El centro de La Purísima de Melilla ocultó que un educador había apuñalado a un menor
Melilla ha vuelto a vivir un episodio de abuso a uno de los 560 menores migrantes tutelados en el centro de acogida de La Purísima, de capacidad máxima para 300 personas. Según ha adelantado El País y ha confirmado eldiario.es, un educador del centro ha sido detenido acusado de apuñalar a uno de los menores internos.
El 16 de junio, sobre las 23 horas, a la hora del recuento de entrada de internos en el módulo de primera acogida se concentraron 320 menores. “Hubo una trifulca y un cuidador apuñaló con una navaja a un menor”, explica a eldiario.es un trabajador de La Purísima. El adolescente, de origen marroquí, sufrió heridas leves en la espalda y la pierna; y continúa viviendo en el centro.
El agresor trabaja en La Purísima desde hace cuatro años y sus compañeros aseguran que “no es violento” y que “fue en defensa propia”. Sin embargo, este trabajador ya tenía antecedentes porque, dicen fuentes de Coalición por Melilla (CpM), “usaba un dispositivo para dar descargas eléctricas a los menores del centro”.
“La intención del cuidador era separar a los chicos metidos en una pelea y utilizó una navaja, aunque se desconoce si el arma era de su propiedad”, detalla la misma fuente. Tras el apuñalamiento, el resto de internos inició una protesta.
Desde la Consejería de Bienestar Social confirman los hechos, aunque aseguran que “no tuvieron conocimiento” de los mismos hasta el 10 de julio, cuando la Guardia Civil acudió al centro para detener al cuidador, a quien tomaron declaración un día más tarde en el Juzgado de Guardia y dejaron en libertad al día siguiente bajo fianza de 6.000 euros. El caso ha sido trasladado al juzgado de instrucción número 3 y queda a la espera de apertura de juicio oral.
El trabajador se encuentra suspendido de empleo y sueldo y la empresa que gestiona el centro, Arquisocial, ha abierto un expediente disciplinario para su despido. La Consejería ha pedido a la empresa que se abra investigación interna para depurar responsabilidades.
El centro ocultó la agresión
Los hechos salen a la luz un mes después porque el apuñalamiento no se reflejó en el parte de incidencias, como indica el protocolo. “La dirección y los coordinadores de cada módulo tienen una consigna interna que es ocultar todo tipo de incidentes graves”, explica el trabajador consultado por este medio. Según su testimonio, primero hablan con el director y este les amenaza con “abrirles un expediente disciplinario” si no guardan silencio. Por eso, dice, no lo reflejan en el parte, “para dar imagen de un centro perfecto, cuando deja mucho que desear”.
Desde La Purísima han querido desviar el incidente fuera del centro como una pelea entre dos menores en la calle en la que uno resultó apuñalado. La víctima reconoció ante la Guardia Civil que había sido el educador, pero ante la Fiscalía cambió la versión y testificó que había sido otro niño. “Esto ha ocurrido en otras ocasiones, pero no lo podemos hacer público porque les convencen y cambian la versión, pero tenemos la conciencia de que no es el primer maltrato que se oculta”, explica en una entrevista Dunia Al Mansouri, Vicepresidenta 2ª de la Asamblea de Melilla por Coalición por Melilla (CpM).
Sin embargo, hay dos vigilantes de seguridad que presenciaron los hechos. En un principio no lo reflejaron en el parte, alegando “miedo a represalias”, pero terminaron reconociendo los hechos ante el juez. La Consejería ha cargado contra ellos criticando “la gravedad” de su actuación.
“La política del centro y de la Consejería es tapar todo lo que se pueda”, corroboran también desde los partidos de la oposición. De esta manera, “se entiende por qué hay niños que no quieren estar en el centro”, puntualiza Al Mansouri, haciendo referencia a los cientos de niños que denuncian abusos constantes en La Purísima. Es el centro del que suelen escapar muchos de los menores migrantes que malviven en las calles de la ciudad autónoma con el objetivo de conseguir llegar a la Península.
No es el primer caso de incidentes ocurridos dentro del Centro La Purísima que se oculta. “Hay una orden verbal, se desconoce si por parte del centro o de la Consejería, de que los menores de primera acogida duerman en los bancos del patio. Hay niños durmiendo en la calle, en el patio del centro”, denuncia CpM.
