El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes la distribución de 73,2 millones de euros en los próximos tres años (desde este momento hasta 2026) entre los siete cabildos para financiar la construcción de nuevas plazas sociosanitarias en sus respectivas islas.
En un comunicado, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (CC), explica que la transferencia de los fondos se llevará a cabo una vez se rubriquen los respectivos acuerdos de colaboración con los cabildos y se definan las necesidades de cada isla.
“Con este acuerdo”, indica, “se avanza en la creación de nuevas plazas sociosanitarias en el archipiélago, una medida necesaria dado el déficit existente en esta materia”.
La consejera destaca, asimismo, la importancia de trabajar también en la búsqueda de alternativas que faciliten a los usuarios permanecer en su entorno familiar y recibir los cuidados que requieran, para lo que ya se ha puesto en marcha, entre otras actuaciones, la figura del asistente personal.
La inversión de esta partida se enmarca en la línea de 'Equipamientos para cuidados centrados en la persona' del convenio suscrito por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la comunidad de Canarias, dentro el eje 'Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión' del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
El gasto plurianual que posibilitará la suscripción de los convenios con los cabildos insulares, contempla la siguiente distribución por anualidades: 36,63 millones para 2024, 25,64 millones para 2025 y 10,99 millones para en 2026.
Por islas, a Tenerife le corresponderán 15,11 millones para la construcción de 181 plazas; a Gran Canaria, 15,38 millones para 156 plazas; a La Palma, 11,53 millones para 90 plazas; a Fuerteventura, 11,13 millones para 90 plazas, a Lanzarote 9,22 millones para 95 plazas; a La Gomera 8,33 millones para 62 plazas; a El Hierro, 2,54 millones para 16 plazas.
La distribución de los fondos se ha realizado de acuerdo a diferentes variables y ponderaciones, explica el Ejecutivo, de tal manera que el 60 % del total se establece de acuerdo a la población de cada territorio y el otro 40 % se aplica según una serie de criterios entre los que figuran el número de personas dependientes, mayores de 80 años, la población entre 65 y 79 años, la población con discapacidad reconocida superior o igual al 33 % de 0 a 64 años y la ratio de plazas disponibles en relación con el índice promovido por la OMS para personas mayores.