La razonable actuación judicial con Oltra
Cuando hayas de sentenciar procura olvidar a los litigantes y acordarte sólo de la causa"
A la vista objetiva de los hechos no se sostiene el relato de que la Justicia ha cometido una fechoría con Mónica Oltra, con intencionalidad política, y bajo la batuta de una acusación de ultraderecha. Es una pena romper un prejuicio o una misión ideológica, pero lo cierto es que la actuación judicial en este caso ha sido adecuada y el funcionamiento del sistema, el que cabía prever. Esta forma de proceso judicial, que es la marcada por la ley, se sucede en miles de casos, todos los días, y no puede defenderse que por tratarse de una política en ejercicio tuviera que ser diferente. El funcionamiento ha sido el normal: se recibe notitia criminis, es decir, el relato de unos hechos que revisten las características de delito, se instruye para ver si hay indicios de la comisión de los hechos y de la autoría y, si no los hay, se archiva, y si los hay, se procesa. Todos los días. Es la normalidad.
Es imposible afirmar que los hechos recogidos ya no en la querella sino en los escritos fiscales no revistieran características de delito y que no hubiera que investigarlos. Si yo les digo que una consejería de la comunidad X ha funcionado de forma que quedara impune un delito de abuso sexual a una menor y que sólo una casualidad, una conversación en la calle, y los más eficaces protocolos de la Policía y la Fiscalía han permitido la condena firme a cinco años de prisión del autor, ya clamarían por que se supiera qué había pasado. Si además les dijera que el abusador era entonces marido de la consejera, no tendrían ninguna duda de que había que conocer toda la verdad. A menos que me convenzan de que esto sólo conmueve si se trata de una consejería y una consejera del partido al que no votan.
Tampoco es cierto que el caso respondiera únicamente al impulso de la ultraderecha, aunque también les digo que si para que se haga justicia actúa Agamenón o su porquero a mí me resulta indiferente. De facto, ya ven, todos aplaudieron que el pseudo sindicato Manos Limpias sentara a Cristina de Borbón en el banquillo, en ese caso acusación fiscal. El caso Oltra recibió los informes acusatorios del fiscal Jaime Cussac –un tipo técnico y nada decantado– y de la fiscal jefe de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, progresista de toda la vida. El juez Vicente Ríos ha hecho un buen trabajo técnico, con unas resoluciones muy bien armadas que rezuman sentido común y buen derecho y que fueron refrendadas por sus superiores. Ríos tampoco es un fantasma franquista de esos que gusta ver; de ser algo es más progresista que conservador y es conocido en Valencia como flagelo del PP, sobre todo por el caso Emarsa. Así que tampoco por ahí podemos buscar la intención aviesa de que una coalición o un partido perdiera las elecciones. Simplemente no es cierto.
Les pueden enredar lo que sea sobre el hecho de la imputación. El propio juez dice en su auto que ha llegado a la conclusión de que no hay indicios para sentar en el banquillo a nadie –porque eso es lo que dice, no que no hubiera punto de partida para investigar– después de oír a todos los implicados y cotejar toda la documentación. El magistrado pone en negrita esos “todos” para dejar claro que esto no era posible sin oír a Mónica Oltra. Ayer en este diario lo explicaba de lujo Lucas Marco. A Oltra sólo la podía oír como investigada. Ningún juez podría llamar como testigo a un querellado ya que eso supondría que no tendría derecho a comparecer con abogado y estaría sin defensa en el procedimiento. Entenderán que Oltra precisaba un abogado, así que sólo cabía imputarla y así lo dije en su día. Desde el punto de vista técnico no hay nada que reprochar, insisto, a menos que no se tenga la menor idea de cómo funciona una instrucción penal. Tampoco ha lugar a conspiranoias basadas en el lawfare por dos cuestiones: la primera, queda dicha, porque no hay operadores jurídicos que lo justifiquen y, la segunda, porque si hubiera sido una injusta guerra judicial lo que hubiera hecho el magistrado hubiera sido encajar a martillazos lo hallado en los tipos penales para sentarles en el banquillo. Nada de eso ha sucedido.
Vayamos a la cuestión política que es la que irrita al personal, es decir, a esa teoría que dice que el forzamiento a la dimisión de Oltra frustró las posibilidades de la izquierda de volver a gobernar en Valencia. Esa es la martingala que se lleva repitiendo desde que se conoció el sobreseimiento. En todo caso, la dimisión de Oltra no es achacable a los jueces. Recordemos incluso que todas las recomendaciones y códigos de partidos sobre dimisiones se redirigen al momento del procesamiento, o sea, a lo que acaba de suceder ahora. De ese modo, si la causa no sigue adelante no hay perjuicio y si se sienta en el banquillo al político, en buena hora debe irse. A Oltra la fuerza a dimitir la presión de los suyos y de sus socios. La posibilidad de que Ximo Puig la cesara, las declaraciones de Joan Ribó y de la consejera Mollà y todos los movimientos de los que pensaban que esa imputación les perjudicaría en un proceso electoral y era insostenible. Me resulta estupefaciente ver ahora posicionarse al entorno de las convergencias como si nada hubiera tenido que ver la propia izquierda con el tema. De facto, últimamente se hace dimitir a la gente hasta sin aparecer en los procedimientos judiciales. A las pruebas me remito.
Decíamos que los jueces no la hicieron dimitir y que podía haber seguido. ¿Debía? A mí me parece que por responsabilidad política no podía seguir en su puesto, no sólo mientras esto se aclarara, sino por una deficiente gestión. Los malos protocolos de actuación frente a casos de abusos, el extraño expediente paralelo, el hecho de que nada funcionara y los abusos estuvieran a un pelo de quedar impunes, todo eso habla de una Consejería que no gestionaba bien el tema de los menores. Fíjense, por oposición, que una simple charla callejera activó a la Policía y a la Fiscalía. En el auto verán que, a pesar de saberlo, en el centro siempre pesa más que la menor mentía en otras cosas que el paso adecuado de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Menores, aunque fuera por si acaso. Un nuevo protocolo se implementó después. La gestión de la política en ese campo no fue gloriosa.
Por último, les recordaré que en el ámbito progresista se ha forzado a dimitir por cuestiones bastante menos sangrantes. A la ministra Montón por supuestos plagios en su trabajo de máster, que nunca se judicializaron; al ministro Huerta por un problema administrativo con Hacienda sucedido 12 años antes sin repercusión judicial; a la ministra González Laya por una acción en nombre del propio Gobierno por la que fue imputada y luego exonerada, como la propia Oltra, y al propio ex ministro Ábalos, cesado, se le pidió el acta sin estar incurso en ningún procedimiento. Díganme ustedes si con estos mimbres puede afirmarse que en aquel momento la dimisión de Otra estaba fuera de lugar, porque entonces lo estuvieron con más motivo muchas de las que nombro arriba y nadie discutió.
Sólo hay una forma de hacer las cosas bien y consiste en analizar con gafas objetivas y conocedoras del Derecho cada caso y posicionarnos en el lado correcto caiga quien caiga, afecte a quien afecte, disguste a quien disguste. No me he pasado 35 años intentando saber algo de todo esto para hacer algo distinto ahora.
La actuación judicial con Mónica Oltra ha sido razonable y adecuada. Nunca he dicho otra cosa.
Ahora que ha sido exonerada tras una investigación judicial con todas las garantías, políticamente que siga su vida, pero no podía hacerse sin llegar al fondo de este asunto. Hasta a ella le convenía.
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