El PP, que gobierna en solitario el ayuntamiento de Málaga, ha rechazado este jueves la creación de una comisión de investigación que arroje luz sobre las irregularidades ya admitidas en la sociedad municipal de aparcamientos (SMASSA), y que incluyen la aparente falsificación de un documento público con el que se justificó la adjudicación de la dirección y la asistencia técnica de una obra. Los trabajos acabaron teniendo un sobrecoste del 30%, pasando de los 8,7 millones iniciales hasta los 12 millones de euros.
Sin embargo, el alcalde Francisco de la Torre ha evitado dar su apoyo explícito a Manuel Díaz Guirado, gerente de SMASSA, al que la oposición sitúa bajo el foco de la sospecha. De la Torre ha anunciado que respaldará cualquier decisión que tome la concejala de movilidad Trinidad Hernández, que ha abierto un expediente de información reservada sobre el asunto.
Hernández ha admitido ante el Pleno que en SMASSA hay cosas que se hacen “fuera del procedimiento”, algo que ha achacado a “la costumbre”, y ha prometido que depurará responsabilidades. Luego ha asegurado que esas presuntas irregularidades, que ha admitido y dice que viene señalando desde hace tiempo, se ciñen al ámbito administrativo y carecen a priori de relevancia penal. “Yo no he visto nada que implique un ilícito penal”. Sin embargo, el pasado 10 de abril acudió a declarar a la Comisaría, citada por la Policía Nacional, igual que antes había acudido Díaz Guirado.
Trece días después, el pasado martes, el alcalde aseguró que no sabía nada del asunto; un desconocimiento que no se cree la oposición, que este jueves ha acusado al regidor de “mentir”.
“Amaño de contratos, presunta prevaricación y presunta falsedad. O lo sabía todo o le han engañado. ¿Pone la mano en el fuego por Díaz Guirado?”, le ha preguntado Daniel Pérez, portavoz de los socialistas, que ha relacionado una serie de indicios que le hacen ver el “modus operandi de las mordidas”. “Se falsificó la firma de un técnico, apartaron a una técnica, adjudicaciones a dedo sin procedimiento (amaño), se crearon exprofeso licitaciones públicas, se pidió a los técnicos mirar para otro lado, e intentaron maquillar todo creando expedientes de subsanación y de error”, ha enumerado.
Por su parte, Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha acusado a los dirigentes de SMASSA de entorpecer la investigación policial, puesto que no abrieron el expediente hasta un mes después de conocer las presuntas irregularidades. “Nadie se cree que la concejala de Movilidad y el gerente de SMASSA fueran a declarar a la Policía y el alcalde no estuviera informado”, ha dicho Morillas, quien ha recordado que SMASSA viene del escándalo del cobro irregular de más de cuatro millones por el IVA del aparcamiento regulado. Morillas ha pedido que elevar los expedientes de SMASSA a la fiscalización extraordinaria del Tribunal de Cuentas.
En este asunto, el alcalde y su equipo de gobierno se han quedado incluso sin el apoyo de Vox, cuyo portavoz ha respaldado la creación de una comisión de investigación pese a ser a priori contrario a ellas.
El origen del caso está en la millonaria obra de un aparcamiento municipal en El Palo, al este de la capital, sobre la que siempre han recaído las sospechas de la oposición, y un documento público con toda la apariencia de irregular.
El grupo socialista denunció ese mismo martes que en el informe de necesidad con el que se justificó la adjudicación de la asistencia técnica de la obra del aparcamiento de Pío Baroja aparece firmado por Díaz Guirado y por la antigua jefa de la oficina técnica de obra, Trinidad Rodríguez, mediante un pantallazo de una firma digital de otro documento. Es decir, no son firmas digitales auténticas. Rodríguez, que denunció fraudulento de su firma ante la Policía el 30 de enero, protagonizó un explosivo Pleno en octubre de 2022: allí dijo que había sido cesada de su puesto tras décadas de servicio por negarse a “cruzar algunas líneas rojas”. “Las cosas que se me pedía hacer me hubiesen llevado a la cárcel”, aseguró.
Este medio también ha podido comprobar que las propiedades de ese informe reflejan que fue creado el 15 de noviembre de 2023; sin embargo, las firmas copiadas y pegadas reflejan como fecha el 2 de febrero de 2022. Es otro indicio que apunta a la falsedad de un documento público: un ilícito penal, no administrativo.
A partir de estos hechos y de facturas y certificados emitidos antes incluso de la contratación, el PSOE cree que pudo construirse un entramado de mordidas mediante el sobrecoste de obras certificadas precisamente por el director de obras y el jefe de la asistencia técnica a los que afecta el documento irregular. De ahí que los socialistas hablaran el martes de “amaño de contratos”.
Ya el miércoles, De la Torre admitió que “puede haber irregularidades”, pero negó que hayan repercutido en un sobrecoste y que alguien pudiera beneficiarse “de manera ilícita”. Esa insinuación, dijo, es “irresponsable” y “querellable”.
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