Educadores sin formación y con antecedentes penales
En La Purísima, aparte del equipo multidisciplinar del centro, con psicólogos, educadores y trabajadores sociales, el personal carece de formación específica. “Son simples vigilantes que actúan como creen oportuno. Incluso hay cuidadores analfabetos”, explica un trabajador de otro centro. Hasta hace unos meses, no se pedía titulación académica para trabajar con menores. A partir del último pliego de condiciones laborales, en diciembre de 2017, se exige una formación profesional básica relacionada con temas de menores o el Graduado Social.
Además de la falta de formación, algunos de los educadores cuentan con antecedentes penales. El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, ha puesto en marcha tres programas de educadores de calle -que trabajan con los menores que no se encuentran internos en los centros- los dos primeros con contratos de tres meses y este último de un año. Sin embargo, dos de los educadores han sido despedidos después de descubrir que tienen antecedentes penales.
Uno de ellos fue expedientado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en 2015 tras la denuncia de dos refugiados sirios por presuntos abusos sexuales. El juicio no se celebró porque la Fiscalía aseguró no localizar a los migrantes que ya habían sido enviados a la Península. De hecho, cuando la denuncia al trabajador social trascendió, alrededor de otros 80 demandantes de asilo fueron enviados con urgencia a la península porque habían firmado una carta de apoyo a los demandantes.
El otro educador que ha sido retirado de la calle tiene antecedentes penales por tráfico de drogas. Aunque ya cumplió su condena, desde CpM no creen que “sea la persona más idónea para trabajar con menores”, y consideran que “hay que tener un poco de cuidado con el perfil de contratados”.
En septiembre de 2017, un español de 39 años que trabajaba como educador en La Reforma, centro con niños con medidas judiciales, fue detenido por presunta pertenencia a una célula yihadista. Actualmente sigue en prisión. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, aseguró que en el centro de acogida habían percibido que el trabajador “se estaba radicalizando”. De hecho su asistencia laboral era irregular con muchas bajas. Según el ministerio de Interior “realizaba labores de captación y de adoctrinamiento siguiendo la estrategia del Estado Islámico”.
Coalición por Melilla se va a poner en contacto con los grupos parlamentarios del Congreso para solicitar que el Gobierno central se haga cargo de las competencias de los niños menores extranjeros no acompañados, al igual que lo hace con los migrantes del CETI; porque está “demostrado sobradamente” que la ciudad autónoma no lo está gestionando bien, tanto por el interés general como por la seguridad de los niños, no se están cumpliendo mínimamente los derechos de esos menores“. Pedirán a los grupos que soliciten la comparecencia del presidente y de la ministra de Sanidad, quien lleva las competencias de menores.
Las condiciones del centro de acogida La Purísima han sido muy criticadas por las ONG locales, que han denunciado situaciones de abuso o maltrato. Este medio comprobó el hacinamiento del centro en un reportaje publicado en 2016. En una visita al centro, podían observarse colchones en el suelo y los propios niños soldando nuevos somieres que añadir a las literas de dos camas.
Más allá de estas condiciones, la política llevada a cabo por las autoridades autonómicas sobre los menores migrantes no acompañados, cuya tutela es responsabilidad del Gobierno melillense, ha sido muy cuestionada.
Desde la Consejería de Bienestar Social se han sucedido en las últimas semanas las críticas a los ciudadanos que de forma altruista dan bocadillos a los menores que duermen en la calle. Al Mansouri asegura que les “intentan criminalizar”. El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, anunció la semana pasada que va denunciar a las ONG y a los ciudadanos que dan de comer a los niños que están en la calle o que van a realizarles algunas curas de primeros auxilios si tienen algunas heridas. “Intentamos atenderlos porque están desatendidos por parte del Gobierno”, aclara Al Mansouri.
Además, durante los pasados meses de diciembre y enero, dos menores no acompañados murieron en diferentes circunstancias. Uno de ellos, Soufiane, falleció de forma repentina, después de haber recibido el alta del hospital de Melilla, tras haber perdido un pie en su intento de colarse en un barco en el que escapar de la ciudad autónoma.
A finales de 2017, otro menor migrante tutelado falleció de una parada cardiorespiratoria tras permanecer 20 días en coma en el Hospital Comarcal de Melilla. El director de la ONG local Prodein, José Palazón, denunció que su muerte era “consecuencia de una paliza” que, según aseguró, había tenido lugar en el Centro Educatiuvo de Menores Infractores, conocido como “Baluarte”.
