formaron parte del accionariado de Parque Empresarial Polígono de Portillo a partir del año 2010. Según Recio, escuchó cómo sus socios se referían a hablar “con el jefe” o con “el gran jefe”, que supuestamente era el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, para que el proyecto, que avanzaba con lentitud, se desatascase. Se había firmado ya un convenio marco con la ADE, después de un contacto previo con los empresarios en una feria en 2008 en la que presentaron la maqueta del futuro polígono. Las negociaciones, ha dicho, siempre las llevaron el presidente del Consejo de Administración del Parque Empresarial, Luis Ángel Rodríguez, y el administrador y asesor fiscal, Carlos González Maestro. Las negociaciones encallaron cuando entro en escena la nueva viceconsejera de Economía, Begoña Hernández -también acusada- que tal y como manifestó durante su declaración, no estaba de acuerdo con la operación, por el gran calado económico que tenía y las tensiones financieras que afectaban a la sociedad pública de la Junta de Castilla y León. Hernández explicó que los empresarios se habían negado a hablar con ella porque no había estado desde el principio en en la operación y no la consideraban “una interlocutora válida”. Es por ello que Recio ha comentado que sus socios querían hablar “con el jefe” o “con el gran jefe”, en este caso el consejero de Economía ya fallecido, Tomás Villanueva o “con el vidrios” como apodaban al antecesor de Begoña Hernández, Rafael Delgado.
El empresario Francisco Esgueva, hermano del también acusado Alberto Esgueva- que también lo es en la causa Trama Eólica- que fue responsable de la oficina de internacionalización de la Junta, ha insistido en que su entrada en el Parque Empresarial de Portillo fue “personal” y que contactaron con Urban Proyecta para que formase parte del accionariado, sin vincularlo a la relación que esta mercantil ya tenía con la Junta por la construcción del Perla Negra. Del mismo modo ha añadido que fue la Junta quien acudió a ellos y que pasaron de tener un proyecto de venta de parcelas “llave en mano” a ser promotores para que vendiese la Junta, algo que para él fue “un grave error”. Esta opinión ha sido respaldada por el presidente del consejo de Parque empresarial de Portillo, Luis Ángel Rodríguez, que ha subrayado que ADE Parques todavía les debe más de un millón de euros y que la empresa Euronit, la primera y única que se instaló, otros 600.000 que se aplazaron hasta que el polígono estuviese completamente urbanizado, cosa que nunca ocurrió, aunque sí asfaltaron las inmediaciones de la factoría y un kilómetro y medio para sus accesos.
No sólo eso, Rodríguez ha lamentado que además de la deuda, la Junta les llegó a demandar. “Manda narices, con perdón de la palabra, que nos deban dinero y encima nos demanden”, ha exclamado. Eso sí, ganaron el pleito a la Junta.
“Maldito el día en que acepte el cargo de administrador en la sociedad”, ha llegado a decir Carlos González Maestro, un economista que se dedicaba a la asesoría cuando le ofrecieron entrar en Parque Empresarial de Portillo después de que demandasen al anterior. El que fuera administrador se ha desvinculado de la toma de decisiones en la mercantil. “Yo iba donde me decían y hacía lo que me decían, siempre dentro de la legalidad”. Así, ha rechazado tener contactos o incluso reuniones con nadie del gobierno autonómico en 40 años de actividad profesional.
Ni la fiscal, ni la acusación particular (ejercida por la Junta de Castilla y León), ni la popular (ejercida por el PSOE) han preguntado a González Maestro por otra empresas que administraba, Tecnicyl, propiedad de otro de los acusados, el gerente de Urban Proyecta, Angel Montes. Mediante su empresa compró un piso en 2006 por 437.747, 65 euros un mes antes de la adjudicación del Perla Negra y en 2011 se lo alquiló a Delgado. Según declaró Montes, Delgado contactó con él “por un anuncio en Idealista”, y llegaron a un acuerdo. En 2012, cuando el inmueble se había transferido por el mismo precio de compra a otra mercantil administrada por González Maestro, Delgado quiso comprarlo y se entabló una negociación por correo que llegó a considerarse un presunto cohecho, si bien finalmente se desechó. Los emails que mandaba el abogado asesor de Delgado correo iban con copia a los responsables de la promotora y la constructora del edificio Perla Negra, Ángel Montes (Urban Proyecta) y Germán Martín Giraldo. El caso es que el inmueble, en pleno Paseo de Zorrilla pasó a manos de Delgado por 412.113,79 euros, un precio inferior al de compra 5 años antes.
Los empresarios que han declarado este viernes se enfrentan a penas de seis años de cárcel, según la petición de Fiscalía.