La ausencia de intérpretes de lengua de signos en las cárceles españolas llega a la Audiencia Nacional

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha anunciado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la presentación de un recurso donde plantea que la Administración Penitenciaria no está garantizando el derecho a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en este caso, personas sordas.

Según el escrito, la “ausencia” de intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSES) y la “inadaptación de los centros penitenciarios a las necesidades específicas de las personas sordas provocan una serie de situaciones” contrarias a lo mandatado por las leyes. Por ejemplo, que no haya intérpretes para poder hacer programas específicos de tratamiento o actividades, o que que tampoco los haya para la comunicación con letrados u otros profesionales, etc.

La asociación, que celebra la aprobación de un protocolo para personas con discapacidad pero que tacha de insuficiente, considera que Instituciones Penitenciarias debe ser sancionada por incumplimiento de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto, por incumplimiento en materia de accesibilidad a los presos con discapacidad sensorial en relación a un interno de la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz). Fuentes de la asociación denuncian que, según el recurso, el Estado “no garantiza a las personas con discapacidad sensorial que se encuentran privadas de libertad el derecho a vivir de forma independiente y a participar en todos los aspectos de la vida”.

El recurso se dirigirá en concreto contra una resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, de noviembre de 2018, que desestimó un recurso de alzada interpuesto por la familia del interno, que viene denunciando situaciones de discriminación como las que recogió este medio.

Tampoco considera el ministerio que haya actuado incorrectamente la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad pues, según su informe emitido en junio de 2018, no apreció en el tratamiento seguido por la Administración Penitenciaria respecto del interno recurrente la comisión de hechos susceptibles de calificarse como infracciones administrativas y defendió que Instituciones Penitenciarias hace todo lo posible para la mejora de la situación.