Las asociaciones Con Tu Ayuda Todos Sumaremos, Somos Uno Más y Unidos Por Un Sueño se han unido para llevar a cabo una campaña con el fin de exigir al Gobierno de Canarias medidas que agilicen los procesos de evaluación y renovación del grado de discapacidad y dependencia en las islas.
Según ha informado este viernes las tres asociaciones en un comunicado conjunto, consideran necesario que se implementen medidas con carácter de inmediato para garantizar el acceso oportuno a los derechos y beneficios que merecen todas las personas con discapacidad, los cuales se han paralizado por el retraso en estos dictámenes.
Para estas asociaciones, se trata de un problema “crítico” que afecta a miles de personas con discapacidad en Canarias por el retraso en los reconocimientos, resoluciones y renovaciones del grado de discapacidad.
A pesar de los avances en la conciencia pública y la legislación que protege los derechos de las personas con discapacidad, la realidad es “preocupante” debido a la burocracia y la lentitud de estos procedimientos que “están dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre y desamparo”, aseguran.
Las tres asociaciones recuerdan que “detrás de cada trámite pendiente hay una vida, una historia y una lucha diaria, y que cada día de espera representa un obstáculo adicional para acceder a los recursos y servicios necesarios para vivir una vida plena y digna”.
La Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, negó el pasado abril en el Parlamento que el área de Dependencia en las Islas esté sufriendo un retroceso aunque sí ha admitido “ un cambio profundo en las formas de trabajo” que a su juicio se traducirá en mejoras.
Mientras, Podemos Canarias anunció que había presentado alegaciones al reciente Decreto de Dependencia redactado desde la Consejería de Servicios Sociales, y alertó de la existencia de un “recorte encubierto” entre las medidas previstas por el texto del ejecutivo canario.
Desde la formación advirtieron de una serie de modificaciones en el sistema de dependencia de Canarias que consideran “regresivas e incluso contrarias a la propia Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia”.