Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Granados pide a la Audiencia Nacional una pulsera de control las 24 horas con tal de salir ya de la cárcel

Granados, Aguirre y Aznar, en un mitin en mayo de 2011. / Flickr de Francisco Granados

Pedro Águeda

Catorce meses después de su ingreso en prisión, el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados quiere salir de la cárcel cuanto antes. Con ese propósito, su defensa acaba de proponer a la Audiencia Nacional que le coloque una pulsera telemática para estar localizado las 24 horas, pero fuera del centro penitenciario de Estremera que él mismo inauguró y en el que permanece desde octubre de 2014.

El abogado de Granados ha recurrido ante la Sala de lo Penal el auto del juez Eloy Velasco que impidió al expolítico recibir el nuevo año en libertad. Su abogado alega que no hay un solo indicio de los riesgos que establece la ley para negar su puesta en libertad provisional, esto es, el de fuga, la destrucción de pruebas o la reincidencia.

“El señor Granados es un conocido político, que ha vivido durante toda su vida en Valdemoro, que ha cosechado una carrera política de muy largo recorrido. Todos sus bienes se encuentran también en España, por lo que en el extranjero no tendría medio de sustento alguno, si sus cuentas bancarias fueran bloqueadas, como así se encuentran en la actualidad”, dice el escrito de la defensa, al que ha tenido acceso eldiario.es.

La defensa de Granados también propone como alternativa la comparecencia diaria en el juzgado de Valdemoro o en la propia Audiencia Nacional o el arresto domiciliario. Su abogado se apoya en que, antes o después, Granados saldrá de la cárcel y el juicio, seguramente, no se habrá celebrado aún. El exconsejero fue detenido el 27 de octubre de 2014 y, según la Ley, no puede permanecer más de dos en prisión preventiva. Su estancia en prisión, escribe el abogado, se ha convertido en “una pena adelantada”.

“No es posible concebir que alguien vaya a abandonar a su familia y sus responsabilidades profesionales por estar inmerso en un proceso penal, máxime teniendo en cuenta que el señor Granados es un personaje público que podría ser fácilmente identificado allá donde fuese”, insiste.

Granados intentó pasar las últimas Navidades en su casa, pero el escrito presentado el 18 de diciembre fue rechazado por el juez diez días más tarde. En la decisión de Velasco pesó el hallazgo de un maletín con más de 900.000 euros en el domicilio de los suegros del que fuera hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre. El registro tuvo lugar tres días después de la solicitud de libertad. Los billetes estaban dentro de una maletín oculto en el altillo de un armario. El matrimonio fue llamado a declarar por el juez Velasco, quien les imputa un delito de blanqueo de capitales por no dar explicaciones convincentes del origen del dinero. La esposa de Granados, Nieves Alarcón, también está imputada en el caso Púnica por el mismo delito.

El abogado de Granados, sin embargo, rebate el riesgo de ocultación de pruebas de Granados. “Parece que durante más de catorce meses en prisión provisional, el Juzgado ha tenido tiempo de sobra para asegurar todas sus fuentes de prueba”, asegura en su escrito.

El último de la 'Púnica' en la cárcel

Al mismo tiempo que denegaba la excarcelación de Granados, el juez Velasco autorizaba el 28 de diciembre la de Marjaliza, siempre que abonara una fianza de 100.000 euros. El imputado presentó una finca como aval, a la que debió sumar más de 11.000 euros de su cuñado, y el 30 de diciembre abandonó la cárcel de Aranjuez. “Resulta más relevante todavía que todos los miembros de la supuesta organización criminal están ya en libertad”, alega el abogado de Granados para conseguir la libertad de su cliente.

La salida de Marjaliza de prisión estuvo precedida de cuatro visitas al juzgado de Eloy Velasco, la última el pasado mes de noviembre. Marjaliza ha decidido colaborar con la justicia y aportar información al instructor sobre los presuntos delitos que investiga. En su relato del pasado verano aparecieron nuevos nombres de políticos que mantienen en vilo al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Según desveló El Español el pasado julio, Marjaliza ha implicado al número 3 de la lista de Cristina Cifuentes, el actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, en un “reparto” de comisiones por adjudicaciones de obra pública. En la confesión de Marjaliza también aparecían mencionados el número 11 de la lista de Cifuentes, Bartolomé González, y una diputada de Ciudadanos, Eva Bórox, por su época de concejal en las listas del PSOE. El exsocio de Granados también ha implicado al socialista Tomás Gómez en el reparto de comisiones por adjudicaciones de vivienda pública en Getafe, la localidad de la que fue alcalde.

El abogado Enrique Molina, que defiende a Granados, insiste en su escrito en que en el auto por el que Velasco envió a la cárcel a su defendido, no concreta, como exige el Tribunal Constitucional para la prisión provisional, los hechos en los que se basa para acusarle de ocho delitos de corrupción, incluido el de liderar una organización criminal.

La “supuesta participación” de Granados en dicha organización, escribe el abogado Molina, “no está ni siquiera determinada más allá de una cuenta en Suiza” a nombre de su defendido. Una cuenta que, por otra parte, añade el letrado, ha sido “reconocida por el señor Granados muchos meses antes de conocer la existencia de las presentes actuaciones”. El expolítico defiende que esa cuenta fue abierta con “un poco de dinero” de su padre y que pasó a ser titular de ella su amigo y socio David Marjaliza porque el banco le exigió que buscara a alguien solvente como condición para poder poder desvincularse de ella.

El hecho de que el juez Velasco decidiera el pasado mes de septiembre dividir la investigación en 12 causas, con la intención de agilizar la instrucción, reafirma a la defensa de Granados en que la supuesta organización criminal que se investigaba en la anterior pieza principal no existe. El letrado se queja de que no sabe en qué piezas debe personarse o de si ya lo ha hecho el juzgado de oficio por él. Una parte de la investigación de la trama Púnica sigue secreta.

Etiquetas
stats