Vox pide al Parlamento la reprobación del líder de IU por vulnerar el secreto sobre la incompatibilidad de sus diputados
El grupo parlamentario de Vox en Andalucía va a solicitar a la Mesa de la Cámara la reprobación del líder de IU y portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, por vulnerar “el carácter reservado y confidencial” de la Comisión del Estatuto de los Diputados y usar esa información en contra de sus parlamentarios. El órgano rector del Parlamento debe decidir ahora si considera esta petición, que podría suponer “la privación de alguno o todos los derechos del diputado”, desde las retribuciones que percibe hasta la asistencia a Plenos o formar parte de las comisiones.
Maíllo es portavoz en la Comisión del Estatuto de los Diputados cuyas deliberaciones son secretas. Hace dos semanas, este órgano se reunió para analizar la posible incompatibilidad de 17 diputados con sus actividades privadas, ocho de ellos pertenecían a la bancada de la formación de extrema derecha. Después de que trascendiera el nombre y la situación profesional de estos parlamentarios, el portavoz de la coalición Podemos-IU declaró ante la prensa su rechazo a que la Cámara permitiese a diputados de Vox -abogados de profesión- combinar su actividad parlamentaria con el trabajo en sus respectivos bufetes. La formación de Serrano le acusa de “filtrar” o “comentar” datos sobre sus diputados que se discutieron en esa comisión, vulnerando así el carácter reservado de la misma.
Maíllo fue especialmente beligerante con el presidente del grupo, el juez en excedencia Francisco Serrano, que maniobra en el Parlamento para conseguir datos de los trabajadores que evalúan los casos de violencia de género en la Junta, mientras dirige un bufete especializado en litigios de pareja y custodia de menores. Tanto desde la Cámara legislativa como desde su despacho de abogados, Serrano se ha marcado como objetivo combatir las leyes de igualdad y de lucha contra la violencia machista, que considera parte de un “feminismo supremacista de género”. “Es un nuevo neomarxismo que sustituye la lucha de clases por la lucha de géneros”, dice Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz.
Los diputados andaluces están obligados a adecuar su conducta al reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios, así como a no divulgar las actuaciones que puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas. El artículo 100.2 del reglamento de la Cámara contempla la retirada de los derechos de un diputado “cuando quebrantara el deber de secreto”. “No vamos a pedir su cabeza ni nada extraordinario, pero presentaremos un escrito a la Mesa de la Cámara para que actúe según el reglamento. Hay determinadas figuras que creen que están por encima del bien y del mal, y éstas tienen que someterse a las reglas, como todos”, explicó Hernández, durante una entrevista en 7 Televisión.
La Comisión del Estatuto de los Diputados, cuyas reuniones tienen carácter reservado, advirtió la semana pasada la posible incompatibilidad de ocho de los 12 parlamentarios de Vox (todos abogados), tras revisar su declaración de actividades, bienes e intereses. En total hay 17 diputados en la Cámara obligados a presentar alegaciones al informe previo de los letrados: ocho de Vox, cinco de Ciudadanos (incluido el consejero de Educación, Javier Imbroda, que posee un 20% de acciones de la sociedad AMS Centro Médico El Ejercicio; dos del PP; uno del PSOE y uno de Adelante Andalucía.
