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¿Puede España prescindir ya de la energía nuclear?

Jorge Morales de Labra

Parece que, por fin, la energía se ha colado en la precampaña electoral. Quizás sea porque nuestros políticos han constatado la creciente preocupación social por un desbocado recibo eléctrico que empeora notablemente nuestra calidad de vida y deteriora sensiblemente la competitividad de nuestras empresas. Quizás porque se han dado cuenta de que gran parte del actual crecimiento económico del país se debe a un espejismo: la oportunísima bajada del precio del petróleo que en cualquier momento puede revertirse con efectos devastadores. O quizás porque, además de lo anterior, por primera vez son conscientes de que existe una oportunidad única para cambiar el modelo productivo del país recuperando el liderazgo mundial en energías renovables y avanzando en políticas de eficiencia energética que son el mayor nicho de empleo de calidad con el que pueden contar.

Sea como fuere lo cierto es que una parte del debate se centra en si España puede o no prescindir actualmente de la energía nuclear.

Desde el punto de vista técnico es indiscutible que el cierre inmediato de la totalidad del parque nuclear español  no supondría riesgo alguno para la garantía de suministro eléctrico. En efecto, según datos de Red Eléctrica de España, responsable de calcular los niveles de garantía de suministro, tenemos una sobrecapacidad del 40% en el momento de máxima demanda, lo que equivale a más de 12.000 MW de excedente respecto del nivel recomendable. Sabiendo que el parque nuclear español, excluyendo Garoña, cuenta con 7.400 MW de potencia, es claro que tras el cierre nuclear nuestra sobrecapacidad aún superaría el 20%.

La cuestión, por tanto, se restringe al precio. Hay quien argumenta que el cierre nuclear llevaría a insoportables subidas en el recibo. Los siete grupos nucleares actualmente en funcionamiento producen anualmente unos 57 TWh, que suponen un 22% de la energía eléctrica del país. Recientemente hemos conocido que esta energía se ha retribuido durante los tres últimos años a través del mercado eléctrico a un precio medio de 44 €/MWh. A estos ingresos por mercado hay que añadir otros que, por desgracia, no se detallan, justificados mediante terminología incomprensible para la inmensa mayoría de ciudadanos cual es “banda de regulación secundaria” y “pagos por capacidad”.

No conocemos el precio que los inversores exigirían en este momento a la energía solar en España. El notorio interés de este Gobierno en que no se implante esta tecnología en el país ha impedido que se acometan proyectos de envergadura desde hace más de tres años. No obstante, los últimos datos de los que disponemos de la energía solar a gran escala en países como Estados Unidos o Chile la sitúan a precios del entorno de 60 €/MWh. El cálculo es sencillo: 16 €/MWh de sobrecoste multiplicados por 57 TWh/año nos llevan a un sobrecoste de unos 900 M€ anuales que, sobre los más de 30.000 M€ que supone el recibo eléctrico anual del conjunto de consumidores, supone menos del 3% de éste.

Repite conmigo: sustituir hoy la totalidad de la energía nuclear por solar supondría un incremento máximo del recibo eléctrico del 3%.

Naturalmente el cálculo anterior se basa en la premisa de que se pagara a las nuevas centrales un precio razonable en relación a sus costes y de que el resto del parque generador siguiera ingresando lo mismo que ahora. Esto, que a primera vista puede parecer obvio, no lo es en absoluto en nuestro alocado mercado eléctrico, que consiente obscenas ganancias a algunas tecnologías a la vez que provoca fuertes pérdidas a otras. Es necesario, por tanto, diseñar bien la regulación que promoviera la sustitución si se quiere que ésta tenga los efectos deseados. Entre otros aspectos habría que garantizar que los importantes beneficios que en este momento aportan a las eléctricas sus centrales nucleares no se trasladaran a otras actividades. Es más, haciéndolo bien, el impacto económico podría incluso ser mucho menor debido a que la energía solar, a diferencia de la nuclear, funciona más en las horas en las que el precio de mercado es más caro.

En realidad, el 3% es conservador por dos razones. La más evidente, que los titulares de las centrales nucleares no soportan gran parte de sus costes, particularmente los derivados del riesgo de accidentes y de la gestión a largo plazo de sus residuos radioactivos. Solo con exigir que cubrieran el “agujero” de más de 1.000 M€ acreditado por el Tribunal de Cuentas en la entidad pública encargada de la gestión de residuos y ampliaran desde el vigente año 2085 hasta el año 12.000 —y soy generoso, porque los residuos seguirán siendo peligrosos después de 10.000 años— el periodo de cálculo de la responsabilidad, sus costes se verían incrementados muy por encima del precio actual de la energía solar, que no tiene ninguna de estas “externalidades”.

Pero es que, además, la sustitución no sería inmediata y la energía solar sigue reduciendo día tras día sus costes. Solo en el último año, por ejemplo, han bajado casi un 20% en EEUU según datos del banco de inversión Lazard.

Un último argumento para quienes siguen pensando que el riesgo nuclear persistiría con el cierre de nuestras centrales debido a la proximidad de las francesas: la central más cercana a nuestra frontera (Golfech) se encuentra a 140 km de ésta. Siendo cierto que un accidente nuclear de relevancia podría afectarnos, también lo es que los daños a esta distancia son potencialmente mucho menores. De hecho, la zona más afectada (denominada “de exclusión”) en los accidentes de Chernobil y Fukushima se fijó a 30 km de la central. Justo la existente entre Vandellós y Tarragona o entre Garoña y Vitoria Gasteiz.

Pongámonos, pues, en marcha, para sustituir ordenadamente la energía nuclear por renovables. Además de ser técnicamente viable y socialmente exigible resulta que es económicamente rentable.

Jorge Morales de Labra

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