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La represión a los titiriteros y el abrazo a Soria

El juez Ismael Moreno, que fue acusado de prevaricación por enviar a prisión a los titiriteros. EFE

Ruth Toledano

Uno de los episodios más tenebrosos de los últimos tiempos políticos en el Estado español fue la detención y encarcelamiento de los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García durante el pasado carnaval madrileño. Privar de libertad a alguien, sumirlo en esa oscuridad psicológica, despojarlo del derecho fundamental a la libre circulación, solo puede responder al derecho superior de la sociedad en su conjunto a no verse en peligro: el estado de Derecho vela por la seguridad común. Acabar con tus huesos en la cárcel tras pasar por una Audiencia Nacional que te acusa de enaltecimiento del terrorismo tiene que sustentarse en indicios muy graves. Es lo que han sufrido Alfonso y Raúl a causa de una obra de teatro de calle llamada La Bruja y don Cristóbal, de la que ahora sus autores y abogados han hecho público el guión. Para vergüenza de nuestra presunta democracia. Lean.

El viacrucis (por ponerme en modo ministro Fernández) judicial por el que han pasado los dos titiriteros no es una cuestión menor que pueda olvidarse con su excarcelación. En primer lugar, porque Alfonso y Raúl siguen sometidos a la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados, y durante varias semanas tuvieron prohibido salir del territorio nacional y se les retiró el pasaporte. Todo ello en la misma España donde, por poner un solo ejemplo entre miles, a José Manuel Soria, ex ministro corrupto y defraudador (presuntamente, ¿eh?), le despiden los del PP entre aplausos de compinche y emocionados abrazos de Cospedal, secretaria general de la banda organizada, quien destacó su “raza política, vocación de servicio público y entrega en cuerpo y alma”. A pesar de sus mentiras y de las viejas y nuevas evidencias de sus múltiples delitos (presuntos, ¿eh?), a Soria no se le ha detenido, ni se le ha encarcelado, ni se le ha retirado el pasaporte y hasta puede viajar fuera del territorio nacional; incluso a Panamá.

Sigamos con los titiriteros. En segundo lugar, y más allá de lo personal, el episodio por el que han pasado y siguen pasando Alfonso Lázaro y Raúl García pone más que en entredicho el amparo que el Estado de Derecho nos debe a todos los ciudadanos. A los de la compañía 'Títeres desde Abajo' les ha sido aplicados un abuso de autoridad y una censura impropia de estos tiempos, que se vuelve aún más indignante tras la lectura de su guión. Una lectura, sin embargo, muy esclarecedora, una vez que descubres los peligros intrínsecos al texto.

La obra es presentada por los propios titiriterios como “antipedagógica donde sus personajes cometen actos atroces y violentos, incluso de mal gusto dirían algunos así que quedan ustedes avisados” (sic). En ella salen okupas que arreglan casas abandonadas, gente que tiene perros, gatos y ratas, y que no come carne. Salen grafiteros. Sale gente que habla en esperanto y que rechaza la pareja heteronormativa y patriarcal. Sale una bruja con una bolsa de verduras. Salen artefactos explosivos que resultan ser albóndigas de soja texturizada. Vaya, vaya. Y luego lo de siempre en este tipo de espectáculos carnavalescos: monjas, jueces, policías, golpes, tribunales… Como la vida misma. Las partes de la acusación en latín no tienen desperdicio, en lo que respecta a hacernos una idea de por dónde van los tiros de nuestra democracia, y el hecho de que denuncien, en clave satírica, un montaje policial vuelve muy sospechosa su propia detención.

Varias asociaciones de abogados y de derechos humanos [(Amnistía Internacional, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), IRÍDIA–Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, Rights International Spain (RIS), Behatokia y Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED)] han enviado un comunicado al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU en el que se denuncia al juez Ismael Moreno por la prisión preventiva injusta e injustificada de Alfonso y Raúl, a los que además, una vez en prisión, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aplicó el régimen de excepción de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES). No solo se reprimió con ellos la libertad de expresión sino que se conculcó el Derecho Internacional.

Si los titiriteros Alfonso y Raúl (una de cuyas secuelas ha sido el abandono de su anterior actividad teatral) han sido sometidos a semejante represión, cualquiera puede correr la misma suerte. Cualquiera de quienes escriben, informan, actúan, cantan. Bajo el paraguas de unos artículos del Código Penal relacionados con el terrorismo que, como alertan las organizaciones denunciantes ante Naciones Unidas, pueden ser, y son, utilizados para reprimir derechos como los de expresión, reunión y manifestación. “De hecho”, señalan, “varios organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, han instado al Estado español a que defina el delito de terrorismo de manera restrictiva”. Lo que se suele recomendar a las dictaduras.

Mientras tanto, en España, el Tribunal Supremo archivó la querella por prevaricación contra el juez Moreno. Mientras tanto, Soria y los suyos se abrazan entre ellos. Y aquí no pasa nada.

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