El responsable de una empresa de catering de Tenerife acusado de fraude alega que fue mal asesorado

El responsable de una empresa de elaboración y reparto de comidas de Tenerife acusado de fraude a la Seguridad Social, ha alegado que la acusación se atribuye a un mal asesoramiento que en su momento recibió.

La Fiscalía y la Tesorería de la Seguridad Social le reclaman seis años de cárcel y el pago de una multa de 1,4 millones y aunque la deuda se fija en unos 2,6 millones, sería en ejecución de sentencia cuando se podría concretar la cantidad exacta.

El fraude habría consistido en conformar tres empresas, de las cuales la central contaría con los servicios de los trabajadores contratados por las otras dos, creadas con apenas un mes de diferencia, que no contaban con patrimonio y a las que por ello no se le podía reclamar pago alguno, según la Fiscalía.

El acusado dijo que en su momento llegaron a un acuerdo verbal con responsables de la Seguridad Social para aplazar la deuda de 600.000 euros pero que incumplió el organismo estatal.

El abogado de la defensa planteó como cuestión previa que la causa debía ser abordada en un Juzgado de lo Penal y no en la Audiencia, que es nula por haberse extralimitado en el tiempo sin que haya constancia de porqué se incurrió en dilaciones.

También planteó que el presunto delito ya habría prescrito, alegaciones todas ellas que fueron rechazadas “de plano” por la acusación particular y la Fiscalía y que según el Tribunal, en todo caso serán estudiadas en ejecución de sentencia.

El procesado dijo que desde que comenzó la inspección de sus empresas ha pasado “los peores 12 años de mi vida, he perdido a mi familia, dinero y vivo de una pensión”.

Negó que los operarios de las dos sociedades que según la Fiscalía son calificadas de “pantalla” trabajaran para la principal y dijo que siempre quedaron perfectamente separadas las funciones de cada una.

Tras la muerte de su padre en 2008 se convirtió en el responsable de hecho y de derecho de las entidades fundadas a partir de 1991, que se repartía también entre otros dos hermanos.

En aquel momento las empresas ya estaban en una mala situación financiera y por ello solicitó un crédito de medio millón de euros avalado con su propio patrimonio, a lo que se unió un préstamo personal de otro empresario por 150.000 euros.

Las otras dos entidades se dedicaban a labores de limpieza y de distribución de las comidas que elaboraba la central, por lo cual señaló que sus funciones era diferentes.

Tras intentar reflotarlas, el 5 de septiembre de 2012 reunió a los trabajadores y les puso al tanto de lo que ocurría, aunque se muestra satisfecho de haber conseguido que 700 empleados conservaran sus puestos de trabajo al pasar a depender directamente de los colegios.

Ha asegurado que constantemente fueron auditados pero que nunca se celebraban juntas, no está seguro de si se pagaba el impuesto de sociedades pero sí de que las cuentas se depositaban en el Registro Mercantil.

Ha dicho que la crisis se debió a que al trascender la mala situación que atravesaban perdieron hasta un 40 por ciento de clientes mientras que mantuvieron la misma estructura de empleados, a la vez que la llegada de otras empresas hizo que sus precios fueran tan bajos que ya no eran competitivos.

Ha recordado que en su momento elaboraban hasta 14.000 comidas diarias y contaron con cientos de trabajadores.

Según las acusaciones, otras sociedades son calificadas de “huecas y vacías” y se limitaban a suministrar mano de obra para hacer posible el negocio familiar pero no tenían bienes ni activos para asumir las deudas que correspondían a la primera entidad.

Según la Fiscalía, las tres empresas acumularon deudas con la Seguridad Social por traspasar los trabajadores de una entidad a otra, aunque operaban para la principal y se repartían así las obligaciones tributarias.

Los impagos recaían sobre las dos últimas sin ningún tipo de patrimonio de manera que las obligaciones recaerían sobre estas sociedades que eran insolventes en la práctica, aunque los operarios pertenecían a la principal, extremos todos ellos que negó el acusado, durante la vista que, como mínimo, durará otras cinco jornadas más.