El Gobierno evita de nuevo precisar quién ordenó colocar los camiones que dificultaron la grabación de la entrada de Rajoy a la Audiencia Nacional
El senador de Bildu Jon Iñárritu ha vuelto a preguntar al Gobierno por los camiones colocados el 26 de julio a la entrada de la Audiencia Nacional que dificultaron grabar la entrada de Mariano Rajoy cuando iba a declarar como testigo por el caso Gürtel. Y, de nuevo, el Gobierno lo ha justificado: “Se reitera en la respuesta que le dio a su señoría, registrada el pasado 30 de octubre”.
Esta vez, las preguntas parlamentarias de Iñárritu sobre lo que él llama 'camiongate' eran tres: cuál fue el coste del alquiler de los camiones utilizados, quién dio la orden de que se alquilaran, y si se había usado en alguna otra ocasión esa estrategia para obstaculizar la toma de imágenes.
El pasado octubre, el senador preguntó si era cierto que los camiones fueron alquilados por las Fuerzas de Seguridad, y, como en esta ocasión (“teniendo en cuenta que el Gobierno no ha contestado a las preguntas realizadas”), cuál era su función, cuál fue su coste, quién dio la orden de emplearlos y si se habían usado con anterioridad. También si consideraban que esta maniobra constituía un mal uso del dinero público.
El Ejecutivo se limitó en aquella ocasión a justificar la colocación de esos camiones, eludiendo responder a las demás cuestiones y sin mencionar ni reconocer expresamente su presencia, enmarcándola dentro del dispositivo de seguridad que conllevó el desplazamiento de Rajoy a la Audiencia. Dijeron que formaba parte de “los protocolos habituales de seguridad con el fin de garantizar la misma en el entorno donde debía desarrollarse la intervención del presidente”.
En esta segunda contestación se ciñen a autocitarse y vuelven a no responder sobre el coste, los responsables o el uso de los camiones en el pasado. Fuentes policiales confirmaron el mismo 26 de julio a eldiario.es que los vehículos fueron contratados por las Fuerzas de Seguridad, dependientes del Ministerio de Interior.
Medidas excepcionales
Los camiones dificultaron a los reporteros tener buen tiro de cámara ya que impedían que, salvo las personas que trabajaban en las unidades móviles que estaban en el camino de entrada, alguien pudiera apostarse para tomar fotos: había que salir del perímetro que montó la policía. Aquel día no había más vehículos en dicho perímetro rodeando el edificio de la Audiencia Nacional.
El despliegue de medidas de seguridad fue inusual en la jornada de la declaración de Rajoy, incluso para tratarse de un acto en el que participa el presidente del Gobierno. Los agentes montaron un primer control de seguridad a 300 metros de la puerta de la Audiencia Nacional, donde se registraba las mochilas de los periodistas acreditados. Ya a la entrada de la sede había que atravesar otro control, el habitual para entrar al tribunal, donde las mochilas pasan por un escáner y hay que atravesar un arco detector de metales.
El PP alegó, en su intento de que Rajoy declarase por videoconferencia, que su desplazamiento necesitaba de unas medidas de seguridad extraordinarias. El tribunal se sorprendió de esa com por ser la sede de la Audiencia Nacional un lugar más seguro que los “mercados” a los que Rajoy acude habitualmente durante las campañas electorales.
