El PP no logra quitarse el lastre del expresidente de Murcia
La pesadilla por los casos de corrupción que martillean al PP no va a cesar en otoño. Tras el mal trago de ver a Mariano Rajoy testificando por la trama Gürtel ante la Audiencia Nacional, el partido conservador va a tener que afrontar ver también en el banquillo, pero esta vez como acusado, a otro de sus históricos dirigentes. En este caso al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, sobre el que pesan dos causas de procesamiento: uno por el caso Auditorio, y otro por la trama Púnica.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) desestimó el martes pasado los recursos de apelación interpuestos por Sánchez contra los autos dictados por el magistrado instructor del caso Púnica.
Nada más conocerse la noticia, los tres grupos de la oposición en la Asamblea regional, PSOE, Podemos y Ciudadanos, le exigieron que renunciara a su acta de diputado, que mantiene desde que se vio obligado a dejar la presidencia del Gobierno tras ser imputado por el caso Auditorio, obras realizadas en el Centro Cultural del municipio de Puerto Lumbreras en la etapa en la que Sánchez era alcalde de la localidad. Las exigencias de la oposición han caído de nuevo en saco roto, al menos de momento.
La decisión de despojarle de la presidencia regional la tomó in extremis el PP al comprobar que los grupos parlamentarios estaban dispuestos a desbancarle a través de una moción de censura que dependía del partido naranja, sus socios de legislatura hasta entonces.
EL PP no quiso ir a una inciertas elecciones anticipadas y decidió que Sánchez fuera sustituído por Fernando López Miras, un dirigente de su confianza. Pese a las protestas de los socialistas, Ciudadanos y Podemos, PAS [acróstico con el que se conoce a Sánchez] continuó en su escaño aunque ello ya no le garantiza al cien por cien el aforamiento ya que la Asamblea de Murcia aprobó a finales de abril una reforma del Estatuto para la eliminación de este privilegio político, que está aún pendiente de ser ratificada por las Cortes Generales.
El panorama que se le presenta al exregidor murciano no es muy esperanzador y en Génova lo saben. Las posibilidades de que finalmente alguna de las dos causas sea archivada son muy escasas y todo apunta a que se le abrirá juicio oral en otoño por el caso Auditorio, al que seguiría el de la trama Púnica.
Por este motivo en la dirección nacional sopesan que pasos dar. Los Estatutos del partido establecen que se debe abrir expediente disciplinario a un afiliado “desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial” por un caso de presunta corrupción.
Después del último Congreso Nacional, Génova creó, además, la Oficina de Cargo Popular destinada “a mejorar la lucha contra la corrupción”. A finales del pasado mes de mayo el Comité Ejecutivo Nacional designó a Manuel Cobo para la presidencia de este órgano pero el exdirigente madrileño renunció a los pocos días al cargo por “razones personales”. Desde entonces el puesto sigue vacante aunque lo ocupa de manera provisional la exdiputada del PP, Beatriz Rodríguez Salmones.
La exdiputada reconoce, en conversación con eldiario.es, que de momento la Oficina no puede funcionar porque los Estatutos establecen que deben estar formada por entre tres y cinco dirigentes. Y tras la renuncia de Cobo solo están ella y otro exdiputado del PP, Andrés Ayala. El nombre del sustituto de Cobo depende de Mariano Rajoy pero debe ser formalmente refrendado por el Comité Ejecutivo Nacional, que hasta septiembre no tienen previsto reunirse de nuevo.
PAS fue elegido hace escasamente cuatro meses presidente del PP de Murcia con el 93% de apoyo y sin votos en contra. El propio Mariano Rajoy dio el beneplácito a su reelección pese a saber que sobre él ya recaían graves acusaciones por su implicación en el caso Auditorio. Las posibilidades de que la dirección nacional le obligue a dejar tanto ese cargo como el acta de diputado son altas.
La solución que apuntan fuentes del partido es la creación de una gestora que podría dirigir provisionalmente también Fernando López Miras para unificar en su figura la presidir del Gobierno y del partido hasta nuevas elecciones autonómicas.
Los que no van a esperar hasta entonces son los grupos de la oposición murciana. De momento la ofensiva se dirige solo contra el exregidor murciano con el objetivo de que abandone cuanto ante su acta de diputado.
Rafael González Tovar, portavoz del PSOE, cree que es “vergonzoso” que no deje su escaño tras la imputación por esos dos casos que le colocan “con casi dos pies en el juicio oral”.
El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, ha sido tajante al afirmar que “el presupuesto de la Región no se puede destinar a pagar a presuntos corruptos”.
También el representante de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha pedido su renuncia y ha reclamado irónicamente a “la unidad de quemados del Partido Popular” que aclare a sus afiliados y a todos los murcianos si cuando se le abra juicio oral va a cumplir con sus Estatutos y va a expulsarlo o a permitir que siga cobrando un sueldo público.
