Desde el pasado día 4 y hasta el 15 de mayo se ha lanzado a escala global una campaña para mantener las reservas de petróleo, carbón y gas bajo tierra. Break Free from Fossil Fuels es un movimiento en apoyo a una transición justa hacia las energías limpias. Cumplir con el objetivo fijado en el Acuerdo del Clima de París (contener el aumento de temperatura global del planeta por debajo de los 2ºC, y lo más cerca posible de 1.5ºC) exige dejar de quemar el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles.
En esta lógica de transición energética ya iniciada, y en la que urge poner recursos y esfuerzos, no tiene sentido seguir invirtiendo en prospecciones, proyectos ni técnicas extractivas. Por un lado, supone un despilfarro de recursos: todo lo invertido en energías sucias ralentiza la implantación de las energías limpias y además sigue incrementando el cambio climático, cuya adaptación y mitigación nos cuesta ya muchos miles de millones de euros. Si a esto le añadimos que las empresas que se dedican a este sector cotizan en bolsa en función de sus reservas totales, y no en función de lo que realmente podrán llegar a quemar, nos da como resultado una burbuja económica basada en activos sin valor y que corremos el riesgo de que estalle en cualquier momento. La propia Repsol ha empezado su propio proceso de desinversión deshaciéndose de activos no estratégicos.
A pesar de todo, los gobiernos en vez de dedicar todos los recursos posibles a la transición hacia las energías limpias, siguen financiando y subvencionando estas energías sucias. Según la Agencia Internacional de Energía, los gobiernos están subvencionando 4,5 veces más los combustibles fósiles que las energías renovables (esto incluye la construcción de grandes infraestructuras de transporte o la participación en el accionariado de las empresas de hidrocarburos).
Para denunciar y revertir este trasvase de recursos hacia un sector que debería ir desapareciendo, ha surgido un nuevo movimiento que está cogiendo fuerza en todo el mundo: el de la desinversión. Cientos de inversores de todo tipo (privados, instituciones y fondos de inversión o de pensiones) se han comprometido a sacar cerca de 3 billones de dólares de las empresas de combustibles fósiles. Tal vez el caso más paradigmático sea el de la familia Rockefeller, que vió crecer su fortuna con el nacimiento de la industria del petróleo, y que recientemente ha sacado todas sus inversiones de este sector.
Este movimiento por la desinversión tiene un motivo evidentemente económico: Una gran parte de los activos de las empresas de hidrocarburos son inmovilizados: las reservas de combustibles, de las cuales el 80% no van a poder ser vendidas. Esto es, no van a obtener ningún tipo de beneficio. Sin embargo, la decisión de desinvertir en energías sucias, tiene también una componente ética que no debemos desdeñar: la quema de combustibles fósiles es a día de hoy la principal causa del cambio climático, y por lo tanto responsable directo de la violación de los derechos de millones de personas en todo el mundo. Invertir recursos en aumentar la intensidad del cambio climático en vez de invertir en paliar sus efectos o reducirlo es, además de irresponsable, un despilfarro de recursos. Lo que es doblemente grave cuando hablamos de recursos públicos.
Pongamos algunos ejemplos en Euskadi. Kutxabank, la fusión de lo que eran las cajas públicas posee el 14% de Petronor, además de participaciones en Iberdrola (empresa co-propietaria de Garoña a través de Nuclernor), Enagás y CLH. Además del riesgo financiero que esos activos suponen para sus accionistas, si Kutxabank optara por la desinversión liberaría importantes recursos para financiar la transición a las energías limpias por ejemplo, o a proyectos empresariales con mayor retorno social y ecológico para Euskadi.
El otro caso digno de mención es SHESA (Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi S.A.), 100% pública, perteneciente al Gobierno Vasco, e integrada en el Ente Vasco de Energía. Esta es la empresa que está detrás de la mayoría de permisos que se han pedido en la CAV para la realización de fracking, y que mantiene también participaciones en las comunidades de Castilla y León, o La Rioja. Los intereses de esta empresa pública, van claramente en contra de la voluntad de la ciudadanía que se ha opuesto en multitud de ocasiones a la explotación del gas de esquisto en nuestra tierra. ciudadana.
Ha llegado el momento de activar el debate sobre la desinversión en Euskadi. Miles de particulares, universidades, ayuntamientos, gobiernos regionales, fondos de pensiones y empresas han optado por no apoyar con sus ahorros las energías sucias. ¿Por qué seguir invirtiendo en prospecciones y explotaciones que tienen un futuro incierto, en el momento que la transición hacia las renovables es ya dominante en todo el mundo? La fuerza ciudadana, por un lado con sus gestos particulares, pero también con las exigencias éticas respecto a las inversiones debe ser una de las palancas de cambio en la transición hacia un nuevo modelo productivo en Euskadi, que apostando por las energías limpias genere empleo de calidad.
Rosa Martínez, coportavoz de Equo y exdiputada de Podemos
Aitor Urresti, coordinador de Cambio Climático y Energía de Equo
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