Clavijo pierde el último tren para ser juzgado en el tribunal de los aforados
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha frustrado el último intento del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para esquivar los juzgados ordinarios de La Laguna, ciudad de la que fue concejal y alcalde durante la etapa en la que se desarrollaron los hechos que dieron lugar al denominado caso Grúas, donde figura ya en calidad de investigado.
El líder nacionalista prefiere ser investigado por el tribunal de los aforados, el propio TSJC, y por ello presentó un escrito en el que anunciaba la interposición de un recurso de casación ante el Supremo contra el auto que concluyó que la causa debía sustanciarse en los juzgados de La Laguna al perder Clavijo su aforamiento como consecuencia de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía el pasado 6 de noviembre.
En una resolución notificada este viernes a las partes, el TSJC deniega al presidente regional esta pretensión, aunque, al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, el presidente del TSJC, Antonio Doreste, ha emitido un voto particular discrepante con la interpretación de sus dos compañeras de sala, Margarita Varona y Carla Bellini.
A Clavijo solo le queda ahora un recurso excepcional, el de queja ante el Tribunal Supremo, para evitar los juzgados ordinarios. Los abogados de los denunciantes ya han anunciado a la titular del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna que solicitarán la citación inmediata del presidente del Gobierno de Canarias como investigado.
Debate sobre la competencia
El auto expone que la representación legal de Clavijo parte de una premisa incorrecta. La resolución que el presidente canario pretendía recurrir ante el Supremo, dictada por el TSJC el pasado 16 de enero, “no resuelve una cuestión de competencia” entre juzgados, como defiende su abogado y el propio presidente del TSJC, y, por lo tanto, no es recurrible.
Las magistradas también consideran “errónea” la afirmación de que el TSJC “ya venía conociendo” la causa desde el año 2017 y que, por lo tanto, debía ser este órgano judicial superior quien instruyera la causa. El auto remarca que la Sala de lo Penal “nunca ha procedido a dictar resolución alguna relativa a la admisión a trámite de las presentes diligencias previas” ni ha admitido su competencia.
Por el contrario, el auto de noviembre de 2017 al que alude el abogado de Clavijo se limita a recibir la exposición razonada del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, “un mero registro de actuaciones”, sin que haya habido desde entonces actividad procesal de la Sala. De hecho, el TSJC “nunca se pronunció sobre la competencia hasta noviembre de 2018”, subrayan las magistradas, que también rechazan que se haya vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley por los mismos motivos y recuerdan que la derogación de los aforamientos contemplada en el Estatuto de Autonomía de Canarias “despliega sus efectos desde el momento mismo de su publicación”.
La decisión “perjudica al aforado”
El auto del TSJC ha vuelto a contar con el voto discrepante de su presidente. Antonio Doreste argumenta que el debate suscitado en la Sala, la única controversia, es “material y formalmente una cuestión de competencia”, y que, partiendo de esta premisa, se encuentra afectado el derecho constitucional del investigado, en este caso Clavijo, al juez predeterminado por la ley.
Doreste sostiene que el auto que devuelve el caso Grúas a los juzgados de La Laguna es recurrible, al resolver una cuestión de competencia. El magistrado recurre de nuevo en su voto al informe emitido por el Consejo de Estado en noviembre de 2018 para defender la ultractividad del antiguo Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, retener la competencia del alto tribunal canario para dirimir el futuro judicial del presidente canario tras su pérdida de aforamiento.
El presidente del TSJC mantiene que la Sala debió responder a la solicitud de Clavijo sobre la competencia antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía e incluso sin contar con el informe de la Fiscalía, ya que, al no hacerlo, “privó al aforado de un derecho”, su “única oportunidad de evitar, en este momento procesal, su condición de investigado”, puesto que el Juzgado de Instrucción ya ha adoptado su decisión. Doreste reconoce que la situación del presidente canario empeora con el regreso de la causa al juzgado ordinario, puesto que en el TSJC “lo peor que podría pasarle es que la Sala confirmara los indicios delictivos” y lo mejor, que se archivara la causa.
Clavijo ha sufrido este viernes dos varapalos del TSJC. El alto tribunal canario ha denegado también al presidente el acceso a una serie de documentos internos de la Fiscalía que pretendía utilizar en su estrategia de ataque a la Fiscalía General del Estado.
