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Los tres errores de Clavijo

Fernando Clavijo saliendo de los juzgados de La Laguna tras declarar por el caso Grúas.

Carlos Sosa

Dice el magistrado Manuel Marchena en un artículo publicado en Archiletras que “el imputado, encartado o involucrado –renunciando anticipadamente a matices dogmáticos– sería aquel a quien la Policía, otro ciudadano o el propio juez atribuyen la comisión de un hecho punible”. Y lo dice el muy mediático presidente de la Sala Segunda del Supremo y del tribunal del procés, para comentar los infructuosos intentos del legislador (mayormente del PP) por rebajar al grado de investigado lo que, hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, en cuya elaboración él mismo participó, era un imputado.

Marchena viene a decir que resulta un intento baldío hacer variar la percepción de la ciudadanía, y que lo mismo da imputado que investigado que empapelado.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se encuentra en estos momentos imputado por la comisión de tres presuntos delitos cometidos durante su gestión al frente del Ayuntamiento de La Laguna. Lo estaba antes de entrar este Miércoles Santo a declarar ante la jueza y lo sigue estando a continuación, por mucho que desde el juzgado se intente aclarar algo obvio: que de momento no está procesado (no se ha abierto auto de procesamiento ni de procedimiento abreviado); ni está acusado, modalidad que se estrena cuando se decreta la apertura de juicio oral.

Dicho esto, resultaría patético que la prensa afín situara al presidente nuevamente en un limbo imposible, como hizo cuando lo catalogó de “compareciente” para ahorrarle los agobios de la imputación.

Con la llegada de José Antonio Choclán al equipo de defensa de Clavijo, es de esperar que mejore la gestión jurídica del caso Grúas, hasta ahora claramente catastrófica. Lo que no ha mejorado ni tiene pinta de querer mejorar es la gestión política y la estrategia de comunicación.

Un presidente que lleva clamando por declarar, que asegura mañana, tarde y noche que su deseo es aclararlo todo y que no tiene nada que ocultar, no puede cometer el mismo día tres errores imperdonables.

El primero, sin duda, es tratar de esquivar a la prensa haciendo que le abrieran para él solito los juzgados de La Laguna, a los que entró hora y cuarto antes de su apertura al público. Eso no invita a pensar en la conveniencia de dar carácter de normalidad a un acto judicial natural al que el actor dice acudir encantado a demostrar su inocencia.

Atender a los medios en Presidencia, exactamente el salón donde habitualmente se celebran las ruedas de prensa posteriores al consejo de gobierno, es un intento perverso de institucionalizar la imputación del presidente. Los delitos que se investigan los cometió supuestamente en el ejercicio de su cargo como concejal y como alcalde, y no en el que ocupa ahora. La confusión pretende transmitir una posición a la que Clavijo se niega a renunciar, como hemos visto todos estos meses, que no es otra que la del aforado que ya no es.

El segundo error es no contestar a las preguntas de la acusación, es decir, de los dos partidos denunciantes, Unidas se Puede y Por Tenerife. Después de una comisión de investigación en el Ayuntamiento en la que Coalicion Canaria, el PP y el PSOE acordaron que la gestión de las grúas había sido impecable; después de meses y meses denunciando que lo que se instruye responde a una denuncia política, que detrás de ella no hay materia punible, nada debería hacer temer por las preguntas de sus abogados por muy enrevesadas que pudieran ser.

Procesalmente tiene su explicación: esos abogados conocen mejor que la jueza y que la fiscala los expedientes administrativos y las irregularidades que han denunciado, y sus preguntas probablemente habrían dado lugar a momentos inoportunos para el imputado. Pero debió haber asumido ese riesgo para fortalecer la posición de inocencia con la que quiere presentarse ante la opinión pública.

El tercer error es mentir sobre hechos que la opinión pública interesada en el asunto conoce de sobra cómo ocurrieron. Es mentir sostener que se desconocían aspectos decisivos del caso Grúas, como el incumplimiento de las condiciones del contrato por parte de la empresa concesionaria; que las decisiones las tomaban órganos colegiados y no él, que era el que firmaba los decretos; que a los catedráticos que le han respaldado en todas sus decisiones polémicas (incluso ahora, en el Gobierno) no los contrataba él, sino los servicios jurídicos; que todas sus decisiones venían avaladas por los técnicos, o que no se acuerda de determinados informes del interventor municipal, que reiteradamente le advirtió a él de la ilegalidad de sus actos.

Salvo que la jueza haga una pirueta jurídica y sobresea la causa antes de ordenar las diligencias pedidas por la Fiscalía Anticorrupción, Fernando Clavijo llegará imputado a las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Un periodo de tiempo demasiado largo como para esperar que no cometa más errores.

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