La secretaria general del PP en Barcelona, demandada por despedir a una trabajadora embarazada a la que no hizo contrato

La secretaria general del PP en Barcelona, Elisabeth Jiménez, tuvo trabajando en casa a una mujer migrante sin papeles, pagándole por debajo del salario mínimo legal y la despidió sin finiquito un mes después de saber que estaba embarazada, según la demanda que acaba de presentar ante los juzgados su exempleada de hogar Helehany G. C.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, esta mujer hondureña de 23 años relata que entró a trabajar para la política del PP en febrero de 2019. Pese a que no tiene permiso de trabajo ni residencia, Jiménez la empleó para tareas domésticas y acordó pagarle 400 euros por cuatro horas diarias de lunes a viernes. Según el salario mínimo que entró en vigor en 2019, tras el acuerdo firmado por el gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias, debió pagarle como mínimo 525 euros. Además, la responsable del Partido Popular no hizo frente a ninguna cuota de la Seguridad Social y tuvo a la trabajadora en B, puesto que su empleada no contaba con permiso para trabajar en España, como consta en la demanda.

“Mi clienta está ahora mismo embarazada, sin trabajo y sin ninguna prestación”, explica su abogada de oficio, Alicia Muñiz, a eldiario.es. Según relata la demanda, Helehany había comunicado en octubre a su jefa que estaba embarazada de 12 semanas, a lo que ésta respondió con normalidad, “le dijo que bien, que tranquila y que hiciera lo que pudiera”, según la versión de la letrada. Un mes después, el 29 de noviembre, Elisabeth Jiménez “procedió a despedir verbalmente a la actora alegando que no la necesitaba más” y que además no tenía “cómo pagarle su salario”, según el escrito presentado a los juzgados de lo social.

“En cualquier caso, aunque no conociera el estado de gestación de mi clienta, hay tribunales que han condenado estos casos por despido nulo y hay jurisprudencia”, explica Muñiz, que pide que se declare despido nulo o improcedente y reclama a la secretaria general del PP de Barcelona una indemnización de 25.000 euros por “daños morales y perjuicios”. Además, la demanda exige otros 1.537,50 euros por el finiquito, es decir la paga que correspondería a pagas extra y vacaciones al final del trabajo que, según la demanda de la empleada, tampoco se formalizó.

Jiménez, que ha sido concejal de Ciutat Vella en Barcelona y es secretaria general desde 2017 tras ser elegida bajo la presidencia del PP de Xavier García Albiol, ha atendido la llamada de eldiario.es pero ha rechazado hacer cualquier declaración sobre este asunto: “No te puedo decir nada, gracias por llamar”.

Elisabeth Jiménez es conocida por varias polémicas: En las primarias del PP apoyó a Casado con un correo desde la secretaría general del partido, un acto considerado poco neutral por parte de los dirigentes que apoyaban a Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal y que provocó malestar interno en el partido. Ella explicó más tarde que se había enviado sin su permiso. En septiembre de 2018 participió en una manifestación contra Pedro Sánchez junto a miembros de Vox, la formación xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) y otras formaciones ultra, como publicó El Temps. Preguntada por su presencia en la cabecera de esa manifestación aseguró que no sabía que había miembros de PxC. También ha sido muy activa contra los lazos amarillos, más allá incluso de su propio partido: “Animamos a todo el mundo a quitar esos lazos. Nos tememos un aquelarre que no estamos dispuestos a asumir”, concluía en un vídeo en el que recordaba que su partido pagaría los abogados a quienes se sintieran agredidos o acosados por retirar lazos.

Un sector precarizado

En España hay más de 600.000 personas trabajando en tareas domésticas y cuidados. El 89% son mujeres y la mayoría, de origen extranjero. Sus sueldos representan el 44% del salario medio, además de que es el único trabajo donde el despido puede ejercerse sin causa, solo por "desestimiento". Aunque se integraron en el régimen general de la Seguridad Social y se hizo obligatorio que sus contratos se registraran y que fueran dadas de alta por todos los hogares en los que trabajan, muchas siguen trabajando sin contrato y se han postergado otros avances laborales como su derecho a paro.