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Salvador Victoria declara hoy como imputado en el caso Púnica

Salvador Victoria declara hoy como imputado en el caso Púnica

EFE

Madrid —

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El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria declara hoy como imputado ante el juez Eloy Velasco por haber supuestamente beneficiado con contratos públicos a una empresa de reputación “online” del considerado “conseguidor” de la trama Púnica, Alejandro de Pedro.

Victoria ya había sido citado el pasado 25 de junio, pero entonces evitó ser interrogado al alegar nulidad procesal en su citación porque cuando le llamó a declarar el juzgado de Velasco no era competente para ello, ya que aún ostentaba la condición de aforado como consejero y diputado autonómico.

Quién sí compareció ese día, pese a haber podido esgrimir la misma alegación, fue la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, quien a lo largo de casi dos horas de declaración sostuvo que todos los contratos que suscribió con una empresa de De Pedro fueron “legales, fiscalizados e intervenidos sin tacha de ilegalidad”.

En una comparecencia el pasado enero, Victoria negó “rotundamente” haber ordenado al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás, también imputado en esta causa, un pago de 10.000 euros a De Pedro por contratos de reputación “online”.

Nicolás dijo en su día al juez que pidió dinero a la empresa Indra para pagar esos 10.000 euros a De Pedro, un pago que podría corresponderse con trabajos hechos por el empresario para mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico.

Victoria negó que esos trabajos para el partido se financiaran con dinero público y explicó que las empresas de De Pedro -Madiba y Eico- lo que hicieron en base a ese contrato público fue un seguimiento de las informaciones publicadas en las redes sociales y en internet sobre la Comunidad de Madrid, que por “tensiones de tesorería” dejaron de abonarse desde el mes de mayo de 2014.

Las citaciones se enmarcan dentro de las investigaciones, que permanecen secretas, sobre la supuesta trama de corrupción municipal y regional desarticulada en la operación Púnica el pasado octubre consistente, fundamentalmente, en el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

Del medio centenar de detenidos en esa operación permanecen en prisión preventiva los considerados cabecillas de la red -el exconsejero madrileño del PP Francisco Granados y su socio, el empresario David Marjaliza- y la secretaria y “mano derecha” de ese último, Ana María Ramírez.

La secretaria compareció el pasado jueves ante Velasco, tras lo cual regresó a prisión, aunque de su declaración solo trascendió el tiempo que estuvo ante el juez, al igual que ocurrió con los interrogatorios a los que fue sometido a lo largo de tres días su jefe hace un mes.

La declaración de Ramírez se produjo después de que la semana pasada Velasco impusiera una fianza de 100.000 euros al exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, para evitar su ingreso en prisión, que tiene ahora de plazo para pagarla hasta el próximo jueves después de que el juez lo haya prorrogado hoy.

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